CIDH otorga medidas cautelares a los presos políticos Carlos Vanegas y Efrén Vílchez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado de prensa, divulgado esta semana, indicó que otorgó medidas cautelares a favor de los presos políticos Carlos Alberto Vanegas Gómez y Efrén Antonio Vílchez López por considerar que ambos se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia».

Señaló que los derechos a la vida e integridad personal de estos dos prisioneros políticos «enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua».

«Las personas beneficiarias se encuentran privadas de libertad en condiciones insalubres e inhumanas, tanto en el Sistema Penitenciario de Granada como en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro», indicó la CIDH.

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Vanegas Gómez, de 34 años, originario de Masaya es uno de los reos de conciencia que fueron recapturados por el orteguismo, pese a ser liberados bajo la Ley de Amnistía de junio de 2019. La primera vez que fue detenido fue acusado de al menos siete delitos que incluían crimen organizado, robo con intimidación, extorsión, daños agravados, tenencia ilegal de armas, asesinato y profanación de cuerpo.

El ciudadano fue detenido por segunda ocasión en enero de 2022, acusado por delitos comunes, y desde entonces se encuentra en el penal de Granada.

Vílchez López, de 50 años, originario de San Rafael del Sur, fue detenido desde mayo de 2022, acusado de delitos comunes y se encuentra en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

La CIDH denunció que ambos presos políticos «no están recibiendo la atención médica que requerirían para sus padecimientos de salud, ni alimentación adecuada» y «existen alegatos de posible tortura».

Estado de Nicaragua calla ante la CIDH

El organismo solicitó al Estado de Nicaragua información sobre las denuncias que recibieron, pero asegura que este «no proporcionó información a la CIDH».

La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias» y asegure que «las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia».

Los defensores urgieron que se garantice que estos dos presos de conciencia «no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones, y agresiones dentro del centro penitenciario; se atienda sus alegatos de tortura; se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, tratamientos y medicamentos e inmediatamente se realice una valoración médica integral sobre su situación de salud».

También orientan que «se les brinde acceso inmediato a alimentación y agua adecuada; y se evalúe la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad, dada la imposibilidad de proteger sus derechos a la luz de las actuales condiciones de detención».