La reforma constitucional de Daniel Ortega impondrá «un sistema dinástico totalitario»

La reforma «parcial» a la Constitución Política de Nicaragua, enviada esta semana por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional, también controlada por el régimen autocrático, a juicio de analistas políticos y defensores nicaragüenses, concreta el sistema dinástico en el país.

El analista político Héctor Mairena, en entrevista con Artículo 66, refirió que la reforma muestra «una profundización del estado totalitario de Nicaragua», ya que los dictadores Ortega y Murillo «están diseñando un estado, vía reforma constitucional, exactamente a su medida. Esto quiere decir que ha resuelto el tema de la sucesión (…), de tal forma que ahora habría dos presidentes, indudablemente Ortega sería uno de ellos y Murillo la otra. Pero, además, dicen que van a nombrar a los vicepresidentes, entonces, tendrán la potestad total de nombrar a sus eventuales sucesores, por lo que esto parece más una dinastía, un sistema monárquico».

Además, mencionó que parte de las reformas enviadas por Ortega y Murillo, entre otras, «dicen que solamente podrán existir los partidos que se identifiquen con los principios que ellos definan al Estado, es decir, que esos partidos deben de definirse como socialistas, revolucionario, etc., de tal forma que es el otro aspecto sumamente grave, y es el camino al partido único».

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«Los nicaragüenses debemos de estar conscientes de la gravedad de estas reformas constitucionales que, como repito, solo apuntan a afianzar el sistema totalitario y el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo», agregó.

La defensora de derechos humanos Haydee Castillo, desde el exilio, señaló que la reforma a la Constitución enviada por Ortega y Murillo, primeramente, a su juicio, no es parcial, sino total y «pone en evidencia que la dictadura se siente completamente vulnerable a los imprevistos en la historia, como ha pasado en la historia de Nicaragua, y por tanto se muestra totalmente a la defensiva».

Además, consideró que con esto el orteguismo manda «un mensaje a la comunidad internacional, al multilateralismo, expresando como una familia puede en pleno siglo XXI tomarse por asalto a un país y someterlo a su voluntad».

Sin independencia de poderes

Juan Diego Barberena, abogado y activista político, concuerda con el análisis de Mairena al señalar que en este texto constitucional queda clara la imposición de un «estado totalitario». Estamos pasando del Estado Democrático formalmente hablando, que sabemos que desde hace muchos años no existe, al Estado Familia, de la familia Ortega Murillo, cuando se manifiesta el apartado relacionado al Poder Ejecutivo, que se llamará ahora Presidencia, que será ejercido totalmente por un copresidente y copresidenta, con lo cual ellos resuelven el tema de la sucesión dinástica».

Apuntó que estas reformas amplían el período presidencial de cinco a seis años e incluso en la «disposición relativa al artículo 53, 55, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos, lo que se conoce como elecciones periódicas, eso es eliminado, de tal manera que podría interpretarse que cualquier persona puede ser electa sin necesidad de elecciones periódicas».

El abogado destacó que la reforma enviada por el orteguismo también establece la eliminación de la independencia de los poderes del Estado de Nicaragua, y los reduce a la figura de «órganos», imponiendo además «la coordinación del presidente y copresidente con todas estas instituciones, y si este coordina, en consecuencia, este les ordena y puede perfectamente entrometerse en sus funciones».

La iniciativa orteguista además reduce la cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pasando de 16 a 9; y los del Consejo Supremo Electoral (CSE), que solo tendrán 5 y no 9 magistrados como están ahora.

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Barbera mencionó que el orteguismo impone «un estado familia partido», al ubicar también en esta reforma constitucional como símbolos patrios las banderas rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la utilizada por Augusto C. Sandino.

La bandera del FSLN en los últimos seis años ha sido repudiada por los nicaragüenses. Desde las protestas de abril de 2018 la quema de esa bandera se convirtió en un acto de protesta contra la dictadura Ortega-Murillo, señalada de cometer crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses.

Cercenan derechos y libertades

El abogado Barberena denunció que, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el régimen también cercena de la Constitución Política «disposiciones relacionadas a derechos fundamentales. Lo primero: las reglas básicas del debido proceso, las eliminan en el artículo 34. Elimina derecho a tener un abogado, una llamada luego de una detención, la oralidad en los procesos judiciales, no ser juzgado dos veces sobre lo mismo, esas normas básicas fueron eliminadas».

«Ahora pretenden que solo se establezca que todo nicaragüense tenga derecho a la tutela efectiva de sus derechos y reglas del debido proceso, pero ¿cuál debido proceso? No es el debido proceso que está establecido en la Constitución Política, es el de las leyes de la dictadura que ha reformado la dictadura (…) sustrae a la persona como sujeto de derecho, las garantías básicas de un proceso de cualquier tipo, penal, civil, laboral o administrativo como tal»

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Otros de los cambios detectados por Barberena en la reforma constitucional son en relación a la «plena vigencia dentro del territorio nicaragüense, uno, la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses», y sobre todo la plena vigencia de algunos instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos.

«Ese artículo (54) lo que da paso a lo que se conoce en el sistema interamericano al control de convencionalidad, que vinculaba al Estado de Nicaragua no solamente a respetar los derechos consignados en la Constitución, sino también a respetar los establecidos en la Convención, y al eliminarlos el Estado se está desligando, teniendo una obligación internacional con la Convención Americana de Derechos Humanos», explicó.

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El también analista político, que se tomó el tiempo de revisar a detalle la reforma constitucional enviada por Ortega, además detectó que desligarse de sus obligaciones relacionadas al respeto y promoción de derechos humanos, cercena y limita algunas libertades como la religiosa, de información, expresión, organización, asociativa o partidaria.

«Ahora establece que todos estos están sujetos a siempre y cuando se observen los principios fundamentales de la Constitución, es decir lo que para ellos pasa porque Nicaragua es un estado revolucionario, que sus símbolos patrios son la bandera roja y negra», indicó.

Los analistas políticos y defensores concuerdan en que la reforma orteguista supone para Nicaragua un retroceso en materia de Estado de Derecho, que debería poner en alerta a la comunidad internacional.