Ortega premia a su Policía represiva con centro turístico exclusivo montado en instalaciones robadas al Club Casa España

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inaugurará este viernes un nuevo centro recreativo y una escuela de servicios turísticos exclusivamente para miembros de la Policía sandinista y del Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobernación), según anunció la vocera gubernamental Rosario Murillo en su alocución del mediodía transmitida por medios oficialistas.

El complejo, bautizado como Centro Recreativo y Escuela de Servicios Turísticos “Nicaragüita”, ha sido instalado sobre el complejo confiscado al extinto Club Casa España, una organización social y turística que operaba en el kilómetro 10.5 de la Carretera a Masaya, en Managua, y que fue ilegalizada por el régimen. El club perdió su personería jurídica en el marco de la ola de cancelaciones contra más de 5,600 organizaciones no gubernamentales ejecutada por el régimen desde 2018, y sus bienes pasaron a manos del Estado sin ningún proceso judicial transparente.

Rosario Murillo confirmó este jueves que el nuevo centro es una «iniciativa» del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía. Según la portavoz y segunda al mando de la dictadura rojinegra, el espacio «servirá para recrearnos, así como para realizar cursos, aprendizaje, mejorar nuestros conocimientos alrededor de los servicios turísticos».

La primera dama y co-dictadora añadió que el lugar contará con «amplios espacios deportivos, piscinas olímpicas y salones para eventos», y será utilizado por «familiares de nuestros Policías, Bomberos, Agentes de Migración, Sistema Penitenciario» para celebrar «eventos especiales, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas».

«Es una escuela como el Hotel Escuela Luxemburgo en Pochomil, como el Hotel Escuela que se abrió en San Juan del Sur», comparó Murillo, destacando que la infraestructura dispone de «dos piscinas, 4 ranchos, canchas deportivas de tenis, frontón, pádel, voleibol, baloncesto, campo de fútbol, salones con capacidad de más de 200 personas, restaurante, cocina, bares, terrazas ideales para los encuentros y eventos», sin referirse en ningún momento que el nuevo club para policías está montado sobre un bien robado.

Aunque el régimen lo presenta como un espacio para la formación turística, la iniciativa en realidad representa un nuevo privilegio exclusivo para miembros de dos de sus principales brazos represivos: la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Ambos organismos han sido señalados nacional e internacionalmente por su papel en la represión violenta contra la ciudadanía desde 2018, la instauración de un estado policial, el espionaje y la persecución contra opositores y periodistas, así como la ejecución de confiscaciones, cancelación de ONG, despojo de la nacionalidad y otras violaciones graves de derechos humanos.

La confiscación de la propiedad de Casa España, y su conversión en un centro de recreación exclusivo para estas fuerzas represivas, es una muestra más del uso arbitrario del poder y del proceso sistemático de apropiación de bienes privados por parte del régimen, en beneficio de su estructura de control y represión.

Cancelación de la personería jurídica y el asalto

El Club Casa España fue fundado en 1964 por miembros de la comunidad española en Nicaragua, con el objetivo de fomentar la convivencia y fortalecer los lazos culturales entre España y Nicaragua. En 1969 obtuvo su personería jurídica y funcionó durante más de cinco décadas como un club recreativo, cultural y deportivo en la zona de Las Colinas, en la carretera a Masaya, con piscinas, canchas y salones de eventos que lo convirtieron en un referente social para socios españoles y nicaragüenses.

En marzo de 2022, el Ministerio de Gobernación ordenó el cierre temporal del club, alegando conflictos internos y «falta de entendimiento entre los socios». El régimen exigió una reestructuración de su directiva y la reforma de sus estatutos, pero lejos de una mediación administrativa, la institución fue blanco de una intervención autoritaria. Dos meses después, en mayo de ese mismo año, la Asamblea Nacional —controlada totalmente por el oficialismo— canceló la personería jurídica de la asociación, sin debido proceso.

La toma física del inmueble se materializó el 29 de marzo de 2025, cuando agentes de la Policía sandinista irrumpieron en las instalaciones sin presentar orden judicial, impidiendo el ingreso de empleados y socios. Desde entonces, el régimen consolidó la confiscación del inmueble.

Con la cancelación de Casa España, no solo se liquidó una organización con vínculos históricos con la comunidad española, sino que también se destruyó un símbolo de convivencia cultural entre Nicaragua y España. La confiscación y transformación del club en un centro turístico exclusivo para fuerzas represivas, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, representa una doble afrenta: por un lado, la eliminación del derecho de asociación, y por otro, entregar un bien social y cultural a una institución represiva que no ha titubeado en imponer el terror y la muerte en Nicaragua y a la misma entidad que canceló la personería jurídica a esa organización social.