«¿Dónde están?»: La CIDH exige a la dictadura la libertad de todos los presos políticos en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) increpó directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y exigió saber dónde están los 22 nicaragüenses sometidos a desaparición forzada en el país.
Durante el 196.° período de sesiones del organismo, la comisionada Rosa María Payá y el comisionado Stuardo Ralón demandaron la entrega inmediata con vida de los desaparecidos y la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua.
«No nos vamos a acostumbrar y vamos a preguntar dónde están hasta que haya respuesta», sentenció el comisionado Ralón durante la audiencia pública, en la que también se exigió a las autoridades nicaragüenses la librecaión de todas las personas presas políticas
La exigencia de la CIDH surgió tras las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes expusieron ante el organismo el patrón de desapariciones forzadas ejecutadas régimen Ortega-Murillo.
Representantes de la Asociación Memoria y Justicia, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Raza e Igualdad expusieron cómo el régimen consolidó la desaparición forzada como una herramienta permanente para sembrar terror y ejercer control social.
«La prisión política y la desaparición forzada han dejado de ser mecanismos excepcionales para convertirse en pilares de la política represiva del régimen Ortega-Murillo», advirtió Alejandra Manavella, representante de CEJIL.
Por su parte, Claudia Pineda, de AMJ, detalló que la estrategia estatal abarca detenciones arbitrarias, torturas, incomunicación, confiscaciones y persecución a los núcleos familiares.
Según los registros presentados, al menos 60 personas continúan encarceladas por razones políticas y 22 permanecen en condición de desaparición forzada.
Yader Valdivia, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó que el aparato estatal perfeccionó sus métodos de ocultamiento mediante la manipulación de la información y la incomunicación prolongada.
«Esta práctica ya no afecta únicamente a opositores o defensores de derechos humanos; hoy cualquier persona puede convertirse en víctima», alertó.
Muertes bajo custodia estatal y captura de familiares
El defensor Salvador Marenco denunció que la letalidad bajo custodia policial ha dejado al menos nueve personas muertas desde 2019.
Entre los fallecidos figura el exdiputado y líder indígena Brooklyn Rivera, quien permaneció 971 días privado de libertad e incomunicado antes de que el régimen confirmara su deceso.
Durante la audiencia, Tininiska Rivera, hija del líder miskitu, desmintió la versión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre supuestas complicaciones de salud y responsabilizó de forma directa a la dictadura.
«Mi padre falleció como consecuencia directa de una situación de riesgo e indefensión creada por la dictadura y a la que estuvo sometido por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mientras lo mantuvo bajo custodia», aseveró Tininiska Rivera.
La joven denunció además que, tras el fallecimiento de su padre, agentes policiales detuvieron a seis familiares y allegados que intentaban recuperar el cadáver. Transcurridos más de 60 días de la captura, se desconoce el paradero, la condición física y la situación legal de este grupo.
En la misma sesión, Thelma Brenes demandó la presentación con vida de su padre, el líder campesino Carlos Brenes, y de la activista Salvadora Martínez, ambos en paradero desconocido desde agosto de 2025.
Brenes condenó el reiterado desacato de Managua ante las resoluciones del Sistema Interamericano.
En representación de la organización Raza e Igualdad, Carlos Quesada solicitó formalmente a la CIDH instar al Estado de Nicaragua a frenar las torturas, transparentar la lista de personas desaparecidas, investigar las muertes bajo tutela estatal y autorizar el ingreso al país de mecanismos internacionales de derechos humanos.
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