Régimen de Ortega se ensaña con las mujeres que han participado en protestas en su contra

La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) a través del Observatorio de Derechos Humanos de Nicaragua registró del 8 de junio al 27 de agosto 119 casos de violencia política directamente a mujeres, un país en el que se han reportado 48 femicidios en los primeros nueve meses del 2019, la confiscación de nueve organizaciones lideradas por mujeres por parte de la dictadura y el caso de María Ruiz Briceño, la única presa política que el régimen mantiene secuestrada.

En el documento se señala que la represión contra la participación política de las mujeres y la pérdida de libertades ciudadanas se vienen imponiendo desde hace varios años, sin embargo, destacan que desde abril de 2018, la tiranía de Ortega a través del Ministerio de Gobernación impuso nuevas condiciones para impedir el funcionamiento de las organizaciones civiles hasta el punto que varias ya han cerrado o suspendido sus actividades en todo el país.

Asimismo, contabilizan la confiscación de «nueve sedes de organizaciones civiles y de mujeres fueron asaltadas, intervenidas, confiscadas o robadas por las autoridades; líderes feministas se vieron obligadas a salir al exilio, otras fueron asediadas, secuestradas, detenidas, torturadas, violadas o acusadas penalmente», entre las nueve se encuentra el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), cuya presidenta es la doctora Vilma Núñez.

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De junio a agosto 2019, se han conocido 69 episodios de represión política en 13 de los 17 departamentos del país, centrados en Managua, con el 55% de casos violentos, seguida de León 7.6%, Masaya 6.7%, Matagalpa 5.8%, Estelí 5%, Carazo 4.2%, Rivas y Jinotega 2.5% y Nueva Segovia, Granada, Chinandega y la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN) con 0.8% cada uno.

La mayoría de las mujeres agredidas o detenidas son activistas de organizaciones nacionales que promueven la resistencia cívica y pacífica; otras son familiares de personas que han sufrido represión o profesionales en ejercicio, como abogadas, periodistas o médicas.

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Por otro lado, desde el estallido de la rebelión cívica en abril 2018, las mujeres quienes protestaron en contra del régimen y fueron secuestradas denunciaron amenazas, manoseos, insultos, golpes y violaciones sexuales que ocurren desde el
mismo momento en que son privadas de libertad. «En una oportunidad, una joven relató
que fue violada en la Carretera de Matagalpa a Managua por seis hombres que se
identificaron como de la “Juventud Sandinista”…».

Otro de los casos de violencia a mujeres que se documentan son los «abortos como consecuencias de torturas» por parte de los carceleros de la dictadura. «Desde abril 2018, al menos tres jóvenes embarazadas que fueron secuestradas y encarceladas denunciaron que abortaron luego de las torturas recibidas en la tristemente célebre cárcel El Chipote, en Managua, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial, encargada de interrogar y remitir a juicio a manifestantes pacíficas y desarmadas.

En el documento hacen mención especial del caso de la única presa política María Ruiz Briceño, una joven originaria de Rivas, de 22 años, estudiante de Banca y Finanzas y de Ingeniería Electrónica, en las universidades Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y Nacional de Ingeniería (UNI), que fue secuestrada por la Policía orteguista el 13 de julio, después de participar en un piquete en la Catedral Metropolitana de Managua.

El resto de detenidos junto a ella fueron liberados por ser menores de edad, mientras ella fue acusada por robo agravado y que en la audiencia inicial no contó con abogado para su defensa legal.