Laureano Ortega amplía su control sobre las inversiones extranjeras en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue consolidando el poder de su círculo familiar con la designación de Laureano Ortega Murillo como supervisor y regulador de la inversión extranjera en Nicaragua. A través de una iniciativa de ley presentada ante la Asamblea Nacional, el dictador propuso la creación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), que estará bajo la dirección de su hijo, quien ya desempeña el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

La CNIE se perfila como el ente rector de la política de inversión en Nicaragua, asumiendo facultades que incluyen la resolución de solicitudes de inversión estratégica, la gobernanza del sector y la presentación de mecanismos de promoción y facilitación de capital extranjero, siempre sujetos a la aprobación de Ortega y Murillo.

El proyecto establece la creación de un registro obligatorio para todos los inversionistas extranjeros en Nicaragua y regula sus derechos y obligaciones. Además, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) será el encargado de centralizar y simplificar los trámites para el establecimiento y operación de inversiones en el país.

Poder absoluto sobre las inversiones

Laureano Ortega Murillo, quien ya ha estado a la cabeza de los acuerdos comerciales con países aliados del régimen como Rusia, China, Irán y Bielorrusia, ahora tendrá un mayor control sobre el flujo de capital extranjero en Nicaragua. Su papel al frente de la CNIE le permitirá decidir qué inversiones entran, bajo qué condiciones operan y cuáles serán consideradas estratégicas por el régimen.

Según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, el país captó 2.235,7 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en los primeros nueve meses de 2024, un incremento del 13,4 % respecto al mismo período de 2023. Panamá lideró la inversión con 262,4 millones de dólares (24,9 % del total), seguido de Estados Unidos con 206,1 millones (19,6 %) y España con 80 millones.

Más control, menos transparencia

La iniciativa de ley refuerza la tendencia del régimen sandinista de centralizar y monopolizar el poder en manos de la familia Ortega-Murillo, desplazando cualquier instancia técnica o independiente que regule la inversión extranjera. Al darle a Laureano Ortega Murillo la supervisión de este sector, el régimen se asegura de que todo capital que entre al país pase por su filtro político y económico.

Además, el modelo que se pretende implementar limita la independencia de los inversionistas, sometiéndolos a regulaciones y registros manejados por el círculo de poder del régimen. Aunque el proyecto de ley menciona que los inversionistas tendrán derecho a la compra y venta de divisas, transferencias al exterior y compensaciones por expropiaciones, la falta de transparencia y el alto nivel de control político generan incertidumbre sobre la verdadera seguridad jurídica para los capitales foráneos.

Con esta nueva estructura, Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan asegurando que el manejo de los principales recursos económicos del país quede en manos de su familia, cerrando aún más el espacio para la inversión independiente y consolidando su dominio absoluto sobre la economía nacional.

Asegurando la dinastía familiar

El nombramiento de Laureano Ortega Murillo como supervisor de la inversión extranjera en Nicaragua no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia del régimen para consolidar aún más su control sobre la economía del país y asegurar la continuidad de la dinastía familiar en el poder. Hijo del dictador Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, Laureano ha sido perfilado desde hace años como la pieza clave en la sucesión del régimen, acumulando cargos estratégicos y representando al país en negociaciones internacionales de alto nivel.

Desde su designación como asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, ha sido la cara visible del gobierno en temas de comercio y diplomacia económica. Ha liderado delegaciones oficiales en China y Rusia, firmando acuerdos en nombre del régimen, y ha sido el principal interlocutor con aliados estratégicos como Irán y Bielorrusia. Su rol va más allá de una simple asesoría: en la práctica, ha desplazado a funcionarios del gabinete y ha centralizado en sus manos decisiones clave para el rumbo económico del país.

Uno de los episodios más emblemáticos de su influencia ocurrió con la firma del fallido proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, donde actuó como enlace principal con el empresario chino Wang Jing. La megainfraestructura, que prometía transformar el país en un centro logístico mundial, nunca se materializó, pero dejó un rastro de corrupción y la amenaza que todavía pende sobre campesinos a quienes podrían despojarlos de sus tierras.

Ahora, con la nueva iniciativa de ley, se oficializa aún más su poder con la creación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), que será la máxima autoridad en la materia. Según el Artículo 4 de la propuesta:

«Créase la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) como la Autoridad competente de aplicación de la presente Ley, conformado por:
a. Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional (Laureano Ortega Murillo), quien lo coordina.
b. Presidente del Banco Central.
c. Ministro de Fomento, Industria y Comercio.
d. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas.»

Con esta estructura, Laureano Ortega no solo supervisará la inversión extranjera en el país, sino que tendrá bajo su control las decisiones clave sobre qué inversiones son aceptadas y bajo qué términos operarán.

El delfín de la dinastía Ortega-Murillo

Dentro del círculo de poder en Nicaragua, no es un secreto que el régimen ha diseñado un plan de sucesión dinástica. Daniel Ortega y Rosario Murillo han establecido un esquema de gobierno en el que su familia maneja la totalidad de las instituciones del Estado, incluyendo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los demás órganos de poder, garantizando así un control absoluto sobre la esfera estatal. Esto ha permitido que el régimen funcione sin contrapesos, asegurando que, tras la eventual salida de Ortega, Murillo tome las riendas del país y, posteriormente, sea Laureano quien continúe el legado familiar.

Lejos de ser un político tradicional, Laureano ha utilizado su posición para consolidar una imagen de gestor y negociador internacional, aunque en la práctica su autoridad proviene exclusivamente de sus padres. Su creciente protagonismo en la administración pública y el control sobre sectores estratégicos de la economía apuntan a un proceso de sucesión que ya está en marcha.

La CNIE tendrá amplias funciones, incluyendo la aprobación de inversiones estratégicas y la gobernanza del sector. De acuerdo con el Artículo 5 de la iniciativa de ley:

«La CNIE tendrá las siguientes funciones:
1. Fungir como la Autoridad competente de Aplicación de la presente ley.
2. Resolver sobre las solicitudes de Inversiones Estratégicas.
3. Ejercer las funciones de gobernanza y direccionamiento estratégico en el ámbito de las Inversiones Extranjeras de conformidad al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano y la Estrategia Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones.
4. Presentar para aprobación de la Presidencia de la República:
a. Acciones de articulación interinstitucional para la implementación de la Estrategia Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones.
b. Mejoras al marco normativo aplicable a las Inversiones Extranjeras para el desarrollo de un entorno favorable de las mismas.
c. Mecanismos para la promoción, facilitación y fomento de la Inversión Extranjera.»

Caprichos financiados con fondos públicos

Más allá de su papel político, Laureano Ortega Murillo es conocido por su afición a la ópera y la música clásica. En un país con altos niveles de pobreza, ha destinado recursos públicos para sostener Incanto, una asociación de música lírica que ha servido como su proyecto personal. Investigaciones periodísticas han revelado que esta organización ha recibido millonarios fondos del Estado nicaragüense, a pesar de no generar beneficios tangibles para la población.

El manejo discrecional de estos recursos se suma a una larga lista de denuncias sobre el uso del dinero público para financiar los gustos y lujos de la familia Ortega-Murillo, que incluye desde mansiones y automóviles de lujo hasta proyectos de moda, productoras de televisión, grupos musicales, y por supuesto inversiones millonarias en al menos seis estaciones de televisión y radioemisoras.

Con su nuevo cargo al frente de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, Laureano Ortega amplía su influencia en la economía del país, controlando quién puede invertir, bajo qué condiciones y qué sectores recibirán prioridad. Más que una estrategia de desarrollo económico, este movimiento confirma el afán del régimen de concentrar aún más el poder en su círculo familiar, cerrando el espacio para cualquier actor económico que no esté alineado con su esquema de control absoluto.