Organismos internacionales presionan en la OEA por el «restablecimiento del Estado de derecho» en Nicaragua
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, se reunió este 23 de junio con miembros del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en el marco de la 56 Asamblea General de la OEA, que se celebra en Panamá hasta este miércoles 24 de junio.
En la cuenta de X de la CIDH destacaron que durante el encuentro «abordaron los desafíos para restablecer el Estado de derecho y poner fin a la represión en el país, así como el rol de cada institución para impulsar este proceso».
Por el GRHEN estuvieron Jan-Michael Simon y Ariela Peralta, mientras que desde la CIDH también participó la comisionada Rosa María Payá.
El último informe del GHREN sobre Nicaragua
Los expertos de la ONU publicaron un reciente informe en el que denunciaron cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo usa la violencia de género como un arma de control y humillación. Destacaron en él la disolución de organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente las dedicadas a las mujeres y la población LGBTIQ+.
El documento destaca que estas cancelaciones han «afectado de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, en particular a quienes dependían de esos servicios frente a la violencia de género, la pobreza, la exclusión o el despojo territorial. La cancelación de estas organizaciones destruyó las redes de cuidado y asistencia que sostenían la vida diaria de muchas comunidades».
Pese a los llamados y registros, tanto de la CIDH como del GHREN, el régimen nicaragüense ha afianzado desde el año 2018 el control sobre la sociedad nicaragüense con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, la expulsión del país de más de 400 personas, entre ellas dirigentes políticos, líderes de la Iglesia católica, seminaristas, sacerdotes, laicos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Qué pasa en Nicaragua
El GHREN identificó varias fases de represión. La última desde 2023 ha incluido a miembros del alto gobierno a los que como los disidentes o adversarios políticos del sandinismo han sido víctimas de las violaciones al debido proceso después de su encarcelamiento.
En el caso de las mujeres dijeron hace una semana que «la detención arbitraria de mujeres opositoras o percibidas como tales sometidas a procesos sin garantías, incomunicación, cargos infundados y estigmatización basada en roles de género. Algunas de ellas sufrieron desaparición forzada durante semanas, meses o más de un año».
La CIDH condenó recientemente la muerte bajo custodia del Estado del líder indígena miskitu y fundador del partido YATAMA, Brooklyn Rivera, quien murió después de que la dictadura lo mantuvo 970 días en desaparición forzada.
Lo presentaron el 27 de mayo en un estado de salud crítico. Sin poder valerse por sí mismo, con un respirador artificial y una sonda nasogástrica para alimentarse. El domingo 31 de mayo, después de que medios independientes informaron sobre su deceso, el régimen anunció oficialmente su muerte. Su funeral fue controlado por órdenes de Ortega y Murillo.
Además, detuvieron a seis miembros de su grupo familiar que reclamaron la entrega del cuerpo. Una semana después lo hicieron con allegados de Rivera, a quienes detuvieron y como el resto mantienen en desaparición forzada, al acusarlos de alertar a Wailandin Rivera Solórzano sobre una orden para apresarlo.
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