Plana mayor de la Policía y del Ministerio del Interior inaugura complejo turístico sobre instalaciones robadas al Club Casa España

El jefe de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, comisionado general Francisco Díaz, junto con la ministra y viceministro de Interior, María Amelia Coronel Kinloch y Luis Cañas, respectivamente; en un acto más de descaro inauguraron el Centro Recreativo y Escuela de Servicios Turísticos Nicaragüita, un complejo vacacional instalado sobre el complejo confiscado al extinto Club Casa España, una organización social y turística que operaba en el kilómetro 10.5 de la Carretera a Masaya, en Managua, y que fue ilegalizada por el régimen sandinista en marzo de 2022.

«Hoy nuestra jefatura suprema, comandante Daniel Ortega Saavedra, copresidente, y nuestra compañera Rosario Murillo Zambrana, copresidenta, ponen a nuestra disposición este hermoso centro», celebró el sancionado Díaz.

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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo destinó el nuevo centro recreativo y escuela de servicios turísticos exclusivamente para miembros de la Policía sandinista y del Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobernación), una forma de repartir el botín de las confiscaciones, que ha eliminado su personalidad jurídica y robado sus propiedades a cerca de seis mil organizaciones de la sociedad civil, en una guerra por desaparecer el derecho a la libertad de asociación.

«Nuestra copresidenta, la compañera Rosario Murillo, nos anunció que tenemos en nuestras manos, para todos nosotros que somos los del Ministerio del Interior y por supuesto por nuestra Policía Nacional, este centro recreativo y escuela de servicios turísticos Nicaragua. Es un orgullo para nosotros empezar a inaugurarlo. Estas son reivindicaciones de derecho donde cada uno de nuestros compañeros, compañeras, sus familias, porque lo más importante para nosotros es que tengamos esa recreación, esa conexión con nuestra familia», señaló Coronel Kinloch, obviando que este espacio que les destinaron es lo robado a Casa España.

La vocera gubernamental, en esta semana, describió el complejo turístico destinado a sus represores. Cuenta con «amplios espacios deportivos, piscinas olímpicas y salones para eventos», y será utilizado por «familiares de nuestros Policías, Bomberos, Agentes de Migración, Sistema Penitenciario» para celebrar «eventos especiales, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas».

«Es una escuela como el Hotel Escuela Luxemburgo en Pochomil, como el Hotel Escuela que se abrió en San Juan del Sur», comparó Murillo, destacando que la infraestructura dispone de «dos piscinas, 4 ranchos, canchas deportivas de tenis, frontón, pádel, voleibol, baloncesto, campo de fútbol, salones con capacidad de más de 200 personas, restaurante, cocina, bares, terrazas ideales para los encuentros y eventos», sin referirse en ningún momento que el nuevo club para policías está montado sobre un bien robado.

El asalto al Club Casa España

El Club Casa España fue fundado en 1964 por miembros de la comunidad española en Nicaragua, con el objetivo de fomentar la convivencia y fortalecer los lazos culturales entre España y Nicaragua. En 1969 obtuvo su personería jurídica y funcionó durante más de cinco décadas como un club recreativo, cultural y deportivo en la zona de Las Colinas, en la carretera a Masaya, con piscinas, canchas y salones de eventos que lo convirtieron en un referente social para socios españoles y nicaragüenses.

En marzo de 2022, el Ministerio de Gobernación ordenó el cierre temporal del club, alegando conflictos internos y «falta de entendimiento entre los socios». El régimen exigió una reestructuración de su directiva y la reforma de sus estatutos, pero lejos de una mediación administrativa, la institución fue blanco de una intervención autoritaria. Dos meses después, en mayo de ese mismo año, la Asamblea Nacional —controlada totalmente por el oficialismo— canceló la personería jurídica de la asociación, sin debido proceso.

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La toma física del inmueble se materializó el 29 de marzo de 2025, cuando agentes de la Policía sandinista irrumpieron en las instalaciones sin presentar orden judicial, impidiendo el ingreso de empleados y socios. Desde entonces, el régimen consolidó la confiscación del inmueble.

Con la cancelación de Casa España, no solo se liquidó una organización con vínculos históricos con la comunidad española, sino que también se destruyó un símbolo de convivencia cultural entre Nicaragua y España. La confiscación y transformación del club en un centro turístico exclusivo para fuerzas represivas, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, representa una doble afrenta: por un lado, la eliminación del derecho de asociación, y por otro, entregar un bien social y cultural a una institución represiva que no ha titubeado en imponer el terror y la muerte en Nicaragua y a la misma entidad que canceló la personería jurídica a esa organización social.