La persecución a la Iglesia católica de Nicaragua no cesa, pese a que hace un poco más de un mes la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó su plan de desterrar al obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez.
El 14 de enero de 2024, el régimen nicaragüense expulsó a Roma a 19 religiosos, a quienes tenía en calidad de rehenes políticos. Además del obispo Álvarez, en el avión envió al obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y dos seminaristas.
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Con ello, se esperaba que el acoso contra la institución religiosa disminuyera, pero no ha sido así. En redes sociales, activistas vinculados con la Iglesia han denuncia que siguen negando la entrada de regreso a Nicaragua a curas y que la vigilancia en las parroquias perdura.
«Llegan una vez por semana a tomar fotos y videos de todo (hasta de los servicios higiénicos). No se sabe qué buscan, pero su actitud es “como que si buscaran armas o bombas”», relató la abogada Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?.
Agregó que «la presencia de CPC, paramilitares y policías de civil en misas y otras actividades que se realizan a lo interno de los templos es permanente. Nada los inmuta. Los policías y miembros de la temida Seguridad del Estado están visitando a los sacerdotes en sus parroquias y casa curales, cuando ellos consideran que no hay presencia de fieles que den fe de estos asedios».
Además, Molina denunció en su cuenta de X que el hostigamiento por medio de visitas amenazantes persiste y que los delegados del orteguismo están pasando cualquier límite al punto de interrogar a los sacerdotes sobre sus «preferencias sexuales».
«Los presbíteros también están siendo víctimas de amplios interrogatorios en donde se les pregunta de sus preferencias sexuales, de la cantidad de hombres y mujeres que tienen, entre otras preguntas abusivas», reveló.
Control sobre las propiedades de la Iglesia
Desde el 27 de mayo de 2023, los Ortega-Murillo oficializaron una causa penal contra la Iglesia por supuesto lavado de dinero. Bajo esa trama judicial aún tienen en prisión a tres extrabajadores de Cáritas.
En este 2024, los enviados por el régimen continúan acechando a los religiosos con ese pretexto. «Piden revisar los libros parroquiales y cualquier otro documento que ellos consideren de interés como los títulos de propiedades muebles», finalizó Molina.
