Alcaldías sandinistas se inventaron programas para financiar a paramilitares y garantizar sus «viáticos» y movilización en 2018

El informe presentando el tres de abril por del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) revela la estrategia implementado por las alcaldías nicaragüenses sandinistas para desviar fondos de supuestos programas para la municipalidad para financiar a los grupos de paramilitares que Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzaron a las calles para reprimir a punta de balas los manifestantes en 2018.

El grupo de la Organización de Naciones Unidas, en el documento Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018, sacó a la luz cómo diversas alcaldías municipales canalizaron esos recursos públicos para el financiamiento directo de grupos armados progubernamentales. Estos fondos fueron empleados para cubrir alimentos, transporte, pagos diarios y logística completa de las operaciones represivas.

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El informe señala que este financiamiento se realizó «bajo la apariencia de proyectos comunitarios y de limpieza», los cuales funcionaban como fachadas para el pago sistemático a estos grupos. Entre los proyectos mencionados están: «Cuido y limpieza del municipio», «Cuido y limpieza de los servicios públicos del municipio», «Fortalecimiento de limpieza y cuido de espacios comunitarios», «Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el casco urbano», «Atención a la emergencia humanitaria», «Fortalecimiento institucional para el mantenimiento, limpieza, vigilancia y resguardo de ejercicios», «Fortalecimiento para el cuido y la limpieza de espacios públicos municipales», «Fortalecimiento institucional para el mantenimiento, limpieza y vigilancia y resguardo de espacios públicos y gestión de riesgo» y «Limpieza y cuidado de la ciudad ante emergencia».

A 300 córdobas por día

A través de esta modus operandi, se establecieron pagos de 300 córdobas diarios. El documento explica que «bajo esta modalidad se pagaba a cada persona de estos grupos 300 córdobas por día, equivalentes a 8,20 dólares por día, por concepto de viáticos, alimentación y aseo».

Además del pago en efectivo, los grupos armados recibían apoyo completo para operar. El GHREN resalta que «estos fondos permitieron la sostenibilidad operativa de dichos grupos, garantizando su movilidad, comunicación y acciones de violencia y coerción», lo que implicaba vehículos, combustible, equipos de comunicación y alimentación diaria.

«Inicialmente estos pagos fueron establecidos por dos meses, pero se ampliaron en el tiempo hasta diciembre de ese año», señala el informe, evidenciando que la operación fue sostenida durante buena parte de 2018, precisamente cuando ocurrieron las masacres y los episodios más violentos de represión en Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 355 personas asesinadas en el contexto de la rebelión de abril de 2018.

Para evitar que se descubriera de dónde estaba saliendo el dinero para los paramilitares, el Estado implementó métodos de ocultamiento financiero. «Los primeros pagos se realizaron en planillas, pero para no dejar rastro, se contrató la tercerización de estos pagos a una empresa de alimentación», detalla el GHREN, dejando constancia de un esquema sistemático de encubrimiento desde las instituciones públicas.

El uso de fondos públicos se hizo sin ningún control ni rendición de cuentas. «La falta de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas ha propiciado un entorno de impunidad, dificultando la identificación de responsabilidades y la trazabilidad del uso de estos recursos públicos», denuncia el informe.

Este financiamiento institucional fue clave para sostener a los grupos armados que, como recuerda el GHREN, participaron directamente en actos de represión durante la crisis de 2018. «El Grupo de Expertos ha recibido información que miembros de estos grupos hacen parte de las nóminas de las alcaldías municipales, sin tener funciones específicas», detalla el informe, revelando que el financiamiento continúa hasta la actualidad.

Juventud Sandinista, en las planillas de las municipalidades

Asimismo, se confirma que la Juventud Sandinista, brazo juvenil del oficialismo, también es beneficiaria de pagos irregulares. «Miembros de la Juventud Sandinista reciben una ‘ayuda’, pagada en efectivo, una parte proveniente de las alcaldías municipales y otra parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional».

El informe no deja ningún cabo suelto. «El esquema vincula a instituciones públicas con grupos armados progubernamentales», lo cual constituye una grave violación a los principios democráticos y de derechos humanos, al utilizar estructuras estatales para financiar la represión.

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El GHREN considera que este entramado institucional de financiamiento público sirvió para «garantizar la operatividad de estructuras paralelas de control social y represión política», reforzando el control del régimen sandinista sobre la ciudadanía a través de medios violentos y extralegales.

Los grupos de choque del orteguismo fueron enviados a atacar tranques y barricadas a partir de mayo de 2018. Irrumpieron contra los ciudadanos que protestaban en Managua, Jinotepe, Diriamba, Masaya, Monimbó, Sébaco, Matagalpa, San Pedro del Lóvago, Santo Tomás, El Tule, Rivas, Morrito y otros municipios del país.

El momento más violento fue en la operación limpieza ejecutada entre junio y julio de ese año. Los policías y paramilitares usaron «fusiles de asalto AKMS, AK-47 versión alemana, fusiles AK-47, M-16, FAL, G-3, AK-103, AR-15, ametralladora pesada PKM, ametralladora ligera RPK, fusiles de francotirador Dragunov, fusiles M-24 SWS, fusiles catatumbo, lanza cohetes RPG-7, lanza granadas M-79, escopetas calibre 12 Mossberg, escopetas calibre 12 remington y escopeta calibre 12 Maverick 88» han determinado informes anteriores de organismos de derechos humanos.