Régimen de Nicaragua traspasa 14 propiedades más al INSS

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el traspaso de al menos 14 propiedades del Estado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una institución que arrastra una profunda crisis financiera y que se mantiene técnicamente quebrada pese a reiteradas inyecciones de recursos públicos.

Los traspasos quedaron oficializados mediante los acuerdo presidenciales No. 02-2026 y No. 03-2026 publicados este miércoles, 7 de enero, en La Gaceta, diario Oficial, en los que se autoriza la donación de 13 inmuebles ubicados en el departamento de Managua y uno más en el departamento de Estelí.

Todas las propiedades estaban inscritas a nombre del Estado de la República de Nicaragua y ahora pasan a formar parte del patrimonio del INSS.

En el documento oficial, el régimen instruye a la Procuradora General de Justicia para que, junto al presidente del INSS, comparezca ante la Notaría del Estado a firmar las escrituras de «donación».

¿Cuáles son las propiedades traspasadas?

El acuerdo señala que estas transferencias se realizan «con la finalidad de fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses», una justificación que contrasta con la situación real de la institución.

De acuerdo con el acuerdo presidencial, las 13 propiedades en Managua están registradas bajo los Números Absolutos de Propiedad BI-9AH8KQI, BI-9AB3N97, BI-9A9VL15, BI-9AFET3P, BI-9A50EDP, BI-9A99W4T, BI-9AFEWZU, BI-XEJOIJ, BI-XETGL9, BI-PUBHDMBM, BI-9ADJ7CC, BI-2KSVOI2Y y BI-2KSWVWWH. A estas se suma un inmueble en Estelí, inscrito con el BI-99X7SJV.

El texto oficial insiste en que el objetivo es «crear políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos».

Sin embargo, economistas han advertido que el INSS enfrenta un déficit estructural, producto de malos manejos, corrupción y reformas impuestas por el régimen nicaragüense.

Especialistas consultados por este medio han señalado que la entrega de bienes inmuebles no resuelve el problema de fondo y que es apenas una maniobra contable que no garantiza liquidez ni sostenibilidad a largo plazo.