Organismo acusa a Rosario Murillo de dirigir represión contra mujeres y exige liberar a presas políticas
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, un organismo nicaragüense dedicado a denunciar violaciones de derechos humanos, demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de las mujeres presas políticas y el restablecimiento de garantías fundamentales en el país.
En un pronunciamiento difundido en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, la organización aseguró que Nicaragua vive bajo «una tiranía codirigida por Rosario Murillo», a quien responsabiliza de ejecutar una persecución contra mujeres opositoras.
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«El régimen debe liberar a las presas políticas, garantizar una vida libre de cualquier forma de violencia, poner fin a la desigualdad económica y abandonar el poder», expresó el organismo en su declaración.
El centro también señaló que las decisiones adoptadas por el Gobierno «perpetúan la violencia de género», al tiempo que denunció una política de persecución contra mujeres críticas del Gobierno.
Tres mujeres entre los presos políticos
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, en su actualización más reciente del 26 de febrero de 2026, en el país se contabilizan 46 personas encarceladas por motivos políticos, entre ellas tres mujeres.
Uno de los casos es el de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, de 39 años, cuyo paradero continúa desconocido desde mayo de 2024. La mujer es esposa del exjefe del Ejército nicaragüense Humberto Ortega.
Su desaparición ocurrió después de que agentes del régimen allanaran la vivienda de la pareja en Managua, tras una entrevista en la que el exmilitar cuestionó la ausencia de una sucesión democrática en el poder.
Meses después, el 30 de septiembre de ese mismo año, el Gobierno informó la muerte de Humberto Ortega en el Hospital Militar. Desde entonces no se ha informado oficialmente dónde se encuentra Chavarría Altamirano ni cuál es su situación.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares en enero de 2025, las autoridades nicaragüenses no han confirmado su ubicación ni su estado.
Otra de las mujeres privadas de libertad es Nancy Elizabeth Henríquez James, de 63 años, dirigente indígena originaria de Puerto Cabezas y vinculada al movimiento político indígena Yatama.
Henríquez fue arrestada el 1 de octubre de 2023 por agentes policiales encubiertos en Managua. Posteriormente se confirmó que estaba recluida en el penal de mujeres conocido como La Esperanza, en Tipitapa, donde fue sometida a un juicio sin defensa legal. El régimen la condenó a ocho años de prisión acusándola de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas».
El tercer caso corresponde a Salvadora del Socorro Martínez Aburto, de 68 años, originaria de Jinotepe, departamento de Carazo. Según registros del mecanismo de monitoreo, la mujer fue detenida el 14 de agosto de 2025 y desde entonces permanece desaparecida.
La mujer fue detenida por agentes de la Policía del régimen orteguista durante un operativo sin orden judicial en una finca ubicada entre Masatepe y Jinotepe. Los oficiales también se llevaron a su esposo, el coronel en retiro Carlos Brenes. A partir de ese momento, ambos fueron sumados a la lista de personas en condición de desaparición forzada
Llamado en el 8M
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos afirmó que la situación de estas mujeres refleja el impacto de la represión política en Nicaragua.
«En el Día Internacional de la Mujer el régimen debe liberar a las presas políticas y garantizar una vida libre de violencia porque sus decisiones perpetúan la violencia de género», insistió el organismo en su pronunciamiento.
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