Tras la presentación del cuarto informe del GHREN sobre Nicaragua, ¿Qué viene ahora?

La publicación del cuarto informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) abre una nueva etapa de presión internacional sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Tras la difusión del documento, el siguiente paso será evaluar si el Estado nicaragüense adopta cambios en materia de derechos humanos o si, por el contrario, se intensifican las medidas internacionales para exigir rendición de cuentas.

Como acción más inmediata, el reporte será presentado formalmente este próximo 16 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Este paso es fundamental, ya que permite evaluar, documentar y visibilizar la situación de los derechos humanos ante la comunidad internacional y garantizar la cooperación para señalar la responsabilidad de individuos o Estados en crímenes graves, dijo Reed Brody, durante la rueda de prensa.

«Por ahora lo que hay es que estar vigilantes de en qué medida el gobierno de Nicaragua dará los pasos necesarios para cambiar la situación de derechos humanos».

El experto adelantó que el próximo mes de septiembre se evaluará nuevamente el panorama. Si no se registran avances, el GHREN prevé endurecer sus recomendaciones y pedir a los organismos internacionales medidas más contundentes.

Más presión internacional

Según Brody, la paciencia de la comunidad internacional frente a la crisis nicaragüense se está agotando. Aunque ya existen sanciones contra funcionarios del gobierno y cierto aislamiento diplomático, el grupo considera que las respuestas todavía «no están a la altura de la situación del país».

Uno de los pasos concretos planteados es que algún Estado lleve a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por incumplir la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

El informe concluye que la pareja presidencial, junto con altos funcionarios, serían responsables de violaciones sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Además, describe cómo el Gobierno consolidó un aparato de poder que fusiona las instituciones estatales con las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Esta maquinaria, financiada mediante el desvío de más de 5 millones de dólares de fondos públicos, se utiliza para ejecutar la persecución política tanto dentro como fuera de las fronteras de Nicaragua.

«Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio forzado de quienes permanecen en el país, pero el gobierno también quiere silenciar a quienes están en el extranjero», alertó.

Persecución transnacional

Los expertos también documentaron una arquitectura de vigilancia que incluye al Ejército, la Policía y misiones diplomáticas para monitorear a nicaragüenses en el exilio.

Se detalla que al menos 452 personas han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad y miles más se encuentran en apatridia de facto.

Los expertos insistieron en que dada la magnitud y la duración de las violaciones de derechos humanos en el país, cuanto más se retrase la acción internacional, mayor será el desafío para restablecer la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.

«En el mundo de impunidad que hemos vivido hoy se olvida muchas veces a Nicaragua y el olvido es amigo de las dictaduras y la represión», advirtió Brody.