Organismos internacionales condenan la violencia oficial contra la libertad de expresión y prensa en Nicaragua

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Asociación de Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), y la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX-ALAC), a través de un informe condenaron al régimen de Ortega por no adoptar más del 70% de recomendaciones sobre la libertad de expresión realizadas durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en Ginebra, Suiza.

Los organismos presentaron 259 recomendaciones al Estado de Nicaragua, sin embargo, en el informe detallan que 48 están orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. De estas solamente fueron aceptadas 14, lo que equivale a un 29 %.

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En el informe se condena «la indolencia y la gravedad de la represión en contra de periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua desatados desde abril de 2018, condenamos las agresiones sufridas, que se mantienen en la impunidad». Por tal razón, llaman al Estado a cumplir las recomendaciones aceptadas, entre ellas «realizar
investigaciones exhaustivas de todos los actos de violencia contra periodistas y
medios de comunicación independiente», en el que hacen énfasis en que los verdaderos autores del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona rindan cuentas ante la justicia.

Por otro lado, condenan que el régimen de Ortega hasta la fecha se rehúse a la devolución
los medios de comunicación que todavía permanecen confiscados por la Policía orteguista: Canal 100 % Noticias y las redacciones de Confidencial, y los programas Esta Semana y Esta Noche.

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Asimismo, rechazan las campañas de calumnias y difamación promovidas contra
periodistas, y medios de comunicación que exponen sus vidas e integridad personal. En el informe también demandan el uso excesivo del poder del régimen ante el manejo de instituciones tales como la Dirección General de Aduanas, para restringir la libertad de prensa. Aduanas ha retenido por más de un año el papel y otros insumos a los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa.

El informe finaliza demandando al régimen de Ortega «el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión
y el derecho a la información, así también la reanudación del diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como única alternativa para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis que atraviesa el país, e insta
permitir el retorno de los órganos internacionales encargados de la vigilancia y protección de los derechos humanos.