La lista de presos políticos de la dictadura baja a 62, pero casi la mitad continúa en desaparición forzada
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó este jueves, 4 de diciembre, una reducción en el total de personas detenidas por motivos políticos en Nicaragua.
El registro actualizado contabiliza 62 casos activos, una disminución respecto a los 77 documentados en el informe previo. La reducción se explica principalmente por las excarcelaciones ocurridas la semana pasada, muchas de ellas ejecutadas sin notificación oficial y en condiciones irregulares y la incorporación de otros tres casos.
Según el organismo, 35 personas fueron liberadas durante el período evaluado, de las cuales 18 formaban parte de la lista oficial del Mecanismo y 17 corresponden a un subregistro derivado del clima de miedo y la falta de información pública en torno a las detenciones.
¿Quiénes fueron los excarcelados?
Las 18 liberaciones oficiales se trata de 12 hombres y 6 mujeres. Todas las excarcelaciones se realizaron sin previo aviso a las familias, alertó la organización a través de un comunicado.
«Estas liberaciones ocurrieron sin notificación previa y varias personas fueron entregadas en sus hogares con signos de deterioro físico y emocional», señaló el Mecanismo.
Las otras 17 personas excarceladas, que no figuraban en la lista inicial del Mecanismo, pertenecían mayoritariamente a perfiles vinculados al Estado, como trabajadores públicos, exmilitares y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las personas excarceladas provienen de Managua, Masaya, Chinandega, León, Matagalpa y Carazo.
«Una característica común de estas excarcelaciones es la ausencia absoluta de información oficial. El Estado no ha aclarado bajo qué régimen jurídico se ejecutan ni cuáles son las condiciones legales de la salida. La mayoría de estas personas fueron detenidas mediante procesos judiciales ocultos, sin acceso a defensa independiente y en condición de desaparición forzada durante meses».
Persisten desapariciones forzadas
A pesar de las liberaciones, el Mecanismo advirtió que de las 62 personas que continúan en condición de presas políticas, 28, es decir, el 45 % continúa en condición de desaparición forzada. Los familiares no tienen acceso a información sobre paradero, ni estado de salud.
La situación también presenta un «marcado sesgo de género», 83 % de las mujeres reconocidas como presas políticas sigue desaparecida, mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje se ubica en 37 %.
El reporte también subraya que 18 personas adultas mayores permanecen detenidas en condiciones consideradas de alto riesgo, tanto por su edad como por enfermedades crónicas.
«La persistencia de estas detenciones evidencia la ausencia de criterios humanitarios y un uso punitivo de la privación de libertad contra personas en situación de especial vulnerabilidad», denunció el organismo.
Carazo y Managua concentran la mayoría de casos
La distribución territorial confirma que los presos políticos provienen de Carazo, departamento que concentra el 26 % de los casos registrados, una cifra asociada a las redadas realizadas en julio y agosto de 2025. Mientras que Managua representa el 21 %.
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Pero casi la mitad de todas las personas detenidas, el 48 %, permanece recluida en centros penitenciarios ubicados en Tipitapa y la capital, lo que, según el Mecanismo, dificulta el acompañamiento familiar debido a restricciones de acceso y vigilancia reforzada.
El Mecanismo señaló que, aunque el número total de presos políticos disminuyó, la falta de información oficial y la persistencia de desapariciones forzadas revelan un panorama de alta riesgo para las personas detenidas y sus familias.
«Las familias de las personas detenidas siguen siendo amenazadas, vigiladas y hostigadas por las autoridades, en un intento deliberado por impedir que ejerzan su derecho a denunciar, documentar abusos o buscar acompañamiento jurídico y psicosocial. Estas prácticas consolidan un entorno coercitivo de silencio forzado, donde la expresión pública de estas familias implica riesgos directos para su seguridad».
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