ONU alerta sobre el aumento de la persecución contra quienes amenazan el poder de Rosario Murillo
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), alertó este martes, 10 de marzo, sobre una ampliación sostenida de las víctimas de la represión estatal en Nicaragua, que ya no se limita a opositores visibles sino quealcanza también a integrantes del aparato estatal y a sandinistas considerados incómodos para la sucesión de Rosario Murillo.
Según el nuevo informe presentado por el mecanismo internacional, el patrón represivo del Gobierno ha evolucionado desde 2018, ampliando gradualmente el perfil de las víctimas con el objetivo de reforzar el control político del país.
«Las violaciones de los derechos humanos y los delitos han afectado a un número cada vez mayor de víctimas, ya que el Gobierno ha ampliado aún más sus patrones de victimización para consolidar su dominio», señala el documento.
De manifestantes a una red amplia de perseguidos
El informe explica que la primera fase de la represión se centró principalmente en quienes encabezaban o apoyaban las protestas sociales iniciadas en 2018.
«Al inicio de la primera fase de represión, las autoridades se centraron en los manifestantes especialmente en aquellos que desempeñaban un papel destacado y en las personas que prestaban apoyo logístico, humanitario, jurídico o de otro tipo», detalla el texto.
Con el paso del tiempo, la persecución se extendió a otros actores de la sociedad. Entre ellos figuran defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, estudiantes, abogados y figuras públicas críticas del Gobierno.
«El Estado pronto amplió el número de víctimas, al apuntar a defensores de los derechos humanos, feministas, activistas, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, abogados, estudiantes, simpatizantes de la oposición y sandinistas disidentes», indica el informe.
El documento subraya que el elemento común entre las personas afectadas es su percepción como opositores al Ejecutivo. «El denominador común entre las víctimas era que eran opositores al Gobierno o eran percibidos como tales».
Represión dentro del aparato estatal
Uno de los elementos más sensibles del informe es la constatación de que la represión se ha extendido al interior del propio sistema de poder.
«Las autoridades también han ampliado la victimización dentro del aparato estatal y las filas sandinistas, atacando cada vez más a personas percibidas como una amenaza para la consolidación del poder de la señora Rosario Murillo, en caso de una posible incapacidad de Daniel Ortega», señala el documento.
El informe precisa que entre los sectores afectados figuran miembros del poder judicial, funcionarios públicos y oficiales activos o retirados de las fuerzas armadas. Para los expertos, este patrón revela una estrategia orientada a prevenir posibles fracturas internas o alternativas de poder dentro del propio sistema político.
«Los patrones de violaciones y los perfiles de las víctimas documentados por el Grupo revelan un objetivo claro: la determinación de los Copresidentes de controlar el Estado y la población, tanto en el país como en el extranjero, para impedir cualquier sustitución del Gobierno, especialmente desde dentro».
El reporte también advierte sobre el aumento de lo que denomina «violaciones por asociación», que afectan a familiares de opositores. «El número de familiares que han sido víctimas de «violaciones por asociación» (…) ha seguido aumentando de forma vertiginosa», sostiene el documento.
Además, la represión se ha extendido más allá de las fronteras del país. «Las autoridades han intensificado drásticamente las violaciones dirigidas contra nicaragüenses en el extranjero en ocasiones únicamente por publicaciones en las redes sociales en las que se cuestionaba al Gobierno».
Represión a sectores sociales
El mecanismo de la ONU también recordó el endurecimiento de las medidas represivas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, un patrón que podría repetirse el próximo año cuando están previstas las elecciones presidenciales y legislativas.
«Antes de las elecciones presidenciales de 2021, el Estado se centró en detener y procesar a las principales figuras de la oposición, activistas políticos y antiguos sandinistas, así como a periodistas y académicos, para impedir la difusión de información independiente».
Posteriormente, el alcance de la persecución se extendió a nuevos sectores sociales: «En 2022, la victimización se amplió para abarcar otras voces críticas, como líderes de la Iglesia católica, empresarios, familiares de opositores reales o percibidos como tales y personas que exigían justicia».
Desde 2023, los expertos también documentaron ataques contra comunidades con capacidad de movilización social, como estudiantes universitarios, docentes, campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes y miembros de iglesias cristianas.
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