Régimen comienza a devolver nueve casas confiscadas a jubilados estadounidenses
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a devolver las nueve viviendas de lujo que confiscó a jubilados estadounidenses en playa Gavilán, en el municipio de Tola, Rivas, sin que hasta ahora haya explicado oficialmente por qué se apropió de las propiedades.
La entrega de las llaves comenzó el miércoles 14 de octubre, cuatro días después de que el medio nicaragüense Confidencial revelara la confiscación de los inmuebles y los bienes que permanecían en su interior.
Una fuente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) confirmó al medio que las viviendas estaban siendo devueltas, aunque no precisó si la medida abarca las nueve propiedades.
«Por el momento solo te puedo decir que las están devolviendo», dijo la fuente gubernamental citada por Confidencial.
Uno de los propietarios consultados por ese medio señaló que durante los últimos días hubo negociaciones. Sin embargo, no confirmó si ya recuperó su vivienda ni si la devolución incluye los muebles, equipos y demás pertenencias que quedaron dentro de las casas.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) había confiscado los inmuebles y posteriormente los donó al INSS. Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones ha comunicado públicamente las razones de esa decisión ni las condiciones bajo las cuales se están restituyendo las propiedades.
De la confiscación a una oferta de alquiler
La ocupación de las viviendas ocurrió a finales de agosto de 2026. En ese momento, únicamente se encontraban en el lugar los vigilantes contratados por los propietarios. Según los testimonios recogidos por Confidencial, varios hombres que se identificaron como funcionarios del INSS les ordenaron abandonar las casas porque estas habían «pasado a manos de la institución».
Desde entonces, personas presuntamente vinculadas al Gobierno vigilaban los inmuebles. La fuente gubernamental consultada por Confidencial aseguró que ya se había ordenado a esos ocupantes retirarse.
Los jubilados estadounidenses también denunciaron que, después de perder sus propiedades, un funcionario de la sede central del INSS, en Managua, les ofreció alquilarles sus propias viviendas por unos 2.000 dólares mensuales.
Los afectados no residen permanentemente en Nicaragua. Habían construido las casas para pasar temporadas de vacaciones, escapar del invierno estadounidense y recibir a familiares y amigos.
Las pérdidas se estiman en 15 millones de dólares
Los propietarios llegaron a Nicaragua durante la década de 2000 y terminaron de construir las viviendas en 2010. Aunque las casas estaban en terrenos estatales, los jubilados tenían derechos sobre las construcciones bajo el régimen de la Ley 690, Ley para el Desarrollo de Zonas Costeras, y pagaban un canon anual de aproximadamente 1.000 dólares a la Alcaldía de Tola.
Según uno de los afectados, la construcción de la vivienda más pequeña costó alrededor de 500.000 dólares, mientras que la más grande requirió una inversión de entre 700.000 y 800.000 dólares.
Al sumar las construcciones, las mejoras realizadas durante 15 años y el mobiliario que quedó dentro de los inmuebles, los propietarios calculan que el perjuicio ronda los 15 millones de dólares.
Las casas estaban equipadas con muebles, electrodomésticos, camas, televisores, equipos de climatización y artículos personales. Algunas también tenían piscina y paneles solares.
La devolución de las viviendas abre ahora interrogantes sobre el alcance de la restitución: los propietarios todavía no han confirmado públicamente si recuperarán todos sus bienes ni si recibirán una respuesta oficial sobre la confiscación.
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