Wendy Morales con más control institucional: Procuraduría asume el mando de la DGI y de Aduanas

La Procuraduría General de Justicia asumió el control de la Dirección General de Impuestos (DGI) y de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) en Nicaragua, una decisión que aún no se hace oficial por parte del régimen sandinista, pero que varios afectados han confirmado a medios independientes como Confidencial.

Esa instancia controlará la DGI y la DGA, dependencias en las que estaba al frente Francisco José Baltodano Díaz, quien dirigía la Fiscalización en la DGI.

Confidencial aseguró que tantos empresarios como personal de la DGI y la DGA les informaron sobre estas nuevas competencias que asumió la Procuraduría General de Justicia, un organismo que desde la reforma constitucional de 2025 ha ido sumando roles de diversos entes del Estado hasta convertir a Wendy Morales en una súperprocuradora.

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Destaca el medio que la llegada de Morales a esas dos instancias devino en despidos de funcionarios y renuncias forzadas de quienes estaban en ambas oficinas, que se encargan de la recaudación de impuestos del Estado, considerados confiscatorios para el sector privado.

Qué competencias tiene la Procuraduría de Justicia

La reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que se publicó en La Gaceta número 161 el 28 de agosto de 2025 puso bajo esta instancia el Ministerio Público o Fiscalía, así como la acción penal en delitos como la corrupción, el lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

A su vez defiende al Estado, que era el objeto de la antigua Procuraduría General de la República. Maneja también los registros y notarías del país; es decir, los bienes inmuebles, públicos y privados; controla el Sistema Nacional de Registros (SINARE); la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos; así como el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo.

La ley de agosto de 2025 le daba 30 competencias directas y una última, la 31 que reza: «otras atribuciones que las leyes le confieran».

En lo que va de 2026 ha asumido también la administración de los bienes municipales. Esto, después de que el pasado mes de marzo se informara una reforma del artículo 5 de la Ley aprobada meses atrás.

«Todo el patrimonio, bienes muebles e inmuebles, derechos, activos y demás recursos que, a la fecha pertenezcan a la Carrera Administrativa Municipal y a la Dirección General de Carrera Administrativa Municipal, se considerarán propiedad del Estado y serán administrados por la Procuraduría General de Justicia», añadieron al reformado artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría.

Bienes municipales y minas, añadidos en 2026

Por si fuese poco, también está bajo su poder la Dirección General de Minas, una competencia que los diputados serviles de la Asamblea Nacional le entregaron en febrero de este año.

La normativa estableció que la Dirección General de Minas dejó de depender del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y pasa a estar adscrita a la Procuraduría, lo que coloca bajo esa entidad la administración del sistema de concesiones y la negociación de los contratos mineros. Esto a pesar de que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) la sancionó en 2022.

Confidencial afirmó que una fuente afirmó que la defenestración de Baltodano Díaz estaría relacionada con transacciones a cuentas a su nombre que no pudo justificar.

Al confiarle todas estas atribuciones a la Procuraduría, el régimen solo confirma la concentración casi absoluta del poder a la Presidencia de la República, única instancia a la que responde Morales y su séquito en las diferentes instancias a las que ha ido sumando desde hace casi un año.