Después de intentar ocultar la masacre en el Caribe, orteguismo llega a ofrecer reconstruir viviendas a familias indígenas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Policía Nacional negó la masacre ocurrida el 30 de enero de 2020 en la comunidad mayangna Alal, de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. La matanza dejó, según líderes de la zona, seis indígenas asesinados, 16 viviendas quemadas y 10 comunitarios desaparecidos producto de la embestida de un grupo de 80 colonos armados.

Aunque la dictadura intentó minimizar los hechos, líderes comunitarios confirmaron que una comitiva oficialista encabezada por el Ejército de Nicaragua, la Policía orteguista y autoridades del gobierno de Ortega del municipio de Bonanza, como el secretario político del FSLN, Noel Rodríguez Medina, y el alcalde de esa localidad, Alexander Alvarado Lam, llegaron (el domingo, 2 de febrero) hasta la comunidad para sostener una reunión con los comunitarios afectados, a quienes les extendieron «un mensaje de solidaridad» de la pareja de dictadores.

Además, les prometieron reconstruir sus viviendas. Uno de los miembros del Movimiento Social Prilaka, quien pidió no citarlo por temor a represalias, aseguró que a él «no le sorprende que se hayan comprometido a reconstruir las casas y no les hayan dicho cuándo van a comenzar y dar detalles».

Por otro lado, insistió en que «es una estrategia del gobierno para callar a los comunitarios, porque el único objetivo es utilizarlos». Asimismo, señaló que la masacre en la comunidad de Alal fue la que hizo evidente un problema que no de antaño donde las comunidades mayangnas sufren a diario debido a que «los grupos de colonos armados se movilizan y toman los territorios ante la debilidad de seguridad que no propicia el gobierno, es decir, se muevan a vista y paciencia del Ejército y la Policía de la localidad».

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Igualmente, mencionó que la acción del gobierno no es una «decisión que tenga que ver con políticas públicas de largo plazo encaminada a trabajar el saneamiento y el buen manejo de Bosawás, sino que es una estrategia para temporalmente responder una acción que los ha dejado mal parados».

Imágenes del incendio de la comunidad indígena de Alal, en Bonanza, después de un ataque de un escuadrón de más de 80 invasores que le prendieron fuego a las casas, asesinaron al menos a cuatro comunitarios e hirieron a otro número no determinado. #Artículo66 #DerechoAInformar pic.twitter.com/waqAlfaO7T

— Artículo 66 (@Articulo66Nica) February 2, 2020

En un primer comunicado publicado por la Policía el jueves, 30 de enero de 2020, la institución informó sobre el “proceso de investigación” en la comunidad indígena de Alal, en el municipio de Bonanza, del Caribe Norte de Nicaragua, y dio cuenta de la muerte de al menos dos personas.

Menos de 24 horas después la misma institución publicó otro comunicado en el que dicen que ya no hubo asesinados. “La Policía Nacional realizó inspecciones en las comunidades de Alal, Kibusna, Musawas, Imnawas, comprobando que no hay evidencias de personas fallecidas”.

?#LoÚltimo Will Fernández, uno de los comunitarios que recibió un impacto de bala en la cabeza producto del ataque de colonos en la Comunidad Alal, fue trasladado de Bonanza a Managua para ser sometido a una operación quirúrgica. #Artículo66#DerechoAInformar pic.twitter.com/CSn6kp0EZO

— Artículo 66 (@Articulo66Nica) January 31, 2020

Sin embargo, la mañana de este sábado, y después de recibir el repudio de los líderes comunitarios que se mostraron indignados por la negación de la masacre, la institución volvió a sacar la cara con otra versión. «El día de ayer, viernes 31 de enero 2020, se realizó inspección en la comunidad de Wakuruskasna, ubicada a 12 kilómetros al este de la comunidad de Alal, constatando los hallazgos».

Exigen el saneamiento de sus territorios 

Los líderes demandaron al Estado de Nicaragua el saneamiento de sus territorios, es decir, sacar de la localidad a los invasores que están haciendo daño a las comunidades mayangnas con el fin de apropiarse de sus tierras. «No queremos más negociación, no queremos promesas lo que queremos es saneamiento para que nuestros comunitarios vivan tranquilos», señaló el fundador del Movimiento Prilaka.

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Otro de los líderes coincidió con esa exigencia y detalló que «necesitamos que haya una justicia y que inicie un proceso de saneamiento porque están ocupando tierra ilegalmente, que hemos venido denunciado desde 2009, hay sitios sagrados, históricos y conservación que fueron invadidos por los colonos en el territorio Saunas».