Nueve de cada diez nicaragüenses viven con miedo por inseguridad ciudadana
La crisis de inseguridad en Nicaragua no da tregua. Así lo revela el informe de la organización Hagamos Democracia, que consultó a 400 nicaragüenses en 40 municipios del país y encontró que el 97.2 % de la población percibe un aumento alarmante de la criminalidad durante los tres últimos meses.
Según el estudio titulado «Percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua», la sensación de inseguridad crece mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concentra sus esfuerzos en reprimir la disidencia y mantener un férreo control social a través de mecanismos de vigilancia que operan con total impunidad.
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El estudio se realizó del 18 al 23 de julio de este año y consultó personas de diferentes edades, regiones, estratos sociales y diferentes niveles de formación.
Inseguridad en Nicaragua
Los resultados arrojados por las encuestas sugieren que más de 9 de cada 10 nicaragüenses viven con miedo en su día a día y cuando ejercen labores cotidianas para cualquier persona o familia.
«Este dato, prácticamente igual al del trimestre pasado, denota que la situación de seguridad ciudadana en el país se mantiene en deterioro, sin que los aparatos policiales y judiciales demuestren la capacidad o el interés de hacerle frente a esta creciente crisis», señala el informe.
Según el estudio, las personas consultadas creen que los principales factores que contribuyen al deterioro de la seguridad son la presencia de grupos armados irregulares que con la venia de los cuerpos de seguridad operan en todo el país con impunidad.
«Se les permite delinquir libremente y actuar en coordinación con el régimen para reprimir opositores», apuntan.
También consideran que las fuerzas de seguridad del país tienen como prioridad perseguir a la disidencia y mantener el control político, en lugar de enfocarse en garantizar la protección de los ciudadanos.
A esto se suma la constante liberación de miles de presos comunes bajo el pretexto de un «régimen de convivencia familiar», lo que, en la práctica, ha contribuido al aumento de la criminalidad y la inseguridad que la ciudadanía denuncia.
Un sistema de vigilancia masiva
La investigación también revela un sistema de vigilancia masiva en los barrios y comunidades, donde el 92.25% de las personas consultadas reporta sentir la presencia constante de ojos que los observan.
El principal actor de esta vigilancia son los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), con un 52.56 % de menciones, seguidos por la Policía Nacional con 30.19% y los paramilitares 16.98 %.
En menor medida, los encuestados manifestaron sentirse vigilados por los trabajadores de instituciones públicas, la llamada Policía Voluntaria, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y por compañeros de trabajo.
Estos actores, con la complicidad del Estado, mantienen un ambiente de miedo que limita la libertad de expresión y somete a la población a una vigilancia constante.
«Estos datos indican de manera alarmante, que la mayoría de los consultados tiene la percepción que la mayor parte de la vigilancia es llevada a cabo por sus vecinos, la Policía Nacional y Paramilitares».
Rosario Murillo admitió el problema
Durante su acostumbrada alocución del 28 de agosto, la codictadora Rosario Murillo admitió el problema de inseguridad, asegurando que los habitantes de comunidades y comarcas demandaban más presencia policial.
Bajo esta supuesta demanda, justificó la reforma constitucional con la que se impuso una jefatura de la Policía Nacional, que recayó en Victoriano Ruiz, quien ahora dirigirá al órgano de seguridad junto a Francisco Díaz.
«Quieren vivir seguros y tranquilos; por lo tanto, ante esa demanda creciente, se procuró reformar la Constitución para garantizar que hay dos Mandos de la Policía Nacional, que pueden distribuir el trabajo de cobertura, de atención y lograr ser más eficaces cada día», dijo.
Sin embargo, críticos y analistas aseguran que esta duplicidad en la policía lejos de garantizar el bienestar de las personas, es para perseguir a los opositores y disidentes del régimen.
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