- La Fundación del Río alerta sobre la expansión de un nuevo punto de extracción artesanal dentro del territorio indígena Rama y Kriol, mientras el régimen Ortega Murillo guarda silencio, aunque el Ejército reconoce la actividad extractiva.
La Fundación del Río denunció este lunes 1 de abril un nuevo foco de minería ilegal dentro de la Reserva de Biósfera Indio Maíz, una de las principales zonas protegidas del sur de Nicaragua. Según la organización ecologista, la devastación en esta área de alto valor biológico avanza de forma alarmante, ante la inacción del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Después del incendio vino la minería ilegal: avanza como cáncer en la Reserva Indio Maíz con la complicidad del régimen Ortega Murillo», advirtió la Fundación del Río en su Denuncia Ambiental N.º 02-2025.
Uno de los principales enclaves de extracción es el sector conocido como Las Cruces, cuya extensión ha crecido considerablemente en los últimos dos años. Con base en monitoreos satelitales y reportes comunitarios, la organización estima que el área ocupada alcanza ya unas 250 hectáreas, lo que equivale a 350 campos de fútbol. En la zona se han instalado al menos 724 champas construidas con plástico y zinc por los llamados güiriseros, que operan sin ningún tipo de control institucional.
El campamento minero Las Cruces está dividido en tres sectores bautizados por los propios trabajadores como «Nueva Managua» o «Managüita», «Siuna» y «Bonanza». En ese sitio se calcula una población fija superior a las 3,000 personas, además de comerciantes y obreros temporales. La actividad minera ha dado paso también al establecimiento de bares, una iglesia y un preocupante aumento de la prostitución y el tráfico de drogas.
Fundación del Río documentó el ingreso de insumos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, así como el tráfico de estupefacientes —crack y cocaína— procedentes de Costa Rica. Además, maquinaria y herramientas como generadores, bombas de agua, tombolas y rotomartillos también están ingresando desde el país vecino.
Pese a que esta situación fue expuesta públicamente desde 2022, ni la Policía Nacional, ni el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), ni el Ministerio de Energía y Minas han tomado medidas para frenar la explotación. Según la denuncia, incluso cuando se registran homicidios en el lugar, la única reacción del Ejército es cerrar momentáneamente el paso fluvial en el río San Juan.
Entre los crímenes más recientes figura el asesinato de Milton José Aragón, ocurrido el 29 de enero de 2025; el de una niña de un año, identificada con las iniciales X.E.L., en diciembre de 2024; y el de Manuel de Jesús Cano y Yajaira Sevilla, en octubre del mismo año.
A esta situación se suma la detección de un nuevo sitio de extracción artesanal en la ribera del río Caño Negro, en una zona conocida como Piedra Fina, también dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y del territorio Rama y Kriol. En ese lugar operan ya dos puntos de extracción activa que procesan oro con métodos rudimentarios y lo comercializan en el municipio de El Castillo.
«Con este nuevo sector, se suma el cuarto punto de actividad minera dentro de la RBIM y el tercero dentro del Territorio Rama y Kriol», alerta la Fundación. La organización también advirtió que se está construyendo un camino para conectar Las Cruces con Piedra Fina, lo cual facilitaría una expansión aún mayor de la minería ilegal.
Aunque las instituciones civiles no han reconocido oficialmente la problemática, el propio Ejército de Nicaragua, a través del Destacamento Militar Sur, ha emitido 22 notas informativas entre 2023 y 2025 en las que admite la existencia de esta actividad. Según esos reportes, se han detenido 45 personas —dos de nacionalidad costarricense— y decomisado miles de córdobas en equipos y materiales relacionados con la minería, entre ellos: cianuro, generadores, tombolas, balines de acero, ácido muriático, combustibles y explosivos.
No obstante, Fundación del Río cuestiona que las acciones del Ejército se limitan a operativos sobre el río San Juan y no atacan el núcleo de las operaciones en tierra. «El régimen Ortega Murillo y sus instituciones siguen actuando negligentemente frente al deber de protección de la RBIM y se convierten en cómplices de estos procesos de deterioro ambiental», reprochó la organización.
La Fundación también recordó que la legislación nacional prohíbe expresamente este tipo de actividades extractivas dentro de reservas naturales, en referencia a la Ley General del Medio Ambiente (Ley N.º 217), su reglamento para áreas protegidas (N.º 01-2007) y la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley N.º 387).
En su pronunciamiento, hicieron un llamado a los organismos internacionales: «Solicitamos a la comunidad internacional que se abstenga de continuar financiando al régimen Ortega Murillo sin que existan resultados en materia ambiental».
