«No es un acto de justicia, es un acto de conveniencia», denuncian oportunismo del régimen Ortega-Murillo en el caso contra Israel ante la CIJ

En una semana el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cambió radicalmente de postura ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A inicios de abril de 2025, Nicaragua notificó su retiro del proceso contra Israel por supuestos crímenes en Gaza, alegando falta de recursos financieros, pero el 10 de abril, anunció su reintegración al caso, señalando que retomaría la demanda gracias a «ofrecimientos de ayuda y colaboración», sin revelar la identidad de los financistas.

Para la activista de derechos humanos Liliam Robelo, este giro abrupto es otra muestra del cinismo político de una dictadura que ha convertido la política exterior en un instrumento de propaganda. «Este vaivén muestra que no existe una política de Estado coherente, y obviamente tampoco hay un compromiso firme con la causa palestina», afirmó en entrevista con Artículo 66.

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Según Robelo, integrante de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social, la dictadura sandinista utiliza el conflicto palestino-israelí como una plataforma para reposicionarse geopolíticamente. «Confirma que el régimen sigue usando esta demanda como una herramienta política para ganar relevancia internacional en medio de su creciente aislamiento», subraya.

La manipulación política

El comportamiento errático de Nicaragua, aunque legal dentro del marco de la CIJ —que permite que un Estado desista y retome un caso siempre que se respeten los procedimientos—, puede tener consecuencias. Robelo advierte que la Corte también se rige por principios como la buena fe y la seriedad. «Si un Estado utiliza la Corte como un escenario de manipulación política, podría recibir advertencias o incluso limitar la admisibilidad de futuras acciones», explica.

La activista considera que esta acción forma parte de un patrón más amplio: «Ortega y Murillo se han vuelto expertos en manipular simbología de justicia y resistencia, incluso cuando su propio accionar representa lo opuesto. Nicaragua hoy es una cárcel inmensa donde predomina la represión, la censura, el exilio y la muerte».

Los financistas sin identidades

La falta de transparencia en torno al financiamiento que permitió retomar el caso también levanta sospechas. «No se menciona quién está detrás de ese ofrecimiento. Eso genera más preguntas que respuestas», indica Robelo, quien apunta como posibles actores a regímenes como Irán o Rusia, así como a organizaciones propalestinas que, tal vez, no consideren el historial represivo del régimen.

«Puede que hayan ofrecido apoyo técnico o económico. Esta falta de transparencia en realidad es preocupante. porque revela como Ortega y Murillo instrumentalizan las causas legítimas para su propio beneficio», apunta. 

Cálculo geopolítico y cinismo diplomático

El regreso de Nicaragua a la CIJ podría entenderse como parte de un intento por alinear al régimen con el bloque del Sur Global que denuncia el genocidio en Gaza. Pero Robelo sostiene que no se trata de un acto de solidaridad legítima.

«Un régimen que ha desconocido organismos internacionales, expulsado misiones de la ONU (Organización de Naciones Unidas), cerrado casi 6,000 organizaciones y cometido actos sistemáticos de represión interna, no puede posicionarse como un garante del derecho internacional», sentencia.

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«Esta maniobra ante la CIJ no es inocente. Afecta directamente a nuestra población, porque mientras desvían recursos, atención y discurso hacia una causa internacional, siguen ignorando la verdadera urgencia del país: la represión, el desempleo, el exilio, la violencia», denunció.

Para Robelo, este movimiento internacional busca redirigir el foco lejos de las múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad que enfrenta el régimen desde 2018. «Lo que vemos es una operación de maquillaje político. Intentan limpiar su imagen nacional asumiendo causas vistas con simpatía global. Pero no se puede hablar de paz ni de derechos humanos cuando en Nicaragua se sigue encarcelando a quien piensa distinto», insistió.

«No es solidaridad si viene de un régimen que ha destruido los derechos humanos en su propia tierra», concluyó.