Estas son las noticias más importantes del 27 de noviembre de 2024

La noche del 27 de noviembre, empezó a moverse en redes sociales una circular, supuestamente, firmada por el Superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, que dirige a los «gerentes generales de agentes supervisados», en la que se refiere a la Ley de los Sancionados y las medidas que deberían de tomar las instituciones bancarias nacionales para evitar la catástrofe que ya está anticipada.

En la comunicación, el funcionario sandinista, quien además está sancionado también por Estados Unidos desde el 15 de noviembre de 2021, agrega como referencia a «Instrucciones sobre el cumplimiento de la Ley No. 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, con respecto a las regulaciones contractuales internacionales».

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En el documento, identificado con el código DS-DS-3882-11-2024/LAME (las últimas cuatro letras parecieran ser las iniciales de Luis Ángel Montenegro Espinoza), el superintendente de bancos envía dos instrucciones. Por un lado, dice que «las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo», aunque nada de eso está dicho en la Ley de los Sancionados que Ortega mandó a aprobar el pasado lunes, 25 de noviembre y publicó ese mismo día en horas de la tarde en el diario oficial La Gaceta.

En un segundo punto de la circular, Montenegro le dice a las «instituciones financieras (que) deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas (de sancionados) y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)».

Debe verificarse, les insiste el superintendente de bancos, «que la prestación de servicios financieros internacionales para “estos clientes” guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales».

La circular del superintendente de bancos ha sido interpretada por algunas personas como un retroceso de Daniel Ortega en su intento de burlar las sanciones, por que se habría convencido de que pretender ignorar las maniobras de Estados Unidos iba a terminar por liquidar a la banca nacional y con ello se estaría pegando «un tiro en el pie»; no obstante, la redacción del segundo punto de esta «instrucción», también deja ver la posibilidad de que sea un artificio de la dictadura para lograr que al final la banca reabra las cuentas de sus cómplices sancionados, sin tener consecuencias con la OFAC.

La «Iniciativa de Ley que regula la cooperación brindada por los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua», con la que el dictador Daniel Ortega busca condicionar a sus lineamientos autoritarios a la cooperación internacional proveniente de organismos, agencias y misiones diplomáticas en Nicaragua, contradice los estándares internacionales, especialmente en materia de democracia, libertades y derechos humanos, confirman especialistas consultados por Artículo 66.

Para realizar transacciones internacionales y poder mover millones de dólares que se generan producto del comercio y las remesas, los bancos nicaragüenses tienen vínculos con bancos extranjeros a través de contratos de «corresponsalías», lo que les permite estar activos en el sistema de interconexión bancaria conocido como Swift, y que se rige por las políticas de control financiero mundial.

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Esos nexos financieros le permiten a la banca local recibir transferencias electrónicas, remesas familiares, que sus clientes en Nicaragua puedan pagar o cobrar bienes y servicios, exportaciones e importaciones y también permite que las entidades bancarias de Managua puedan extender tarjetas de débito y crédito que están ligadas a las transnacionales Visa, MasterCard o American Express.

En el caso específico de Nicaragua, según una revisión que el equipo de Artículo 66 hizo en los sitios web de las siete instituciones financieras, autorizadas y reguladas por la Superintendencia de Bancos, al menos cinco de ellas tienen pública su relación con 54 bancos corresponsales, distribuidos en 15 países.

En el artículo 2 de esta iniciativa de ley se orienta que la cooperación que se brinde al país «se realizará sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales, con estricto respeto a la soberanía nacional, independencia y autodeterminación, sin injerencia en asuntos internos y de acuerdo a la legislación nacional y los principios del derecho internacional».

Enrique Martínez, defensor de derechos civiles y políticos de Nicaragua, y parte de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), además de señalar estas «condiciones que contradicen los estándares internacionales, especialmente en materia de democracia, libertades y derechos humanos», valoró que «es una estrategia que se enmarca en un intento por atribuir la crisis económica a la reducción del financiamiento internacional cuando todos sabemos que se debe a la crisis país producto al desmantelamiento institucional, democrático y la represión».

La normativa, enviada por Ortega, a juicio del opositor «afecta directamente a organismos como USAID, la Unión Europea (UE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agencias de las Naciones Unidas, como UNICEF y ACNUR, que históricamente han trabajado en áreas críticas como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el fortalecimiento de la educación y la salud pública».

«El interés del régimen en controlar los perfiles de quienes operan en la cooperación internacional no es casual. Busca impedir que personas críticas o con experiencia en derechos humanos y democracia puedan influir, directa o indirectamente, en el debate nacional, la documentación de abusos o el seguimiento de la situación en Nicaragua. Además, este control podría ser un paso previo hacia una reforma más amplia que restrinja aún más las relaciones diplomáticas del país, consolidando su aislamiento internacional y evidenciando su desprecio por los tratados y normas internacionales», apuntó Martínez.