El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tuvo que abandonar su arrogancia practicada contra el pueblo de Nicaragua y sentarse en el banquillo de los acusados, por segundo día consecutivo, ante el Tribunal del Centro Internacional de Solución de Controversias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, donde responde a una demanda de más de 689 millones de dólares por destruir una inversión de la empresa estadounidense Riverside Coffee.
Las sesiones, que se celebran en Washington, Estados Unidos, y que comenzaron el primero de julio, se extenderán hasta el día 12, convocadas por el Tribunal para ventilar cuestiones sobre «jurisdicción y fondo», en donde se incluye escuchar testimonios de testigos y según una valoración hecha para Artículo 66 por un jurista conocedor del caso que pidió anonimato, las cosas no han comenzado bien para la dictadura, sobre todo por el testimonio de un campesino testigo de los demandantes.
En junio de 2018, en plena escalada represiva desatada por la dictadura Ortega-Murillo contra las protestas sociales iniciadas en abril de ese año, un grupo de elementos armados, que desde el inicio fueron señalados como parte de los pelotones de paramilitares del régimen, invadió la finca Santa Fe, en Jinotega, y destruyeron extensas plantaciones de aguacate y árboles maderables que eran parte de la inversión de la ahora empresa demandante.
En 2021, la transnacional, amparada por los beneficios y protección que le brinda el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana-América Central, conocido como CAFTA-DR, demandó al Estado de Nicaragua, administrado por los dictadores Ortega y Murillo por la suma de 689.1 millones de dólares.
Testimonio de campesino evidencia salvajismo de paramilitares
Como parte del proceso, el Tribunal, integrado por tres árbitros internacionales, escuchó los testimonios y los interrogatorios de varios testigos, entre los que destacó la comparecencia del campesino Domingo Ferrufino, quien se desempeñaba como vigilante de la hacienda al momento de la invasión de los elementos armados.
El testimonio del campesino, realizado de forma virtual y a quien debían de hacerle las preguntas muy bien explicadas por su condición de analfabeta, puso en evidencia el típico actuar salvaje de los paramilitares del régimen que ha sido denunciado en reiterados testimonios en organizaciones de derechos humanos internacionales.
«Lo que más me perturba, por la todas las amenazas que tuve (recibió), por lo menos la primera vez, cuando el “Comandante Cinco Estrella (uno de los jefes del grupo amado invasor de las tierras)”, me dijo que iban a subir a la parte de arriba, (de la hacienda), y como no le dimos lugar (autorización), entonces me amenazó de muerte, me amenazó y me dijo: “ahí voy a regresar por ti”», relató el campesino que se quejaba constantemente de dolores en el cuello.
Ferrufino declaró ante los miembros del Tribunal arbitral que las palabras del jefe paramilitar se las tomó como una «seria amenaza» porque el sujeto estaba armado y con seis «invasores» más que estaban en una camioneta en la que habían llegado a ejecutar la acción.
«Unos días antes cuando entró el “Comandante Gorgojo (otro de los jefes de los armados” y “Avispa, uno de los hombres armados,” y se tomaron la parte de abajo en la hacienda fue cuando el pistolero me golpeó brutalmente con 25 invasores más que me agarraron con un cohete con con un mortero de cohete. Me dieron con las escopetas en el cuello y la espalda brutalmente, después me agarraron y me desarmaron y me agarraron a patadas y me acabaron de masacrar todavía en una herramienta de metal que había, una herramienta agrícola que habían ahí», contó el exvigilante de Santa Fe.
Ferrufino agregó que le dieron golpes además en el cuello, la espalda y las costillas, que eso ahora le perjudica tanto que presenta dolores de cabeza y dificultades para ver.
«Después de la brutal matada que me dieron me llevaron donde el Comandante Gorgojo a investigarme», relató. El exvigilante dejó claro que la ocupación de la finca Santa Fe fue el 18 de agosto de 2018.
Abogados de Ortega intentan confundir al tribunal
Los abogados que defienden al régimen de Ortega en el proceso arbitral desde la sesión del lunes han intentado desvirtuar los argumentos de los demandantes afirmando que la invasión de la Finca Santa es parte de un «litigio» de la familia Rondón con una cooperativa jinotegana y que la ocupación ilegal de las tierras de San Fe ocurrió antes de 2018.
En la sesión arbitral del martes compareció el empresario nicaragüense y coinversor en Santa Fe, Carlos Rondón, a quien uno de los abogados que representa al régimen de Managua en el proceso, intentó confundir tratando de hacerlo reconocer que la finca ha estado en litigio y ocupada desde los años 90, lo que el empresario negó y dejó claro que están mezclando dos hechos distintos en dos épocas distintas
Rondón les expuso a los árbitros internacionales que Santa Fe estuvo parcialmente tomada por desmovilizados de la guerra a inicios de los 90, pero ese problema fue resuelto mucho antes de 2018.
Maña vieja de la dictadura
En el 2018, luego del estallido social de abril de ese año, decenas de propiedades fueron tomadas por paramilitares y simpatizantes del sandinismo para presionar a los empresarios a retirar su apoyo a los manifestantes antigobierno, de esa forma fueron tomadas fincas del ahora fallecido presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) Michael Healy, férreo opositor al régimen y expreso político que murió en el destierro.
Detalles del proceso en que miden las costillas a Ortega
Según la Orden Procesal número uno en el arbitrio, el tribunal arbitral se constituyó en mayo de 2022 y a partir de esa fecha, sus miembros confirmaron que tienen disponibilidad para 24 meses para dedicarse a este caso, es decir, por dos años, lo que indica que ya se han excedido unos meses del plazo por lo que el proceso debe estar llegando al final.
En la misma Orden Procesal se establece que «De acuerdo con la actual tabla de honorarios, cada miembro del Tribunal recibe: US$375 (trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) por hora de trabajo realizado en relación con el procedimiento; y dietas, reembolsos de gastos de viaje y otros gastos de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI».
El Tribunal que conoce de la demanda contra Nicaragua está conformado por Veijo A. Heinkanen, presidente del Tribunal, de Ginebra, Suiza. Lucy Greenwood, árbitro, designada por la parte demandante y es de Reino Unido; y Philippe Counvreur, árbitro, designado por la parte demandada (Nicaragua), y es de Países Bajos.
La parte demandante acreditó como representante legal al despacho de abogados Appleton & Associates Abogados internacionales LP
Mientras que para la parte demandada, (la dictadura Ortega-Murillo) ha acreditado como representantes en el proceso a Sra. Wendy Morales Urbina y Hernaldo Chamorro, de la Procuraduría General de la República de Nicaragua y José Bermúdez Carvajal, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Además están acreditados por la parte demandada Analia González, James East, Fabian Zetina, Nahila Cortés, Diego Zúniga, Marco Molina y Carlos Ramos-Mrosovsky, todos de la firma de abogados Baker & Hostetler LLP.
Los costos del proceso
Según el artículo 61(2) del Convenio; Reglamento Administrativo y Financiero 14; Regla 28 del Reglamento de Arbitraje de la CIADI «Las partes cubrirán los costos directos del procedimiento en partes iguales, sin perjuicio de la decisión final del Tribunal sobre la distribución de costas».
En ese sentido, según consta en la Orden Procesal número uno «mediante carta de fecha 9 de mayo de 2022, el CIADI solicitó a cada parte el pago de US$150.000 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos) para cubrir los costos iniciales del procedimiento. El CIADI recibió el pago de la demandante el 6 de junio de 2022 y el pago de la demandada el 8 de junio de 2022».
