Opositores nicaragüenses repudian presencia de delegados del régimen Ortega-Murillo en revisión del acuerdo entre la UE y Centroamérica

La Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua (AMS) condenó la participación de Mario Amador Rivas y José Antonio Zepeda como supuestos representantes de la sociedad civil nicaragüense en la Sesión de Revisión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA), que se celebra esta semana en Costa Rica.

En una nota pública, la AMS calificó de «ilegítima» la presencia de ambos funcionarios vinculados directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los acusó de «usurpar la representación de los empresarios y trabajadores de Nicaragua».

«Mario Amador Rivas, expresidente de la desaparecida Cámara Nicaragüense de Productores de Azúcar (AZUNIC), a quienes le quitaron su personería jurídica en agosto del 2024, y José Antonio Zepeda, diputado de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no representan a la sociedad civil nicaragüense, ni a las y los trabajadores, ni al sector empresarial independiente. Representan únicamente los intereses corruptos y criminales de una dictadura que ha asesinado, encarcelado, exiliado y despojado de sus derechos a miles de nicaragüenses», denunció la organización.

La AMS subrayó que la participación de estos representantes «es una bofetada a los pueblos centroamericanos que luchan por la democracia» y una «afrenta al pueblo nicaragüense que ha sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen al que estos individuos sirven». En su comunicado, también advierten a la comunidad internacional que «el Estado de Nicaragua no respeta la libertad de asociación, y ha ejecutado una política sistemática de cierre y criminalización de la sociedad civil».

«Estos señores no nos representan. Su presencia no tiene legitimidad. Ellos son cómplices directos de la represión, del exilio forzado, del despojo y del llanto de nuestro pueblo», enfatizó la AMS, que llamó a los movimientos sociales centroamericanos, a la ciudadanía costarricense y a los organismos europeos «a no validar a quienes representan la corrupción, la persecución y los crímenes de la dictadura Ortega-Murillo».

Finalmente, el pronunciamiento cierra con una consigna clara: «¡Fuera los cómplices de la dictadura de los espacios internacionales! Nicaragua no es la dictadura. Nicaragua somos las voces exiliadas, silenciadas, perseguidas, pero no vencidas».

Un país sin sociedad civil ni representación empresarial

La denuncia de la Articulación de Movimientos Sociales ocurre en un contexto en el que la dictadura de Daniel Ortega ha desmantelado por completo a la sociedad civil nicaragüense. Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2025, el régimen ha ilegalizado más de 5 700 organizaciones no gubernamentales, entre ellas ONG religiosas, feministas, humanitarias, ambientales, de derechos humanos y defensoras del trabajo digno. Este proceso ha sido ampliamente condenado por organismos internacionales.

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En el sector privado, la ofensiva incluyó la eliminación de todas las cámaras empresariales, entre estas la Asociación de Azucareros (AZUNIC), cuya personalidad jurídica fue cancelada en agosto de 2024, y la disolución del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) el 6 de marzo de 2023, junto a casi 20 cámaras gremiales. Desde entonces, Nicaragua carece de toda representación empresarial independiente.

La dictadura también ha eliminado cualquier margen de autonomía sindical. Los sindicatos existentes operan como estructuras “blancas”, es decir, supeditadas al control del régimen, por lo que instancias como la Confederación de Trabajadores de la Educación (dirigida por José Antonio Zepeda) no representan a la clase trabajadora, sino a la estructura oficialista.

A esto se suma la salida oficial de Nicaragua de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comunicada el 28 de febrero de 2025 junto con la desvinculación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El régimen argumentó que la OIT actuaba de manera parcializada, lesiva a la soberanía y manipulada políticamente. La OIT, por su parte, denunció que en Nicaragua se habían desmantelado los espacios de diálogo social tripartito, y presentó una queja formal por violación de convenios internacionales, incluyendo el derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y la consulta a empleadores y trabajadores.

Así, el régimen Ortega-Murillo no solo ha borrado toda expresión de sociedad civil, sino que ha asegurado que los únicos interlocutores en los espacios internacionales sean sus propios delegados, lo que convierte eventos como la revisión del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en escenarios vacíos de legitimidad democrática y representativa.