Policía orteguista confisca de manera ilegal camioneta asignada a alcaldesa de Wiwilí

La Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó sin orden judicial una camioneta Toyota Hilux, color blanca, asignada a la alcaldesa de Wiwilí, Jinotega, Reyna Esmeralda Hernández Mairena. El hecho se dio este miércoles, 29 de abril, en la salida de la ciudad cuando el vehículo era conducido por Jorge Zeledón.

Hernández, quien pertenece al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), declaró por vía telefónica a Artículo 66 que los oficiales de la dictadura retuvieron el vehículo y le dijeron al chofer que se lo llevarían porque era parte del embargo ordenado por la juez orteguista Aida Edith López Enríquez. “Hicieron esa acción sin  una orden del juez. El gobierno cree que me hacen un daño, él daño no me lo hacen a mí, sino al pueblo. Por mi parte seguiré haciendo mi trabajo, ya sea a pie o en otro medio de transporte”.

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Según la alcaldesa opositora a la dictadura, esto se hizo luego que 31 trabajadores que laboraron en la administración anterior, a cargo de la alcaldesa orteguista Karla Morales, emitieran una demanda de 16 millones de córdobas en concepto de prestaciones laborales, la cual ganaron y la juez Aída Edith López ordenó el 24 de abril embargar transferencias municipales  y vehículos.

“La alcaldesa (Karla Morales) que estaba antes firmó un convenio  con 31 trabajadores que laboraron en su administración, para que estos cobraran una cantidad millonaria, la cual no se les debe, siendo esto ilegal, porque no lo aprobó el congreso municipal y como la Alcaldía está en malas condiciones porque nos quitaron las transferencias, no hemos podido pagar”.

Teme por su vida

La delegada denunció temer por su vida ante las constantes amenazas y asedio por parte del régimen de Daniel Ortega, ya que tres funcionarios de la Alcaldía han sido asesinados. “Tenemos tres muertos. Primero fue el asesor legal Oscar Herrera, luego Néstor Uriel Araúz, responsable de servicio municipal y Rommel Vega Hernández, este último tiene un mes de haber sido asesinado y su muerte quedó en la impunidad”.

“Le pedimos a los pobladores de Wiwilí a que paguen sus impuestos en tiempo y forma para que podamos continuar adelante y seguir trabajando por el bienestar de todos. Sabemos que lo que hoy hizo la Policía no es como se hace legalmente un embargo, es por eso que exigimos respeto a nuestros derechos humanos, porque estamos seguros que pronto Nicaragua será libre”, concluyó la alcaldesa de Wiwilí.