Propiedades donadas a la guardia del régimen podrían ser utilizadas para construir nuevas estaciones policiales

Exguerrilleros combatientes nicaragüenses han coincidido en señalar que los terrenos donados para la Policía y el Ejército por orden de Daniel Ortega podrían ser usados para construir estaciones policiales o pequeñas unidades militares. Este jueves, 9 de enero, a través de La Gaceta se dio a conocer que por acuerdo presidencial el Estado repartiría cinco propiedades; de las cuales cuatro fueron «donadas» al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDH), ente que administra las pensiones de los oficiales y una a la institución castrense, aunque no se detalló cuál es el fin.

Para el general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, le es muy curioso el tamaño de las propiedades donadas a ambas instituciones e insistió en remarcar que «no son terrenos con extensiones grandes por lo que podría deducir que podrían ser utilizadas para construir estaciones de policías, ya que entiendo que está contemplada en una parte del Presupuesto General». Asimismo, señaló que en el caso del Ejército podría usarse para albergar pequeñas unidades militares.

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Torres lamentó que ambas instituciones solo respondan a los intereses de la dictadura. «En el caso de la Policía está clarísimo porqué dejó de ser una Policía al servicio de la ciudadanía para convertirse en un cuerpo represor al servicio de los Ortega y Murillo». También remarcó que el Ejército no se queda atrás debido a que se le acusa de «ser cómplice (de la dictadura) por no actuar contra los grupos paramilitares que asesinaron a centenares de nicaragüenses».

La exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, Dora María Téllez, coincidió con lo señalado por Hugo Torres y agregó que «quizás son utilizadas como pagos de una deuda que tenía el gobierno con estas dos instituciones y lo están pagando con eso». A la vez, resaltó que los altos mandos de esas instituciones son aliados y cómplices de las violaciones de lesa humanidad cometidas por el régimen de Daniel Ortega.

Tellez insistió en que no es extraño que el gobierno done propiedades a estos cuerpos armados, pero lo que no considera normal es que no «se dé a conocer cuál es el concepto de la repartición de las propiedades, debe de haber una justificación. Este es el problema, porque estamos hablando de una decisión que no está plenamente justificada».

Para el experto en seguridad y defensa Roberto Cajina, el hecho de la repartición de las cinco propiedades puede responder a un interés para que las instituciones las vendan para subsanar sus ingresos. «En el caso de la Policía a través de ISSDH podría ser que las utilicen para venderlas porque financieramente esta gente está mal; y la del el Ejército podría ser para construir un polígono de práctica o de tiros para los efectivos de la institución».