Nicaragua estará en el foco de la asamblea general de la OEA a celebrarse en Panamá

La quincuagésima sexta asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se celebrará en Panamá en pocos menos de un mes, entre el 22 y 24 de junio, en coincidencia con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que en 1826 convocó Simón Bolívar para celebrar la unión de los países de la región.

Sin embargo, con gobiernos dispares y un grupo de ellos en sintonía con las demandas del estadounidense Donald Trump, se espera que el comité organizador de la asamblea incluya «la situación de Nicaragua» como uno de los puntos principales de esta reunión.

Formalmente ha sido una petición que hicieron Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica, países con los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene relaciones, por mera formalidad y no por afinidad ideológica. Que Costa Rica aparezca en la petición es una especie de sorpresa, en especial porque la nueva presidenta Laura Fernández invitó al canciller de la dictadura, Valdrack Jaentschke, a la toma de posesión que se realizó a principios de mayo.

A pesar de eso, este país que ha acogido a miles de nicaragüenses después de la rebelión ciudadana de abril de 2018, fue uno de los que introdujo la solicitud a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Lo hicieron el pasado 21 de mayo, un mes antes de la reunión de los países.

Lee también: Oposición nicaragüense agradece a la OEA retomar la crisis del país y advierte sobre avance del autoritarismo

Nicaragua salió de la OEA en 2023

Nicaragua no es miembro oficial de la OEA desde 2023 cuando el clan Ortega-Murillo, siguiendo el ejemplo de Venezuela de varios años atrás, abandonó la organización hemisférica. Se produjo dos años después de que Ortega y Murillo introdujeran la petición formal de retirarse del foro por la abierta crítica a los cuestionados comicios presidenciales de 2021 en los que Ortega fue reelegido para un nuevo periodo.

En la 51 Asamblea General los países, por mayoría, criticaron la permanencia del dictador tras unos comicios en los que no tuvo competencia después de decidir detener a todos los precandidatos opositores que intentaron postularse a la presidencia. La conclusión fue que las presidenciales «no tenían legitimidad democrática» porque «no fueron libres, justas ni transparentes».

Pese a ello, los países recordaron que Nicaragua tenía obligaciones con el sistema interamericano de derechos humanos pese a su salida que se oficializó el 19 de noviembre de 2023.

En esta oportunidad, tras lo sucedido en Venezuela el 3 de enero pasado, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con una operación relámpago, más las presiones hacia Cuba para forzar una salida del régimen castrista, los dictadores nicaragüenses están más aislados, solos y sin el respaldo de sus socios ideológicos en América Latina.

Esperan sea parte de la agenda oficial en Panamá

La iniciativa de que se debata la situación del país la hizo la misión permanente de Canadá ante la OEA, que además actuó como representante de Argentina, Chile y Costa Rica. Expresamente buscan que se discuta sobre las graves violaciones a los derechos humanos, la crisis política y cómo aún el régimen mantiene a personas privadas de libertad por razones políticas.

El propósito es que sea un punto dentro de la agenda; es decir, que sea formalmente un tema de discusión en el que los países debaten sobre lo que ocurre en la nación centroamericana.

En la OEA había el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, creado en 2018, que componían 12 países de la región: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Sin embargo, ese grupo se disolvió después de concretarse su salida de la organización y en su lugar hay un grupo voluntario.

Ortega y Murillo ignoran a la OEA y la CIDH

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) existe el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) en el que se han documentado las violaciones a las garantías fundamentales de la población.

Aunque este grupo pudo visitar el país por invitación del régimen durante las protestas de 2018, los mismos dictadores decidieron expulsarlos seis meses después de instalarse en Managua, aunque eso no ha detenido su labor.

En esa visita, ninguna de las 15 recomendaciones que se hicieron como parte de las medidas preliminares y la evaluación en el terreno se hicieron.

El pasado 26 de febrero durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA se aprobó una resolución en contra de los dictadores nicaragüenses. En ella condenaron las violaciones a los derechos humanos en el país, la represión, el desmantelamiento de la sociedad civil y otras formas de hostigamiento a la disidencia.

Canadá, uno de los abiertos críticos al régimen, señaló en ese momento que «Nicaragua permanece bajo un estado policial caracterizado por el control, la vigilancia y la represión estatal en contra de cualquier persona percibida como opositora». Argentina se pronunció en la misma línea al decir que aún estaba vigente una maquinaria represiva, mientras que Costa Rica abogó por mantener una ventana abierta para el diálogo constructivo con el régimen.

Chile, a pesar de que en ese momento tenía un gobierno de izquierdas que ya había calificado a Nicolás Maduro y su reelección de 2024 como fraudulenta, insistió en que mantenían la posición de condenar al régimen por las violaciones a los derechos humanos.