Google alerta a opositores nicaragüenses: «Es posible que atacantes respaldados por algún gobierno estén intentando robar tu contraseña» 

En medio de una persistente crisis de derechos humanos y represión política, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) emitió una alerta denunciando un aumento alarmante de ataques cibernéticos dirigidos a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil prodemocrática en Nicaragua.

La organización, a través de sus redes sociales, subrayó el grave riesgo que enfrentan los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un contexto de vigilancia digital y persecución que se ha acelerado en el último año, pese a que la mayoría de los liderazgos está en el exilio como consecuencia de los niveles de hostigamiento dentro del país por parte de las estructuras policiales y militares.

La alerta publicada por la UNAB evidencia lo que consideran una campaña sistemática de represión digital orquestada por la dictadura sandinista. En el comunicado se afirma que los ataques incluyen «intentos de robo de contraseñas de cuentas de correo electrónico, especialmente en Gmail», además del «hackeo y suplantación de cuentas de Facebook, Telegram y otras redes sociales y plataformas de mensajería».

Desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, la administración del Frente Sandinista desató una ola represiva sin precedentes, utilizando múltiples formas de coerción, desde el encarcelamiento hasta el exilio forzado. Ahora, la guerra ha escalado al plano digital, donde las herramientas de vigilancia y ataque cibernético se han vuelto armas de control político.

En el escrito, la UNAB advierte sobre la aparición de «alertas directas de Google que indican: «Es posible que atacantes respaldados por algún gobierno estén intentando robar tu contraseña»», lo que sugiere una posible implicación del aparato estatal en estas actividades de espionaje digital.

Esta situación representa una seria amenaza para los derechos humanos fundamentales. La organización señala que estos ataques violan «el derecho a la libertad de expresión», «el derecho a la privacidad y protección de datos personales», así como «el derecho a la libre asociación y la seguridad personal, tanto en el territorio como en el exilio».

Los antecedentes de esta ofensiva tecnológica se remontan a una política sostenida de criminalización de los críticos al sistema codictatorial. Desde 2018, decenas de organizaciones civiles han sido ilegalizadas, medios de comunicación independientes cerrados, periodistas exiliados y líderes opositores encarcelados o despojados de su nacionalidad. Ahora, el entorno digital también se ha transformado en un terreno de batalla.

La UNAB exhorta a la ciudadanía nicaragüense y a los sectores en riesgo a extremar precauciones digitales. Entre las recomendaciones clave están: cambiar inmediatamente las contraseñas por otras más seguras, activar la verificación en dos pasos, revisar accesos recientes, evitar enlaces sospechosos, actualizar dispositivos y, sobre todo, «no compartir credenciales por ningún medio y desconfiar de mensajes de «soporte técnico» falsos».

La organización hace hincapié en la importancia de la seguridad digital como un derecho: «Es momento de redoblar precauciones digitales, compartir esta alerta con redes de confianza y mantenerse informado. La seguridad digital es un derecho, y defenderla es parte de la lucha por una Nicaragua libre y democrática».

Este nuevo frente de ataque contra la oposición nicaragüense refuerza el carácter totalitario del régimen Ortega-Murillo, que ha encontrado en la tecnología una herramienta más para sostener su poder a toda costa así sea controlando a sus críticos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Tras la embestida represiva, las voces que resuenan son las que están en el exilio, otras bajo anonimato y algunas desde el encierro forzado de la vigilancia permanente.

Su granja de troles

Esta forma de operar del aparato de control de los Ortega-Murillo no es nueva. En noviembre de 2021, Meta, la compañía paraguas de Facebook, anunció que eliminó 1 mil 464 cuentas en las redes sociales de Facebook e Instagram que eran usadas por la dictadura para «manipular el debate público y atacar a la oposición».

La empresa eliminó 937 cuentas de Facebook, 363 de Instagram, 140 páginas y 24 grupos operadas por el régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que confirmaría la granja de troles instaladas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

«Nuestros equipos continúan enfocándose en encontrar y eliminar campañas engañosas en todo el mundo, ya sean nacionales o extranjeras. En octubre, eliminamos una red en Nicaragua dirigida a audiencias nacionales en ese país», informó la compañía en un comunicado.

La granja de troles sandinistas era una red que estaba cargo de personas, principalmente empleados de Telcor que laboraban desde las oficinas centrales de la institución en Managua.