Cooperantes podrían abandonar Nicaragua por nueva ley de Ortega que condiciona a agencias de ayuda internacional

La «Iniciativa de Ley que regula la cooperación brindada por los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua», con la que el dictador Daniel Ortega busca condicionar a sus lineamientos autoritarios a la cooperación internacional proveniente de organismos, agencias y misiones diplomáticas en Nicaragua, contradice los estándares internacionales, especialmente en materia de democracia, libertades y derechos humanos, confirman especialistas consultados por Artículo66.

En el artículo 2 de esta iniciativa de ley se orientan que la cooperación que se brinde al país «se realizará sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales, con estricto respeto a la soberanía nacional, independencia y autodeterminación, sin injerencia en asuntos internos y de acuerdo a la legislación nacional y los principios del derecho internacional».

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Además, en el artículo 6 se ordena a los organismos y agencias de cooperación que «previo a la designación de un funcionario o miembro, deben solicitar por escrito la anuencia del Minsiterio de Relaciones Exteriores, especificando cargo y funciones a desarrollar. A dicha solicitud deben adjuntar la hoja de vida del funcionario propuesto».

Enrique Martínez, defensor de derechos civiles y políticos de Nicaragua, y parte de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), además de señalar las estas «condiciones que contradicen los estándares internacionales, especialmente en materia de democracia, libertades y derechos humanos», valoró que «es una estrategia que se enmarca en un intento por atribuir la crisis económica a la reducción del financiamiento internacional cuando todos sabemos que se debe a la crisis país producto al desmantelamiento institucional, democrático y la represión».

«Disfrazada de una defensa de la soberanía y la autodeterminación, esta medida tiene como objetivo principal consolidar el control estatal, evitando cualquier tipo de fiscalización o influencia externa que desafíe el modelo autoritario impuesto por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Más que proteger al país, esta regulación busca blindar al régimen frente a compromisos inherentes a la cooperación internacional, como la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la sociedad civi», añadió Martínez.

Cooperantes externos afectados

La normativa, enviada por Ortega, a juicio del opositor «afecta directamente a organismos como USAID, la Unión Europea (UE), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agencias de las Naciones Unidas, como UNICEF y ACNUR, que históricamente han trabajado en áreas críticas como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el fortalecimiento de la educación y la salud pública».

«El interés del régimen en controlar los perfiles de quienes operan en la cooperación internacional no es casual. Busca impedir que personas críticas o con experiencia en derechos humanos y democracia puedan influir, directa o indirectamente, en el debate nacional, la documentación de abusos o el seguimiento de la situación en Nicaragua. Además, este control podría ser un paso previo hacia una reforma más amplia que restrinja aún más las relaciones diplomáticas del país, consolidando su aislamiento internacional y evidenciando su desprecio por los tratados y normas internacionales», apuntó Martínez.

El Presupuesto General de la República de 2025, según la iniciativa de PGR divulgada por la Asamblea Nacional, pretende ejecutar el próximo año un total de 1,050 millones de córdobas, que están destinados para «programas y proyectos para el desarrollo económico y social del país, en particular con destino al gasto en educación, energía eléctrica, salud y protección del medio ambiente».

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Dichos recursos, según el PGR de Nicaragua, provienen de organismos internacionales y gobiernos, entre esos: Unión Europea (557.5 millones de córdobas), Banco Interamericano de Desarrollo (175 millones de córdobas), Kuwait (60.7 millones de córdobas), Banco Centroamericano de Integración Económica (51.4 millones de córdobas), Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (48.8 millones de córdobas), y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (46.2 millones de córdobas).

También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (30.2 millones de córdobas), Fondo Mundial de Rehabilitación (23.6 millones de córdobas), Organización Panamericana de la Salud (15.1 millones de córdobas), Banco Mundial (13.2 millones de córdobas), España (9.3 millones de córdobas) y Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (8.4 millones de córdobas).

El defensor Martínez asegura que el cierre total a cualquier iniciativa que promueva «principios incompatibles con el proyecto autoritario del FSLN» y la insistencia en la supervisión «hasta los mínimos detalles de la cooperación internacional, el régimen no solo refuerza su aislamiento, sino que valida las denuncias de la oposición y la sociedad civil organizada sobre la falta de transparencia y respeto por los derechos fundamentales».

Además, advirtió que a medida que las agencias internacionales de cooperación se enfrenten a estas restricciones, «muchas podrían optar por abandonar el país, dejando desatendidas a las comunidades más vulnerables y profundizando los problemas estructurales de Nicaragua».