Para las mujeres indígenas miskitas y mayangnas, la violencia no se limita al despojo territorial. También invade el cuerpo. Viven en la intersección de múltiples opresiones: la violencia de género, la violencia étnica y la violencia política. Todas se cruzan y refuerzan en un círculo que parece no romperse.

Realizar una práctica cotidiana en los territorios invadidos puede significar la muerte. «Las mujeres no podemos ir a cosechar, a lavar ropa o a buscar comida porque en el camino nos pueden violar o matar… Ha habido niñas muertas, señoras violadas, incluso amenazadas con machete que han sobrevivido», denuncia Auka Tangni, mujer miskita originaria de la comunidad Santa Clara, en el Caribe Norte de Nicaragua.

Entre los patrones de invasión destaca la explotación sexual de niñas y adolescentes, tratadas como una extensión de la tierra en disputa. Una defensora de derechos de los pueblos indígenas argumenta que esto tiene un propósito: «Secuestran a las niñas, las embarazan y después, según ellos (los colonos), tienen derecho a reclamar la tierra».

El miedo impuesto es tan grande que cuando los colonos secuestran a una niña, muchas comunidades no se atreven a organizar un rescate. Intervenir podría desencadenar una masacre contra toda la población. En esos casos, la comunidad se ve obligada a dejarlas a su suerte, señala Auka Tangni.

Violación, maltrato y humillaciones

La menor de iniciales T.M.W., originaria del territorio Alto Wangki, sobreviviente de secuestro por parte de un colono, relató en miskitu para este reportaje cómo la violencia se impone incluso en lo cotidiano. Recordó que la ausencia de su madre, obligada a salir a buscar alimentos o a buscar atención médica para sus hermanos más pequeños, era puerta para su agresor. «Llegaba un mestizo (colono) cuando ella no estaba… Me decía que si me voy con él nadie va a matar a mi familia y que nos van a dejar trabajar nuestras tierras. Siempre me decía que no le contara a mi mamá porque se iba a meter, y que viera que en mi casa no había hombre que nos defendiera. A finales del 2021 llegó un día y me dijo “nos vamos”, llegó en un caballo. Yo tenía 13 años y él como 32».

El cautiverio fue también una forma de violencia cultural. «Cuando me llevó a la montaña, me maltrataba. No solo me pegaba, también me decía cosas que me dolían por ser miskita. Me obligaba a hablar solo español, me tenía encerrada. No podía hablarle a nadie porque todos me miraban con rechazo. Tenía que cocinar solo la comida de ellos, me decía que cuidado cocino mis cochinadas».

Este tipo de agresiones contras las mujeres miskitus y mayangnas ha sido trágicamente cotidiano. El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) ha documentado 10 violaciones contra mujeres, entre ellas una niña de 14 años.

Sin embargo, durante el 190 Período de Sesiones Virtual de la CIDH en la Audiencia Temática sobre la situación de los Pueblos Indígenas miskitus y mayangnas realizada el 11 de julio de 2024, Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló que entre  2018 y 2023, organizaciones indígenas documentaron 35 casos de violaciones sexuales contra mujeres y niñas.

«Aunque se cree que hay un subregistro debido al temor de denunciar, especialmente en adolescentes de entre 13 y 18 años», dijo Ormar durante la audiencia.

El estigma las persigue para siempre

El trauma se prolonga en el tiempo. El rechazo no proviene solo de los agresores, también de la comunidad. La falta de comprensión sobre el abuso sexual y la romantización de la maternidad dejan a las sobrevivientes que quedan embarazadas con una doble condena. «Obviamente que es un trauma psicológico de por vida… Una madre siempre ama a sus hijos, pero la comunidad no los mira igual. La gente lo señala, más que todo como discriminación, como algo raro porque es hijo de un colono», recuerda Auka Tangni.

La menor T.M.W., que logró escapar hacia Costa Rica, confirma que el estigma la persigue incluso fuera del territorio. «Vine con mi hija porque quedé embarazada de ese hombre a los 14 años. Aquí vivo en un lugar lleno de gente miskita y me preguntan por qué mi hija es blanca, que si es verdad que tuve una hija de un colono. Yo solo me quedo callada».

Son pocas las víctimas que logran sobrevivir. El 3 de mayo de 2024, el cuerpo de la comunitaria miskita Solki Thompson Leman, de 21 años, fue encontrado en el sector de Kruwarbang, comunidad Sangnilaya. La familia señaló a colonos como responsables, pero los medios oficialistas lo redujeron a «conflictos pasionales».

El machismo en los territorios también contribuye a invisibilizar las agresiones. «Ha habido muchos casos de mujeres asesinadas o que han sufrido ataques, pero quedan impunes. Nadie levanta la voz porque levantar la voz es como un pecado. Recuerdo que un muchacho mayangna vivía en mi comunidad con una señora. Él fue asesinado y tres años después ella fue asesinada por colonos, pero nadie habló de la señora», lamenta Auka Tangni.

Asesinatos «camuflados» en la selva 

Una lideresa indígena, que pide anonimato, coincide en que el silencio tiene varias capas. Cuando un colono mata a una mujer indígena, el gobierno lo difunde como femicidio, omitiendo que hay invasores en los territorios. A su vez, el machismo interno ha reforzado la invisibilidad, pues durante años las denuncias solo contabilizaron los asesinatos de hombres, dejando fuera a las mujeres, como si sus vidas no fueran parte del mismo conflicto. A estas situaciones se añade la represión política contra las víctimas que intentan denunciar.

A la violencia del despojo se suma otra carga silenciosa: la del cuidado y el trauma. En cada comunidad afectada por los ataques de colonos, son las mujeres quienes sostienen la vida cotidiana, cargando no solo con su propio dolor, sino también con el de sus hijos e hijas. Gestionan el miedo, el llanto y la angustia de toda la familia, al mismo tiempo que intentan sobrevivir a sus propias heridas.

Las consecuencias de la violencia y de la pérdida de los territorios que las alimentan son profundas. La salud física y mental de las mujeres indígenas se deteriora en medio de un entorno hostil. Lisangni —nombre ficticio por seguridad—, comunitaria del territorio Li Aubra, describió la tensión permanente de vivir bajo amenaza: «Las mujeres sufrimos mucho con la invasión de colonos, vivimos con traumas, no estamos tranquilas, nuestros hijos no pueden jugar tranquilos ni nosotras podemos hacer nada porque no sabés en qué momento van a venir los colonos. No podés ni dormir en paz en la noche porque si vienen tenemos que correr con nuestros hijos. Esto no es vida».

A la inseguridad se suma la falta de acceso a especialistas en salud mental. El gobierno, que niega la existencia de colonos, castiga incluso a quienes denuncian la violencia en los territorios, acusándolos de traición a la patria. Una defensora de derechos de los pueblos indígenas lo resume con crudeza: «No hay psicólogos y tal vez había algunas posibilidades de sanarse desde la medicina tradicional indígena, pero hasta eso se ha despojado. Es una forma de tortura».

Huir de casa para salvar la vida

El desplazamiento forzado se convierte entonces en el único camino posible. Ante la falta de acción estatal y la ola persistente de violencia que amenaza tanto su seguridad alimentaria como su vida, muchas mujeres indígenas se ven obligadas a huir. Lo hacen primero dentro de sus propios territorios, luego hacia otras comunidades, y en muchos casos cruzan fronteras en busca de refugio.

La comunitaria G.B.P., de 33 años y originaria del río Coco, cuenta cómo en 2021 se desplazó de su comunidad Wasla hacia Polo Lakia Sirpi para escapar de la invasión. Pero ni allí encontró seguridad. En 2023, sufrió un ataque que casi le cuesta la vida. «Nos decían los colonos que le vendamos la tierra, y como dijimos que no podemos vender lo que nos heredaron nuestros mayores, en tres ocasiones nos agredieron con armas. La última vez nos agarraron en la parcela, fue en marzo de 2023. Estábamos sembrando yuca en la parcela de mi tío cuando llegaron los colonos. A mi tía le pusieron un machete en el cuello, luego dispararon al aire y todas corrimos. A mí me alcanzó un colono y cuando caí al suelo me apuñaló. Pensaron que estaba muerta y se fueron. Estuve en cuidados intensivos por 20 días, pero cuando recuperé la conciencia huí con la herida sin sanar hacia Costa Rica, porque uno de mis familiares denunció y me daba miedo que llegaran a matarme».

Pero aún en medio de la huida, la carga de cuidados no se detiene. Son las mujeres quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de hijos e hijas, sobrinos, nietos, abuelas, madres y personas con discapacidades. Nadie queda atrás en la fuga, y ellas son las que sostienen cada cuerpo, cada necesidad.

El desconocimiento de sus derechos y la llegada a un entorno completamente distinto representan un desafío enorme para las mujeres indígenas. Llegan al exilio sin herramientas que les permitan enfrentar las nuevas violencias que encuentran en Costa Rica.

El hospital que pretendía arrebatarle a su hijo

Anielka Baptis, activista miskita refugiada, recuerda cómo en plena pandemia, tras dar a luz por cesárea, estuvo a punto de perder a su hijo recién nacido: «Al darme de alta, el médico me dijo que yo ya podía irme, pero mi bebé no. Y yo le respondí: ‘¿Cómo es eso? Mi bebé es mío’. Me explicó que (la dirección de) Trabajo Social me lo había quitado porque no llegaba a las citas médicas, que eso era maltrato infantil. Y una, que no sabe, no entiende nada de eso… me dolió hasta donde no es. Por suerte, una abogada tica me ayudó».

La falta de estrategias de inclusión para las poblaciones indígenas dentro del sistema del país de acogida cierra puertas y multiplica la vulnerabilidad. Flavia Webb, indígena miskita de la comunidad Chiminka en el Alto Wangki, comparte: «Fue muy difícil para mí adaptarme, más cuando se trataba de mis hijos. El (Patronato Nacional de la Infancia) PANI me decía que si no podía, me los iba a quitar. Aunque los puse a estudiar, es muy difícil porque no sé cómo ayudarles en sus clases. A veces tampoco puedo pagar las cuotas que me piden en la escuela. En ocasiones hay maestras muy solidarias que me han ayudado, otras me hablan muy fuerte. Quisiera darles de todo, pero no puedo ni siquiera vestirlos bien. Inicialmente no entendía sus orientaciones, solo me quedaba escuchando, pero después mis hijos entendían más español y ellos me traducen».

Incluso acceder a servicios básicos como la salud se convierte en un obstáculo difícil de superar. Flavia explica: «Yo no salgo, no voy al hospital a pasar consulta. Cuando mis hijos se enferman los lleva mi hija mayor, que habla mejor el español. Cuando yo lo intento, tengo que explicar los síntomas y por más que me esfuerzo no puedo. Si fuera en miskitu lo diría todo. Entonces con lo poco que logro explicar me dan algún medicamento, pero limitado. Solo cuando los lleva mi hija los atienden más completo. Yo no voy al centro ni a ningún lado por lo mismo. Si me enfermo, busco medicina tradicional y me recupero».

La precariedad se ha convertido en rutina en los asentamientos urbanos. «Aquí vivimos muchas mujeres en hacinamiento y con muchos niños. Cuando nuestros hijos se enferman, no los podemos llevar al hospital porque no los atienden por no tener carnet. Aunque dicen que a los menores los tienen que atender, no lo hacen», explica Bersilia Diego Alfred, promotora indígena miskita del asentamiento Morocha, en Alajuelita.

El racismo atraviesa incluso a las infancias. «Mi hijo es negrito, lo miran diferente, le dicen que habla raro, que cancanea. Yo le digo: “No les hagás caso, vos sos mi príncipe”», comparte Anielka Baptis, quien también relata que en Los Chiles muchas familias miskitas tuvieron que cambiar de escuela a sus hijos por la discriminación.

La pobreza erosiona lo cotidiano. «Los niños te piden leche y con costo tenemos para arroz y frijoles… muchas mujeres viven con traumas porque nos extorsionan, nos mienten fácil con cualquier cosa y eso representa una carga emocional enorme», afirma Yessenia Ortiz, habitante de la Morocha en Alajuelita. Hambre, discriminación y desarraigo se combinan para producir un desgaste profundo, tanto físico como emocional.

El carné migratorio es mucho más que un papel. Representa la posibilidad de permanecer legalmente en Costa Rica, pero también es requisito para trámites esenciales: desde sacar un chip telefónico hasta inscribir a un niño en la escuela o en el hospital. Sin embargo, acceder a él resulta casi imposible para las familias indígenas que viven del día a día. El proceso exige conectarse a un sistema digital para agendar cita y luego atravesar un largo trámite, algo inalcanzable para quienes no tienen internet o estabilidad económica.

El sistema de refugio en Costa Rica, además, está colapsado. Quien logra obtener una cita debe esperar hasta un año para ser atendida. Durante ese tiempo, las mujeres indígenas viven en un limbo legal, condenadas a la explotación, a la discriminación y, muchas veces, arriesgando la vida.

Las consecuencias son fatales. Se han registrado varios casos de mujeres miskitas que murieron en Costa Rica porque se les negó el acceso a la salud o porque no tenían seguro médico. «Hace tres meses murió una mujer miskita de unos 45 años. Le dio fiebre, fue a emergencias y le dijeron que no tenía nada. Después murió. Dejó tres hijos huérfanos», lamenta Orfilia Pantin, indígena miskita y promotora del precario Morocha en Alajuelita.

Regresar al peligro

El Movimiento de Mujeres Indígenas de Nicaragua Mairin Kaikanka ha denunciado que muchas mujeres, desesperadas, optan por regresar a Nicaragua para dar a luz, exponiéndose de nuevo a la violencia de la que huyeron. Al retornar a Costa Rica, migración les retira el carnet de solicitante en frontera, dejándolas sin protección alguna y en mayor vulnerabilidad.

A pesar de todo, las mujeres indígenas sostienen la vida colectiva en el exilio. En los precarios de Costa Rica han asumido roles de liderazgo porque, como relatan, cuando los hombres estaban al frente no había avances. «Nosotras somos más organizadas», dicen Orfilia Pantin y Bersilia Diego Alfred, las lideresas del asentamiento que se ubica en las faltas de un cerro, al sur de San José. 

La historia de las mujeres miskitas y mayangnas es la historia de una violencia estructural que atraviesa territorios, cuerpos y generaciones. Niñas obligadas a seguir adelante con embarazos forzados. Madres que deben elegir entre el hambre o el riesgo de perder a sus hijos. Lideresas que organizan comunidades enteras en medio de la pobreza. Cuidadoras que sostienen no sólo a sus familias, sino a comunidades enteras, sin perder la esperanza de un día poder volver a sus tierras, a trabajar en las parcelas y a disfrutar de sus ríos y sus bosques, sin el miedo a aquellos ataques violentos que parecieran no tener fin.