A ocho años de abril, Téllez afirma que el régimen «no ha levantado cabeza» pese al estado de terror

Al cumplirse ocho años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, la historiadora y ex carcelada política Dora María Téllez analizó la crisis actual del país, sosteniendo que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo atraviesa su periodo de mayor fragilidad.

Según Téllez, la persistencia del control policial, la represión y el hostigamiento contra cualquier posible disidencia no ha logrado estabilizar al Ejecutivo, al que califica como una estructura en declive.

«Esta es una dictadura que no ha levantado cabeza desde el 2018 ni va a levantar cabeza, que va hundiéndose y su única alternativa, su único camino es devolver las libertades al pueblo nicaragüense», afirmó Téllez.

La analista destacó que, pese al «estado de terror» y la «represión transnacional» advertida recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el oficialismo no ha recuperado la legitimidad ni la viabilidad económica.

El golpe a la «columna vertebral» económica

Para Téllez, el debilitamiento más significativo en lo que va de 2026 es la tanda de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de funcionarios y empresas aliadas del régimen en el sector minero.

La analista recordó que la familia presidencial ha sustituido su antiguo control sobre el mercado de hidrocarburos por el negocio del oro, mediante una «trama empresarial de lavado de dinero» que utiliza empresas de maletín y concesiones otorgadas a compañías chinas.

Las últimas sanciones alcanzaron a Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial, además de cinco funcionarios y abogados señalados de operar esta estructura.

Mientras que las entidades sancionadas vinculadas al régimen nicaragüense son Exportadora de Metales S.A. (EMSA), Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa), Santa Rita Mining Company S.A., Thomas Metal S.A., Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A., y Brother Metal S.A. Todas acusadas de participar en la confiscación de activos estadounidenses y financiar operaciones políticas.

Téllez explicó que la acción de Washington busca desarticular las finanzas de la familia presidencial. «El Departamento del Tesoro ha golpeado esta columna vertebral de las empresas de los Ortega Murillo para recordarle que no hay olvido».

Según su análisis, el esquema minero operaba con un fin ilícito que fue detectado por las autoridades federales: «Claramente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha señalado lavado de activos y lavado de dinero a través de los negocios del oro», subrayó.

Represión y crisis de inversión

La analista también vinculó la reciente sanción contra el viceministro del Interior, Luis Cañas -señalado como encargado de la represión migratoria y la cancelación de organizaciones civiles-, con un mensaje de cero tolerancia internacional.

Téllez advirtió que todo este panorama, sumado a la inestabilidad económica del país política ha provocado un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Como un ejemplo de esta crisis, citó el cierre de zonas francas que ha dejado a unos 40,000 trabajadores en el desempleo en los últimos cuatro años.

«Nadie cree en que el régimen Ortega Murillo pueda asegurar las inversiones de otros países y entonces eso causa desempleo en Nicaragua», sentenció, añadiendo que la falta de garantías a la propiedad privada impide cualquier intento de recuperación económica.

Presos políticos y desaparecidos: la herida abierta

Finalmente, Téllez recordó que la crisis de derechos humanos sigue vigente con 47 personas identificadas como presos políticos, entre ellos tres mujeres y 14 adultos mayores.

Denunció particularmente la situación de desaparición forzada en la que se encuentra el líder indígena Brooklyn Rivera.

«Vamos a seguir demandando la liberación incondicional de presas y presos políticos como primer paso para el retorno de las libertades completas», dijo Téllez, enfatizando que las demandas de justicia por los más de 350 asesinados en 2018 siguen siendo el eje central de la resistencia nicaragüense.