Oficina de DDHH de Naciones Unidas recomienda a la dictadura iniciar reformas para elecciones libres en 2026

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recomienda a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciar, desde ahora, un proceso de reformas legales tanto en materia electoral como penal, para garantizar en el 2026 unas elecciones libres, con observación internacional y bajo estándares democráticos internacionales como una oportunidad para poner fin a la crisis política y social que vive el país desde 2018.

El próximo nueve de septiembre, OACNUDH presentará ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que abarca desde junio de 2023 hasta junio de 2024, y en él se denuncia que el régimen de Managua continúa perpetrando graves violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Entre los aspectos que destaca el informe se lee el agravamiento de la represión que incluye persecución política y religiosa, secuestros, desapariciones forzadas, cárcel, destierros, torturas crueles y «sufrimiento extremo» infligido a opositores y familiares, incluyendo niños.

En el mismo documento, OACNUDH detalla una serie de recomendaciones dirigidas al régimen que preside Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a la comunidad internacional para que busquen una salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que azota al país centroamericano.

Reformas legales con miras a elecciones de 2026

Para la ONU, las elecciones generales de 2026 tienen el potencial de ofrecer una nueva oportunidad para Nicaragua, «si se celebran en un entorno seguro y propicio para los derechos humanos, en el que se pueda ejercer de manera significativa el derecho a la participación política y las y los nicaragüenses sean libres de decidir el futuro de su país, estas elecciones constituirán un hito importante en el camino hacia una solución a la crisis».

«Esta recuperación requerirá que el Gobierno comience a tomar medidas, sin demora, asegurando el retorno seguro, voluntario y digno de las personas exiliadas y garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales en Nicaragua, sin temor a represalias», señala el documento de la OACNUDH que será presentado oficialmente al CDH en Ginebra, la sede del organismos encargado de los derechos humanos en Naciones Unidas.

Noticia relacionada: Opositores se plantean posible «ruta de retorno» a Nicaragua para desafiar a la dictadura desde adentro

Entre las recomendaciones hechas a la dictadura Ortega-Murillo por la OACNUDH, retomando recomendaciones hechas también por otros mecanismos internacionales de derechos humanos y organizaciones regionales, destacan, «llevar a cabo reformas institucionales encaminadas a garantizar elecciones generales libres, transparentes y genuinas en 2026, de conformidad con los estándares internacionales, asegurando la imparcialidad de las instituciones electorales y la participación de observadores electorales de organismos nacionales e internacionales».

Fin a violaciones

El Alto Comisionado insta al al régimen de Managua a «respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país, de conformidad con el derecho internacional, e implementar plenamente las recomendaciones formuladas por el dicha Oficina, y los mecanismos internacionales de derechos humanos que siguen sin cumplirse».

En particular, la ONU pide a los Ortega-Murillo que liberen «de inmediato» a todos los reos de conciencia. Asimismo, instan a adoptar medidas inmediatas para «poner fin y prevenir eficazmente los actos de tortura y malos tratos durante la privación de libertad, incluida la violencia sexual y el aislamiento prolongado».

«Realizar investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias de tortura y malos tratos, prestando especial atención a los casos de violencia sexual en los centros de detención. Llevar a los autores ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas», recomienda OACNUDH.

Asimismo, piden se realicen juicios justos, con todas las garantías procesales, así como respetar el derecho a la defensa «con un abogado de su elección, sin demora, interceptación o censura y con total confidencialidad».

También recomiendan adoptar todas las medidas necesarias para restablecer los espacios cívicos y democráticos y para ello instan a cesar «urgentemente» todos los actos de persecución contra personas y organizaciones, «incluidas las organizaciones de derechos de las mujeres, percibidas como opositoras al Gobierno, incluida la estigmatización, el acoso policial, la privación ilegal o arbitraria de la libertad, el uso indebido del derecho penal, las deportaciones, las denegaciones arbitrarias de entrada a Nicaragua y la retención de documentos de viaje, necesarios para salir del país».

Noticia relacionada: Humberto Ortega advierte que tras «ausencia» de su hermano, el dictador Ortega, no hay sucesión «de nadie» y deberá haber elecciones

Llaman a la dictadura a garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación y «sancionar cualquier ataque o intimidación contra defensores de los derechos humanos, incluidos las defensoras de los derechos humanos, líderes religiosos y comunitarios, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y personas críticas del gobierno, entre otros».

Otra recomendación que hace el Alto Comisionado de la ONU es «restablecer urgentemente la personalidad jurídica de las asociaciones, como las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones religiosas, las universidades y los medios de comunicación a las que se les ha revocado, y devolver inmediatamente todos los bienes, documentos y equipos incautados».

Asimismo, instan a que sean derogadas o modifiquen todas las leyes aprobadas desde 2018 que sea incompatibles con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, incluidas la Ley 977 contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; la Ley 1040 de regulación de agentes extranjeros; Ley Especial 1042 sobre ciberdelitos; Ley 1055 sobre la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz.

Además, invalidar la Ley 1060 de reforma y adición al Código Procesal Penal; Ley Electoral 1070, de reforma y adición a la Ley Electoral 331; Ley General 1115, de regulación y control de organismos sin fines de lucro; Ley Especial 1145, que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense; y la reforma del artículo 21 Constitucional del 9 de febrero de 2023. Es decir, todas las leyes diseñadas para recrudecer la represión.