GHREN denuncia en la ONU la financiación encubierta de la dictadura para reprimir a nicaragüenses

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó este lunes, 16 de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su último informe sobre las masivas violaciones de las garantías fundamentales contra la población nicaragüense por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su presentación, el presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, destacó cómo «la corrupción financia el aparato represivo del Estado». Recordó que tienen en su poder documentos como registros financieros, estados de cuenta y correos electrónicos, entre otras pruebas, en las que se demuestra el desvío de fondos de asistencia social que se usaron para pagar grupos paraestatales que reprimieron a los manifestantes en las masivas protestas del año 2018.

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Añadió que son «documentos que hemos visto dan testigo de la conexión funcional entre la estructura del partido sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, incluso de asistencia social, su encubrimiento contable y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua».

El documento reveló que Rosario Murillo ordenó al operador político y secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, dirigir, financiar y darle la logística a estos grupos, con recursos que exigieron a los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alcaldías y ministerios.

La operación represiva en Nicaragua

En específico, en 2018 Moreno encabezó una reunión política para bajar líneas sobre cómo tendrían que destinar los recursos públicos de esas dependencias para financiar la represión. Bajo la llamada «Operación Limpieza» que los ayuntamientos decían que era para labores de ornato, se usó dinero para reprimir las manifestaciones de calle.

El informe también mencionó la participación de Moreno y del ahora cocanciller, Valdrack Jaentschke Whitaker, que usaron consulados y embajadas de Nicaragua en el mundo también para perseguir, amenazar y hostigar a nicaragüenses forzados al exilio.

«La documentación en nuestra custodia, esto es registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos, todo apunta a que en Nicaragua la corrupción no es solo producto de la codicia, es mucho más que eso. Es una herramienta institucional de financiación encubierta para cometer graves violaciones de los derechos humanos contra parte considerable de la población», resaltó Simon.

Instó al régimen de Ortega-Murillo a tomar acciones inmediatas e incondicionales para la restauración plena de las garantías a la población, cumpla con sus obligaciones internacionales y que desmantele «la arquitectura de la represión», así como a la liberación de personas presas por razones políticas.

Otras violaciones a los DD. HH. a nicaragüenses

También habló de la privación ilegítima de la nacionalidad de cientos de nicaragüenses, a las miles que quedaron fuera de la protección del Estado y las «han eliminado de los registros civiles, quitándole así su nacionalidad efectiva», destacó el jefe del GHREN.

Mencionó a familiares de exiliados que han sido objeto de acoso, hostigamiento, confiscación arbitraria de bienes y prohibición de salida del país.

«Han fomentado un clima general de miedo fuera y dentro del país y han dado a lugar a la autocensura y al aislamiento social de los nicaragüenses», resaltó.

Simon pidió acceso al país de organizaciones internacionales de defensoras de derechos humanos para garantizar el retorno seguro de miles de nicaragüenses en el exilio.

«La situación de Nicaragua exige solidaridad y una acción decidida por parte de la comunidad internacional. Nuestro informe incluye una serie de recomendaciones para apoyarles en este camino. Reafirmo hoy el compromiso del GHREN a seguir investigando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y reitero nuestra plena decisión de viajar a Nicaragua para restaurar los derechos humanos, la democracia, así como la búsqueda de la verdad, el respeto y la justicia», añadió Simon.

En la sesión del Consejo no participó ninguna representación de la dictadura Ortega-Murillo, por lo que dieron paso a dirigir preguntas a los expertos.