Dictadura de Nicaragua salta en defensa de Dante Mossi por demanda del BCIE contra el expresidente de esa institución financiera

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo salieron en defensa de Dante Mossi, por la demanda que interpuso el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la institución financiera regional contra el expresidente Ejecutivo por haber violado las políticas de esa institución durante su mandato.

El BCIE informó, este cinco de septiembre, en una nota oficial publicada en su sitio web, que ha interpuesto una demanda por la vía civil contra Mossi en el distrito de Columbia, Estados Unidos por «incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato».

Además, la acción legal contra Mossi, es por  «violación a la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO: Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado». El Banco regional aclara que «Esta acción, no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco».

Ortega y Murillo salen en defensa de su amigo Mossi

Ante la acción legal iniciada por la institución financiera, de la que el Estado de Nicaragua es socio, los dictadores Ortega y Murillo ordenaron al gobernador ante la institución y ministro de Haciendo y Crédito Público, Bruno Gallardo, remitir una carta a la presidenta Ejecutiva del BCIE, Ana Gisela Sánchez Maroto, expresando su «desacuerdo» con la demanda y reclamando por qué no les consultaron.

En el documento firmado por Gallardo, el régimen Ortega-Murillo expresa que «no respalda y se distancia de esta demanda», y señalan que el BCIE «debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su imagen y que puedan ser sujetas de manipulación política».

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Asimismo, la dictadura nicaragüense insinúa que tal demanda debió interponerse en Nicaragua y otro país de la región al señalar que los Estados que integran el BCIE «contamos con los instrumentos jurídicos para resolver diferencias, por lo que estamos en desacuerdo pretender solucionarlos en países extra regionales que no son accionistas de nuestra organización».

Dante Mossi, que ocupó la presidencia ejecutiva del banco regional entre 2018 y 2023, no fue reelecto por la Asamblea General de Gobernadores de la institución debido a los serios cuestionamientos en su desempeño.

Su mandato estuvo plagado de señalamientos de mal manejo o de ignorar las políticas crediticias de la institución, así como de despilfarro.

Mossi, durante la presidencia, convirtió al BCIE,  en una de las fuentes de financiamiento más grandes de la dictadura, aun en medio de la crisis política iniciada en 2018. Entre ese año y el 2023, el banco regional le facilitó al régimen Ortega-Murillo unos $3,513 millones que le sirvieron a la tiranía para mantenerse a flote.

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Esa apertura a los créditos para Nicaragua mostrada por el expresidente del BCIE le granjearon una gran cercanía con los dictadores, quienes ahora salen en su defensa. 

«Este tipo de acción (la demanda en EE.UU.) tuvo que ser consultada y consensuada con los gobernadores y directores de nuestros países por razón del poder de voto y hasta por un acto de cortesía, al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BCIE, quien contó con todo nuestro respaldo durante su gestión», reclama el ministro nicaragüense a través de la carta enviada a la presidenta de la institución financiera.

Vicedictadora califica de «absurda» la demanda

En tanto, la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, durante su monólogo diario de este viernes, a través de los medios de la propaganda oficialista, se refirió a la carta de reclamo enviada a la presidenta del BCIE y calificó de absurda la acción legal.

«Lo que está claro en esta Carta, es que tomamos distancia, que no respaldamos, que no apoyamos una demanda que consideramos absurda, además, porque tenemos nuestra propia Institucionalidad en la Región, y porque son procesos que involucran al Banco Centroamericano de Integración en el que estamos todos, y que por lo tanto deben ser consultados y consensuados», dijo Murillo.

Y agregó: «en este caso no fueron consensuados. Nosotros no somos parte de esa demanda que va en detrimento del propio Banco Centroamericano de Integración», reiteró la vocera gubernamental.