Eliminación de la doble nacionalidad en Nicaragua es un acto «autoritario, inhumano, anárquico y destructor de derechos» 

La dictadura sandinista en Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecutó una nueva reforma constitucional a menos de tres meses de la institucionalización de la demolición de la Carta Magna . En el parche a la máxima ley del país se determina la eliminación del derecho a la doble nacionalidad.

Este acto ha sido calificado como autoritario, inhumano y contrario a los principios del derecho internacional. Esta medida marca un nuevo capítulo en el desmantelamiento de las libertades fundamentales en Nicaragua.

La activista y excarcelada política Yaritza Rostrán Mairena denunció en su cuenta de X que «hoy el sandinismo ha reformado nuevamente la constitución, de forma impositiva. Eliminando el derecho a la doble ciudadanía, lo que representa una nueva y grave violación a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses». Tacha la acción como «profundamente inhumana», ya que «castiga con la pérdida de la nacionalidad a quienes, obligados por la persecución política, el exilio forzado o la necesidad de sobrevivir, han debido buscar refugio y nuevas oportunidades en otros países».

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A estos cuestionamientos se sumó Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias, excarcelada política y a quien el régimen de Nicaragua le eliminó su derecho a la nacionalidad nicaragüense el 15 de febrero de 2023. Pineda advirtió que «son millones de nicaragüenses, se metan o no en política, los afectados con la eliminación de la doble nacionalidad». Añadió que esta medida podría convertirse en un mecanismo para «robar más propiedades de nicaragüenses que de forma automática le despojan de su nacionalidad solo porque adquirió otra».

Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) alertó, a través de sus plataformas virtuales, que «la reforma orteguista que despoja de la nacionalidad a quienes obtengan otra, es una acción totalitaria, ahora dirigida contra los desterrados, exiliados y comunidad de nicaragüenses en el exterior. Quieren imponer el miedo. No lo lograrán ¡Somos y seremos siempre nicaragüenses!». 

Una nota de prensa emitida por el colectivo Liberales Nicaragua indicó que la reforma es una «aberrante propuesta» que viola compromisos internacionales y acuerdos bilaterales previamente firmados por el Estado nicaragüense. Citando al constitucionalista Oscar Herdocia Lacayo (q.e.p.d.), recuerdan que «después de la Constitución, únicamente prevalecían los convenios internacionales y, agregaba, después de eso, solo Dios».

El documento acusa al régimen de actuar como un «Estado forajido, anárquico, enemigo del derecho internacional», y de lanzar una amenaza velada a otras naciones al romper unilateralmente compromisos internacionales.

Esta medida, sostienen, no solo afecta derechos ciudadanos, sino que también tiene un claro trasfondo económico: «pretende complicar las operaciones privadas de esos miles de personas y llevarlos a un punto crítico… para que luego, los testaferros de la dinastía terminen adquiriendo dichos bienes».

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El golpe no solo es jurídico, también es profundamente personal y colectivo. La ciudadanía, como lo indica Yaritza R. Mairena, es convertida en «un privilegio condicionado a la obediencia, en lugar de reconocerla como un derecho inalienable vinculado al origen, la identidad y la historia personal y colectiva». Es un paso más hacia la consolidación de una dictadura cerrada al mundo, en palabras de la activista, que «se acerca cada vez más a una dictadura de partido único… asimilando a China o Corea del Norte».

Lucía Pineda agregó que «hoy la dictadura sumó a más “vendepatrias” pues así consideran a quienes tienen doble nacionalidad». Este tipo de retórica evidencia el nivel de persecución e intolerancia del régimen hacia cualquier forma de disidencia o autonomía individual.

Los cambios

El nuevo texto aprobado por la Asamblea eliminó por completo la última oración del artículo 23 de la Constitución. Tras la aprobación en segunda legislatura se leerá: «Las y los extranjeros pueden ser nacionalizados previa renuncia a su nacionalidad originaria. Las y los centroamericanos de origen residentes en Nicaragua tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad».

Es decir, se borra toda referencia al reconocimiento legal de la doble nacionalidad, lo que implica un retroceso significativo en materia de derechos ciudadanos y deja a la dictadura al margen de los tratados internacionales y de los principios de reciprocidad internacional en materia de doble nacionalidad.

Por su parte, el artículo 25 sufrió una modificación aún más grave. El texto vigente hasta ahora afirmaba: «La calidad de nacional no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». Esa cláusula garantizaba que un nicaragüense que, por exilio o necesidad, obtuviera otra nacionalidad, no perdería su ciudadanía de origen. Pero con la nueva redacción aprobada por el oficialismo, el artículo 25 queda así: «La nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El cambio es drástico, y revierte completamente el principio de protección a la nacionalidad, abriendo paso a un mecanismo que el régimen puede usar para justificar legalmente la desnacionalización de ciudadanos exiliados.

Estas modificaciones ocurren menos de 90 días después de que el régimen aprobara y publicara una nueva Constitución que transformó de fondo el modelo de Estado, estableciendo una copresidencia institucionalizada para Rosario Murillo, el uso de la bandera del Frente Sandinista como símbolo nacional y la supremacía total del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, los que califican ahora llanamente como «órganos».