Nicaragua otorga asilo político a sindicalista panameño acusado de estafa, lavado de dinero y asociación ilícita

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado asilo político al dirigente sindical panameño Erasmo Antonio Cerrud Pinzón, quien es requerido por la justicia de su país por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita. La decisión fue comunicada oficialmente este 18 de junio por la Cancillería nicaragüense al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, a través de una nota oficial firmada por el canciller Valdrack Jaentschke.
Según la nota diplomática enviada desde Managua, el Gobierno de Nicaragua resolvió brindar protección al secretario de Defensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), tras recibir su solicitud de asilo en la Embajada nicaragüense en Panamá. Cerrud alegó ser víctima de persecución política por su actividad sindical y advirtió que su vida, integridad física y libertad personal estaban en peligro.
La Cancillería nicaragüense justificó la concesión del asilo en el marco de la Convención sobre Asilo Político de 1933, asegurando que Nicaragua reconoce esta figura como una institución de carácter humanitario. Asimismo, el Gobierno de Ortega solicitó a las autoridades panameñas que brinden las garantías necesarias para el «traslado humanitario» de Cerrud Pinzón hacia territorio nicaragüense.
Un dirigente sindical con orden de captura y recompensa por su paradero
La solicitud de asilo se produce mientras Cerrud enfrenta un proceso penal abierto en Panamá por su presunta implicación en un esquema de fraude vinculado a la compraventa irregular de tierras en la isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro. La causa está siendo llevada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que lo señala por estafa agravada, lavado de dinero y asociación ilícita.

El 22 de mayo de 2025, la Policía Nacional panameña emitió una orden de captura en su contra. Inicialmente, las autoridades ofrecieron una recompensa de cinco mil dólares por información sobre su paradero, cifra que fue duplicada a diez mil dólares en junio debido a su fuga y a la falta de resultados en su localización.
Desde entonces, Cerrud se mantenía en la clandestinidad. Su sindicato, SUNTRACS, ha denunciado que las investigaciones contra sus líderes constituyen una persecución política. Otros dirigentes del gremio también enfrentan procesos penales: Genaro López fue puesto bajo arresto domiciliario, mientras Saúl Méndez solicitó asilo diplomático en Bolivia.
Ortega convierte Nicaragua en refugio de señalados por corrupción
La concesión del asilo político a Erasmo Cerrud se suma a una serie de medidas adoptadas por el régimen de Ortega-Murillo para brindar protección a figuras señaladas internacionalmente por corrupción, violaciones de derechos humanos o delitos económicos. Nicaragua ya ha otorgado nacionalidad y refugio a exfuncionarios salvadoreños procesados por corrupción, así como a ciudadanos perseguidos en otros países por causas penales, como algunos exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, en Honduras.
Segundo ciudadano panameño protegido por la dictadura
El asilo político otorgado este 18 de junio por el régimen de Daniel Ortega al sindicalista panameño Cerrud Pinzón convierte a este en el segundo ciudadano de Panamá en menos de dos años que recibe protección diplomática del Gobierno nicaragüense, pese a estar señalado por delitos penales graves en su país.
El primer caso ocurrió en febrero de 2024, cuando el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y lavado de dinero, ingresó a la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá tras recibir una sentencia judicial de 10 años de prisión y una multa de 19 millones de dólares por su participación en el caso “New Business”.
Martinelli solicitó asilo al régimen de Ortega también alegando persecución política. Desde entonces, permaneció resguardado por más de un año en la sede diplomática, que fue duramente cuestionada por haberse convertido no solo en su refugio legal, sino también en su guarida personal. El propio Martinelli se encargó de exhibir cómo usaba la residencia diplomática como cantina privada, sin mayores restricciones ni vigilancia.
Aunque el gobierno panameño le ofreció un salvoconducto para viajar a Nicaragua, Martinelli no logró concretarlo y finalmente, en mayo de 2025, abandonó la sede diplomática tras recibir asilo político del gobierno de Colombia, donde reside actualmente.
Ortega protege a acusados extranjeros mientras reprime a su propio pueblo
Mientras Daniel Ortega ofrece refugio y asilo político a figuras señaladas por delitos comunes y corrupción internacional, como Ricardo Martinelli y Erasmo Cerrud, en Nicaragua mantiene una de las políticas de represión interna más feroces del continente.
En los últimos dos años, el régimen ha despojado de su nacionalidad y desterrado a más de 450 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, sacerdotes, abogados, líderes estudiantiles y políticos opositores. Muchos han sido obligados al exilio y se les ha prohibido el reingreso al país, sin más justificación que la venganza política y el castigo ideológico del sandinismo.
Cientos de personas continúan en el exilio forzado, sin documentos, sin posibilidad de regresar a Nicaragua, y bajo amenazas de prisión si intentan volver. La dictadura castiga el pensamiento crítico y la disidencia, mientras simultáneamente abre sus puertas diplomáticas a individuos acusados por graves delitos en otros países.

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