Gabriel Boric y más de 200 figuras de izquierda rechazan al régimen de Ortega y Murillo
El expresidente de Chile Gabriel Boric y más de 200 dirigentes políticos, parlamentarios, defensores de derechos humanos, académicos, intelectuales, artistas y activistas de distintos países firmaron una declaración en la que llaman a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina y del mundo a asumir una posición clara frente a la situación de Nicaragua.
El documento, fechado este 30 de septiembre, cuestiona la concentración del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sostiene que la defensa de la soberanía nicaragüense pasa por garantizar los derechos políticos de la ciudadanía y su capacidad para decidir el futuro del país.
«El exilio de cientos de miles de nicaragüenses, la persecución de quienes piensan distinto y la consolidación de un poder familiar y autoritario no representan los principios de una izquierda democrática», señala la declaración.
Los firmantes recuerdan que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegó al poder en 1979 tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza, en una revolución que, según el documento, reunió a distintas fuerzas alrededor de la democracia, la justicia social, la libertad y la soberanía nacional.
Sin embargo, sostienen que el FSLN se alejó progresivamente de esos principios tras el regreso de Ortega al poder en 2007. La declaración cuestiona la pérdida de independencia de las instituciones electorales, judiciales y políticas y la reducción de los espacios para la competencia política.
Críticas a la represión y al exilio
Los firmantes también recuerdan la represión desatada a partir de las protestas de abril de 2018 que dejaron 355 personas asesinadas, miles de heridos y dio paso a un nuevo ciclo de persecución, encarcelamiento y exilio.
El documento denuncia además el cierre o confiscación de organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación, así como la persecución de movimientos sociales, feministas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes y partidos políticos.
La declaración también cuestiona la pérdida de la nacionalidad de cientos de nicaragüenses y las restricciones que enfrentan miles de ciudadanos dentro y fuera del país.
«La persecución, además, ha trascendido las fronteras nacionales», advierten los firmantes, quienes mencionan asesinatos, vigilancia, amenazas y otras formas de violencia contra nicaragüenses en el exilio.
Cuestionan la concentración familiar del poder
La declaración también vincula las recientes reformas constitucionales con una mayor concentración del poder en Nicaragua.
Los firmantes sostienen que Daniel Ortega y Rosario Murillo institucionalizaron una copresidencia con amplias facultades sobre el Estado y cuestionan el creciente papel de los hijos de la pareja gobernante en posiciones de poder e influencia.
«Un Estado no es plenamente soberano cuando su pueblo no puede expresarse, organizarse, elegir, disentir y participar libremente en la construcción de su destino», señala.
Señalaron que defender los derechos humanos y la democracia en Nicaragua no implica respaldar una intervención extranjera.
«No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro», enfatizan.
Llaman a la izquierda a rechazar a Ortega y Murillo
Uno de los llamados de la declaración está dirigido a las fuerzas de izquierda de América Latina y del mundo, a las que pide no utilizar las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista para justificar la concentración del poder y la persecución política.
«La solidaridad con una revolución nunca puede convertirse en lealtad incondicional hacia quienes alguna vez participaron de ella. La solidaridad debe permanecer con los principios y, sobre todo, con los pueblos», sostienen.
Por ello, los más de 200 firmantes llaman a partidos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, intelectuales y gobiernos a «rechazar el régimen dictatorial y dinástico de Ortega y Murillo», exigir la liberación de las personas presas por razones políticas y reclamar el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos ciudadanos.
«Ninguna potencia extranjera. Ni una familia. Ni un autócrata. Recuperar ese derecho es recuperar la soberanía. Recuperar ese derecho es recuperar la autodeterminación del pueblo de Nicaragua», concluye el documento.
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