Los ejecutores del terror: los once jefes del Ejército que la ONU señala por crímenes de lesa humanidad

A seis años del estallido social de abril de 2018, las heridas siguen abiertas en Nicaragua. Más de 300 personas asesinadas, miles de heridos, cientos de prisioneros políticos, decenas de desaparecidos y más de medio millón de personas forzadas al exilio componen el saldo de una represión estatal que fue planificada, ejecutada y perfeccionada desde las más altas esferas del poder.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha revelado en su más reciente informe, publicado el 3 de abril de 2025, una lista de 54 altos responsables de esa represión, identificándolos con nombres y cargos. Entre ellos hay ministros de Estado, jefes policiales, asesores de inteligencia, fiscales, jueces, diputados, dirigentes de la Juventud Sandinista, y una pieza clave que hasta ahora había sido protegida bajo una muralla de silencio: el Ejército de Nicaragua.

Por primera vez, la ONU señala directamente a 11 altos mandos militares —generales, coroneles y jefes de unidades— como autores materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad, acusándolos de haber utilizado la estructura del Ejército para reprimir a la población civil bajo órdenes directas del binomio presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El informe detalla cómo los mandos militares canalizaron órdenes verbales, sin dejar rastro documental, para movilizar tropas, francotiradores, agentes encubiertos y unidades regionales del Ejército, en conjunto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales. Las operaciones incluyeron ejecuciones extrajudiciales, infiltración de manifestaciones, tareas de inteligencia política y despliegues militares con armamento de guerra, todo fuera del marco legal que establece que el Ejército no puede participar en tareas de seguridad pública.

Esta revelación marca un antes y un después en el proceso de documentación de los crímenes del régimen sandinista. El mito de una institución «profesional y no partidaria» queda desmentido por las pruebas recopiladas, testimonios directos y reconstrucciones operativas que muestran a un Ejército al servicio de la represión.

A continuación, presentamos a los once oficiales que figuran en el informe de Naciones Unidas como miembros de la cadena de mando militar de la represión, junto a sus cargos y el papel que desempeñaron dentro de este engranaje de violencia y control.

Julio César Avilés Castillo – Comandante en Jefe del Ejército

Como máxima autoridad militar, Avilés canalizó las órdenes presidenciales para la represión de las manifestaciones, instruyendo verbalmente a los jefes de unidad, a fin de evitar registros escritos que los incriminaran. Según el informe, el general sabía que esas operaciones podían causar muertes, pero no detuvo el despliegue. Bajo su mando, los militares se involucraron en tareas represivas pese a que el Ejército no tiene competencia en seguridad pública, lo que la ONU califica como una desviación deliberada de sus funciones constitucionales.

«Una fuente del Grupo de Expertos manifestó que, durante este período, se dejaron de emitir órdenes por escrito, y todas las instrucciones fueron transmitidas de manera verbal y directa, con el objetivo de no generar registros documentales. Las órdenes eran impartidas por el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo, canalizadas a través del General Julio César Avilés Castillo, para posteriormente ser transmitidas a los comandantes de cada unidad para su ejecución. Las órdenes eran claras; la actuación del ejército era defender al país de las agresiones, inclusive si eso significaba aniquilar personas», dice parte del informe de los Expertos que señala directamente al jefe de las fuerzas armadas.

Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz – Jefe del Estado Mayor General del Ejército

Rodríguez fue quien leyó públicamente la orden presidencial de combate durante una reunión interna celebrada el 20 de abril de 2018 en el Estado Mayor del Ejército. En ese encuentro, ordenó a jefes militares regionales y a unidades especiales «neutralizar» a los líderes de las protestas, según una disposición que calificó como necesaria para enfrentar un supuesto «golpe de Estado». Su papel fue fundamental en traducir el mandato político en estrategia militar operativa.

«En dicha reunión, el Jefe del Estado Mayor General leyó una orden presidencial que, según la fuente del Grupo de Expertos se asimilaba a una disposición de combate por las características que ésta tenía. En su lectura, informó que el país se encontraba enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. La orden era que los oficiales presentes en la reunión iban a ser asignados por la Unidad de Personal y Cuadros, a diferentes unidades militares para “neutralizar” a los líderes de estas manifestaciones… vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales».

Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval – Exjefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID)

Balladares dirigió la inteligencia militar hasta julio de 2024. Según la ONU, su dirección se encargó de la vigilancia política contra opositores, trabajando en coordinación con la inteligencia policial y con Fidel Moreno, operador de confianza del régimen. Bajo su liderazgo, la DID operó como un órgano de persecución interna que alimentaba información para procesos de expulsión, detención o represalias contra críticos.

«El jefe de la Dirección de Información para la Defensa, General de Brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval en funciones hasta julio de 2024 y desde esa fecha el Coronel Álvaro Martín Peña Núñez, así como miembros de esta Dirección se han dedicado a la vigilancia política de personas críticas con el Gobierno. Esta Dirección intercambia información de inteligencia con Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional y con la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial dirigida por Adolfo Joel Marenco Corea hasta noviembre de 2022 y a partir de esa fecha con Zhukov Serrano Pérez, para identificar a las personas a expulsar», resumen el informe de la ONU.

Álvaro Martín Peña Núñez – Actual jefe de la Dirección de Información para la Defensa

Peña asumió la jefatura de la DID tras la salida de Balladares. El informe lo incluye como parte del aparato de inteligencia que mantuvo la vigilancia sobre manifestantes y opositores políticos. También habría facilitado intercambios de información con otras entidades represivas del Estado para ejecutar acciones de control político.

Leonel José Gutiérrez López – Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar

Gutiérrez lideró una segunda instancia de inteligencia castrense que colaboró activamente con la DID y con la Policía para infiltrar a las protestas. «Según una fuente del Grupo de Expertos a partir de abril de 2018 se realizó un “reclutamiento de más oficiales del ejército al órgano de inteligencia, casi de un 80% de personal del ejército iban para ese órgano. Luego la misma Dirección de Inteligencia les impartía un curso relámpago de 15 días sobre inteligencia y contrainteligencia, para que posteriormente ellos salieran a las calles a infiltrarse en las manifestaciones. Ahí detectaban quienes eran los cabecillas de las manifestaciones. Los oficiales captados para inteligencia eran de todas las unidades y oficiales retirados. Los militares salían, se dejaban crecer la barba y el pelo para evitar ser identificados, andaban de civil y armados».

Manuel Salvador Gaitán – Jefe del Comando de Operaciones Especiales y de la Dirección de Doctrina y Enseñanza

Gaitán fue el responsable, según la ONU, de ordenar el despliegue de francotiradores durante las protestas, en conjunto con mandos policiales. Estos francotiradores, altamente entrenados, fueron colocados en posiciones estratégicas y utilizaron rifles de precisión para disparar contra manifestantes. La presencia de estos tiradores indica —según el informe— una intención deliberada de causar muertes, no de contener disturbios.

«El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que el Coronel de Infantería Manuel Salvador Gaitán, jefe del Comando de Operaciones Especiales del ejército y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales dirigida por Justo Pastor Urbina ordenaron el despliegue de francotiradores con rifles de precisión diseñados para disparos de largo alcance con gran exactitud».

El reporte de los expertos de Naciones Unidas concluye sobre el uso de francotiradores que «de conformidad con los hallazgos previamente establecidos por el Grupo de Expertos, el despliegue de francotiradores en los operativos de represión sugiere una intencionalidad dirigida a causar la muerte de las personas manifestantes, dado que su entrenamiento está orientado a abatir objetivos con precisión».

José Hilcias Rizo Rizo – Jefe del Primer Comando Militar Regional (Estelí, Madriz y Nueva Segovia)

Rizo fue uno de los jefes regionales que desplegó personal militar vestido de civil o con uniformes policiales para reforzar la represión. Su unidad participó directamente en operativos conjuntos con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales en la zona norte del país.

Vladimir Ilich Martínez Jarquín – Jefe del Segundo Comando Militar Regional (León y Chinandega)

Al igual que Rizo, Martínez Jarquín movilizó a su tropa para apoyar la represión en su jurisdicción, según la ONU. Sus efectivos participaron en operativos violentos para desmantelar barricadas y castigar protestas, con presencia encubierta y en apoyo a fuerzas policiales.

Denis Manuel Hernández Martínez – Exjefe del Quinto Comando Militar Regional (Boaco y Chontales)

Hernández Martínez también ordenó la participación activa de sus unidades militares en tareas represivas, disfrazadas de operaciones de seguridad. Según el informe, sus tropas se desplegaron junto a fuerzas paramilitares y policiales para reprimir protestas en el centro del país.

Álvaro Francisco Rivas Castillo – Jefe del Destacamento Militar Sur (Río San Juan)

Rivas Castillo dirigió las operaciones represivas en la zona sur del país, incluyendo acciones conjuntas con el Batallón Ecológico BOSAWAS. Su unidad también fue desplegada en labores de persecución y disuasión contra movimientos de protesta en esa región.

Marvin Antonio Paniagua Pineda – Jefe de Relaciones Públicas e Internacionales del Ejército

Paniagua figura en el informe como exjefe del Sexto Comando Militar Regional (Matagalpa y Jinotega), con lo cual habría tenido bajo su control zonas de fuerte resistencia popular. Aunque actualmente ocupa un cargo institucional de imagen, su rol operativo durante la represión de 2018 lo vincula directamente con decisiones de despliegue militar contra civiles.