Denuncian expulsión de Nicaragua de religiosas capuchinas que servían a indígenas en Totogalpa

El régimen de Ortega-Murillo expulsó de Nicaragua a las religiosas terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. La medida arbitraria pone fin a más de tres décadas de trabajo pastoral y social en la comunidad indígena chorotega de Totogalpa, en el departamento de Madriz.
La expulsión tuvo lugar este sábado 24 de enero de 2026 y fue confirmada en una reunión convocada en la casa pastoral de la parroquia Santa María Magdalena, donde se les notificó a las religiosas que debían salir del país de manera definitiva.
La denuncia de este atropello fue realizada por el periodista Miguel Mendoza, quien alertó a través de sus redes sociales, que la expulsión de las hermanas es un acto de persecución religiosa y política.
«Es un crimen que el régimen de Ortega-Murillo expulse a las hermanas capuchinas, quienes durante más de 30 años trabajaron con devoción, sin distinción de credo o partido político. Su labor en Totogalpa fue esencial para las comunidades más vulnerables», alertó Mendoza.
No fue una decisión voluntaria
La investigadora y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina confirmó la expulsión y aclaró que no se trata de una decisión voluntaria, sino que las hermanas capuchinas se vieron obligadas a cesar sus actividades.
Las religiosas emitieron un comunicado oficial en el que presentaron su salida como el «fin de su presencia pastoral», pero Molina aseguró que esta decisión fue el resultado de un clima de hostigamiento sistemático por parte del régimen.
Las religiosas eran sometidas a vigilancia constante y presiones para cerrar páginas de redes sociales con fines evangelizadores.
La investigadora advirtió que la salida de las hermanas tendrá un impacto significativo en las comunidades más vulnerables y expresó su preocupación por la posible confiscación o uso indebido de los espacios que sirvieron como centros de acompañamiento espiritual y social.

Constantes amenazas y hostigamiento
Desde hace más de un año, las hermanas habían sido objeto de constantes amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades.
En medio de esta persecución, se vieron obligadas a vender una camioneta, originalmente donada por la embajada de Estados Unidos. Durante su estancia en Nicaragua, las monjas Capuchinas desempeñaron la labor espiritual de las comunidades y prestaron apoyo social a las familias más necesitadas, especialmente a la comunidad indígena de Totogalpa, que cuenta con más de 17.000 habitantes.

Por años se dedicaron a la catequesis, la formación de líderes laicos y el cuidado del templo parroquial, Patrimonio Histórico Cultural de Nicaragua.
Además, su trabajo humanitario incluyó la atención a las víctimas del huracán Mitch en 1998 y la gestión de una casa materna en beneficio de las mujeres y niños de las zonas más empobrecidas.
Las monjas serán trasladadas a Guatemala. La expulsión de las monjas capuchinas es el último episodio de una serie de ataques a la libertad religiosa y a las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.

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