La empresa de origen estadounidense Riverside Coffee presentó una demanda contra el Gobierno de Nicaragua alegando que los paramilitares del régimen de Daniel Ortega destruyeron su inversión en una plantación de aguacate que tenían en el país. Culpan al Gobierno de Nicaragua por quedarse de brazos cruzados cuando los parapolicías invadieron esa propiedad.
El reclamo por 590 millones de dólares está dirigido contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (Mific), instancia responsable de negociar y administrar los acuerdos internacionales y regionales, en el ámbito del comercio y la inversión. Con la suma, la empresa norteamericana pretende recuperar los fondos invertidos en el proyecto.
Los demandantes argumentan que la administración orteguista ni actuó oportunamente para desalojar a los invasores, a quienes ubican como los parapolicías que salieron a atacar a los ciudadanos que protestaron contra el gobierno a partir de abril de 2018.
De acuerdo con una publicación de CIAR Global, revista de arbitraje de la comunidad Iberoamericana; «la demanda fue registrada por la Secretaría General de CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) el 2 de abril de 2021 y Riverside Coffee invoca al (mecanismo de solución de controversia del) Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central, DR-CAFTA».
El CIADI es la institución líder a nivel mundial destinada al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión.
Según la revista especializada, esta sería la tercera demanda de este tipo que enfrenta el Gobierno de Nicaragua. Con anterioridad, Shell Brands International AG junto a Shell Nicaragua S.A. y The Lopez-Goyne Family Trust también interpusieron queja internacional.
La compañía Riverside Coffee está a cargo de una cadena de cafeterías en Nicaragua y está en sociedad con la firma canadiense Appleton & Associates International Lawyers, con sede en Toronto.
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Mario Arana, expresidente de la Cámara de Comercio Americana (AmCham), explicó que «estas situaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en Guatemala se han dado situaciones en las que han sido invocados los instrumentos del Tratado porque para eso existen los Tratados, para facilitar las relaciones comerciales y de inversión. Es parte de un compromiso mutuo de resolver situaciones de la mejor forma para ambas partes».
Indicó que en el caso de Nicaragua, la situación es «prácticamente» nueva, por cuanto durante su presidencia en Amcham no conoció de otra demanda, y resolver el conflicto es «pasar por etapas de discusión para llegar a un entendimiento. Si llega a comprobarse que hay una compensación que pagar, pues efectivamente hay que hacerlo, hay ese tipo de consecuencias. La compensación la puede terminar pagando el país por la vía de alguna sanción comercial», señaló.
