Costa Rica exige a Nicaragua mayor vigilancia en el Río San Juan ante avance de minería ilegal

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, solicitó formalmente a la Cancillería de su país que gestione ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo un incremento en la vigilancia sobre el Río San Juan, ante lo que considera un auge del crimen organizado vinculado a la minería ilegal en la zona fronteriza.
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La petición fue dirigida al canciller costarricense Arnoldo André Tinoco, a quien Zamora pidió interponer sus «buenos oficios» ante el Gobierno de Nicaragua para reforzar los patrullajes en el margen nicaragüense del río.
«Me suscribo a efectos de solicitar que la Cancillería de nuestro país, interponga sus buenos oficios ante el Gobierno de la República de Nicaragua, con el propósito de solicitar que en el río San Juan se incrementen el número y la frecuencia de patrullajes de seguridad en dicho río», señala el oficio enviado por el ministro y que fue republicado en medios costarricenses.
En la carta, Zamora advierte que la solicitud responde a la presencia de estructuras criminales que están extrayendo ilegalmente sedimentos auríferos en territorio costarricense y trasladándolos hacia Nicaragua.
«Lo anterior en virtud de la presencia de grupos vinculados al crimen organizado transnacional que operan en la zona, los cuales están realizando la sustracción ilegal de sedimentos en territorio costarricense, trasladándolos posteriormente mediante barcazas hacia puntos ubicados en territorio nicaragüense, en la margen nicaragüense del citado río», cita el documento.
El funcionario costarricense señaló que un mayor control del lado nicaragüense podría contribuir a frenar la actividad de estas estructuras.
La solicitud ocurre luego de que Zamora denunciara públicamente que empresas chinas ubicadas en territorio nicaragüense estarían comprando y procesando sacos de sedimento con contenido de oro extraído ilegalmente en Costa Rica.
El ministro también reconoció que la situación en Crucitas y Conchudita se ha agravado en las últimas semanas, lo que lo llevó a acudir a la Asamblea Legislativa costarricense para impulsar reformas legales que regulen la actividad minera en esa zona.

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