Nicaragua se cierra al capital extranjero: dictadura levanta un muro con nueva ley que pone en riesgo incluso las inversiones ya establecidas

La imposición del reglamento a la Ley N.º 1240, Ley de Inversiones Extranjeras, que formaliza el control absoluto del régimen Ortega-Murillo sobre todo el capital internacional que ingrese a Nicaragua, ha generado fuertes críticas por parte de economistas y empresarios que señalan que el país se vuelve cada vez más hostil y cerrado al capital privado, y que incluso se ha activado una amenaza directa contra quienes ya están establecidos legalmente.

El nuevo reglamento —aprobado el 3 de junio sin debate y con trámite de urgencia por la Asamblea Nacional— obliga a toda inversión extranjera, presente o futura, a registrarse ante el MIFIC, y establece que sin ese registro no podrán operar en el país. El proceso impone requisitos extensos, desde documentación notariada hasta proyecciones en español, informes trimestrales y la firma obligatoria de un contrato con el régimen, so pena de ser expulsados del marco legal. El control final recae en una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), presidida por Laureano Ortega Murillo, quien funge como máximo decisor sobre qué inversión entra, cuál se cancela y cuáles condiciones debe cumplir cada inversionista.

Para Juan Sebastián Chamorro, economista, ex viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua y dirigente opositor, esta nueva legislación entierra lo poco que quedaba del atractivo de Nicaragua como destino para la inversión extranjera:

«Esa ley lo que va a hacer es generar todavía más incertidumbre en el inversionista y a Nicaragua colocarlo como un país totalmente fuera del mapa de los lugares atractivos para invertir. Esto va a traer menos inversiones. ¿Por qué? Porque básicamente le da mayor discrecionalidad a esa comisión, una discrecionalidad absoluta, amplios poderes, y cuando tenés amplios poderes, en el caso del secretario flamante Laureano, y discrecionalidad, hay la combinación para el desastre».

Chamorro advierte que el nuevo sistema deja a los inversionistas «a merced» del régimen: «Ellos pueden quitarte ese registro cuando les dé la regalada gana. Eso equivale más o menos a una confiscación, sin posibilidad de apelar, dice la ley. Cuando un inversionista analiza dónde invertir, Nicaragua claramente deja de ser opción. Este tipo de medidas están orientadas básicamente a darle más poderes al chigüín».

Buscan protegerse para confiscar o mandar a invadir propiedades de inversionistas

Un empresario nicaragüense, con más de 25 años vinculado a inversiones internacionales en el país y que habló bajo condición de anonimato, sostiene que con eso de que ahora van a obligar a los inversionistas a firmar un contrato, la única explicación que le ve es que el régimen quiera ahora protegerse de posibles demandas internacionales frente a las confiscaciones.

«En el contrato que te van a hacer firmar es probable que busquen cómo protegerse ellos de demandas internacionales si toman la decisión de expropiarte. Por lo menos creo que van a querer hacer esa lucha y es una de las posibles razones del invento de firmar un contrato», dice el empresario.

Esta interpretación no es para nada improbable o descabellada, tomando en consideración que la dictadura de Nicaragua está todavía sentada en el banquillo de los tribunales internacionales de comercio por acciones ejecutadas contra inversionistas.

En meses pasados, la empresa de origen estadounidense Riverside Coffee presentó una demanda contra el Gobierno de Nicaragua alegando que los paramilitares del régimen de Daniel Ortega destruyeron su inversión en una plantación de aguacate que tenían en el país. Culpan al Gobierno de Nicaragua por quedarse de brazos cruzados cuando los parapolicías invadieron esa propiedad.

El reclamo por 590 millones de dólares está dirigido contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (Mific), instancia responsable de negociar y administrar los acuerdos internacionales y regionales, en el ámbito del comercio y la inversión. Con la suma, la empresa norteamericana pretende recuperar los fondos invertidos en el proyecto.

Los demandantes argumentan que la administración orteguista ni actuó oportunamente para desalojar a los invasores, a quienes ubican como los parapolicías que salieron a atacar a los ciudadanos que protestaron contra el gobierno a partir de abril de 2018.

Por esto, nuestra fuente considera que con este nuevo contrato que la dictadura pretende imponer a los inversionistas nuevos y a los que ya operan en Nicaragua, «todavía quedarían más desprotegidas de lo que ya están las inversiones. El punto es que hay que tener cuidado con ese tipo de cláusulas», recomienda.

Además, agrega que la dictadura así está institucionalizando la incertidumbre: «En días recientes se publicó el Índice Global de Complejidad Corporativa 2025 y, en relación a Nicaragua, expresaba que el país continúa enfrentando inestabilidad geopolítica y relaciones tensas con los países occidentales, con los que mantiene la mayoría de sus relaciones comerciales. La inestabilidad política y los temas de derechos humanos eclipsan las posibles oportunidades que el país puede ofrecer en materia de inversión. Y ahora, con esta nueva ley y su reglamento, están creando más incertidumbre sobre una situación ya de por sí de gran incertidumbre. Llueve sobre mojado».

El empresario asegura que la inversión extranjera ya estaba estancada, pero con este nuevo marco legal se termina de cerrar la puerta: «Con la entrada en vigor de esta ley están construyendo un muro para evitar que la inversión llegue del todo al país. Ahora la dictadura va a decidir quién invierte y qué invierte. El libre mercado desaparece en el sentido que un inversionista privado ya no puede simplemente llegar, cumplir la ley y operar. Ahora debe someterse a la autorización del régimen».

Además, lanza una advertencia sobre el impacto en las empresas que ya operan: «El problema es más serio aún, porque esto amenaza seriamente la inversión que ya existe en el país. Ahora, el nivel de control y de manipulación al que esta inversión estará obligada implica la firma de un contrato de inversión que lo firmás o lo firmás, si no querés perder esa inversión. Esto no existía hasta hoy».

Según el reglamento aprobado, incluso las empresas ya instaladas deben revalidar su estatus, presentar nuevamente toda su documentación, demostrar solvencia ante el INSS, y someterse a la fiscalización constante del régimen y de Laureano Ortega. Quien no lo haga, quedará automáticamente fuera del marco legal y no podrá operar.

Con este nuevo entramado legal, el régimen Ortega-Murillo centraliza la inversión extranjera en una estructura política, discrecional, sin contrapesos ni transparencia, lo que genera un mensaje claro al mundo empresarial: Nicaragua no es un país confiable para invertir.