Más de 5,000 nicaragüenses en condición de apátridas, según opositores y defensores de Derechos Humanos
Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se ha convertido en una siniestra fábrica de apátridas. Hasta el primero de julio de este año, más de 5,000 nicaragüenses se encuentran en esta condición ilegal.
Este dato fue revelado por el joven desterrado Lesther Alemán, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), durante la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevó a cabo a finales de junio en Asunción, Paraguay.
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Alemán explicó al medio de comunicación independiente 100% Noticias que, como parte de la agenda de AUN, se enfocaron en denunciar la situación de apatridia de miles de nicaragüenses. Su objetivo era influir en la comunidad internacional para que apoye a las víctimas de desplazamiento forzado por la dictadura de Ortega-Murillo.
«Aquellos países que en su momento hicieron una oferta para los nicaragüenses que habíamos sido excarcelados y desterrados, no solo son 317 nicaragüenses apátridas, la realidad es distinta y dramática, estamos hablando de más de cinco mil nicaragüenses que están en el apatrismo», dijo Alemán a la periodista Lucía Pineda.
El origen de los primeros apátridas
En febrero de 2023, la dictadura sandinista anuló la nacionalidad nicaragüense a 316 opositores, entre ellos líderes políticos, empresarios, analistas políticos, estudiantes, sacerdotes, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Previamente, la dictadura Ortega-Murillo había desterrado a 222 expresos políticos, enviándolos en avión a Estados Unidos. Después, los declaró desnacionalizados y ordenó confiscar sus bienes patrimoniales.
De igual manera, la pareja dictatorial declaró «traidores a la patria» a otros 94 nicaragüenses, la mayoría de los cuales ya estaban en el exilio. No obstante, también los despojaron de su nacionalidad y ordenaron el decomiso de sus bienes e inmuebles.
Antes y después de estas medidas radicales, la dictadura ya había implementado una política de apatridia que consistía en obligar a miles de nicaragüenses al exilio por persecución así como negar el retorno a la patria a miles de nicaragüenses que, por una u otra razón, han salido del país.
La apatridia, un delito de lesa humanidad
La Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al Ministerio del Interior (antes Gobernación), emite órdenes de «impedimento de ingreso» a los nicaragüenses que, tras haber salido temporalmente de Nicaragua, intentan regresar por cualquier vía a su propio país.
El órgano gubernamental lleva control de las salidas legales de los ciudadanos y reporta a las aerolíneas o empresas de transporte internacional una lista de personas a las que niegan la entrada, sin brindar más explicaciones al respecto.
La despiadada medida, considerada un delito de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos, ha dejado a miles de nicaragüenses en un limbo migratorio y jurídico, ya que no son declarados oficialmente como «desnacionalizados», ni tampoco despojados legalmente de su identidad, pero no pueden retornar al país de origen ni renovar sus documentos de identidad.
Aunque la apatridia no estaba contemplada en la Constitución Política de Nicaragua, sino que más bien estaba prohibida, la dictadura modificó la Carta Magna en enero de este año a través de la Asamblea Nacional, cuyos diputados funcionan como operadores del régimen. Aprobó la desnacionalización de aquellos considerados «traidores a la patria» en juicios llevados a cabo en los tribunales del Poder Judicial, también bajo control del régimen dictatorial, aunque esa reforma fue previa, tomó como base las resoluciones que habían sido ejecutadas contra los 317, aunque sobre ellos tampoco hubo ningún juicio.
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Dictador Ortega a la par de Pinochet
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha señalado que el régimen de la familia Ortega-Murillo viola la Declaración Universal de Derechos Humano, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los casos de Apatridia (1961), a los que Nicaragua está adherido.
«Este Colectivo quiere alertar de un nuevo método de represión, como la apatridia de facto, derivada de la negativa infundada de no dejar entrar a nicaragüenses a su patria, por ser personas consideradas traidoras al Gobierno, o bien por el simple hecho de ser familiares de personas excarceladas políticas, periodistas, madres de asesinados y personas defensoras de derechos humanos”, señaló la oenegé en una declaración de diciembre de 2023.
«La apatridia de facto es una nueva forma de represión que genera graves violaciones a derechos humanos, obliga al exilio y anula de forma casi absoluta la personalidad jurídica de quienes las sufren», advirtió el Colectivo.
La medida masiva de Ortega-Murillo no tiene precedentes en la historia de América Latina. Hasta ahora, solo el dictador chileno Augusto Pinochet había modificado la Constitución chilena en 1973 para desnacionalizar a nueve personas.
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Destierro de sacerdotes y periodistas
La cifra revelada por Alemán contrasta con los datos legales registrados:. Además de los 317 nicaragüenses desnacionalizados en 2023, la dictadura desterró a 12 sacerdotes al Vaticano en octubre de 2018 y a 18 sacerdotes más en enero de 2024, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, quien estaba recluido en celda de castigo y condenado a 26 años de cárcel desde 2022.
En marzo pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que investiga las violaciones de derechos en Nicaragua bajo la dictadura de la familia Ortega-Murillo, informó que 145 nicaragüenses en los últimos cuatro años habían sido impedidos de retornar a su patria.
La organización advirtió que la decisión de prohibir el ingreso a su propio país viola el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en la vida familiar, así como el derecho a la libertad de circulación y a elegir su residencia, derechos consagrados en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua.
Expertos los reconocen como «apátridas de facto»
Por tanto, el Grupo indica en el informe, las víctimas pueden considerarse «apátridas de facto» al enfrentarse a una situación similar a la de un desnacionalizado, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954.
En un informe presentado en Costa Rica, los expertos identificaron que desde 2021, la prohibición de entrada al país de compatriotas ha sido utilizada por el régimen como una herramienta para mantener una espiral de silencio. Esta medida se ha aplicado especialmente contra personas opositoras o percibidas como tales, así como contra sus familiares.
En los últimos tres años, el Grupo ha registrado 145 casos de personas a quienes se les ha prohibido la entrada a Nicaragua (66 mujeres, 79 hombres, entre los que se encuentran 15 niñas y niños), según el informe.
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«Este patrón se ha intensificado durante 2022 y 2023, en particular después de la expulsión masiva de (222) personas en febrero de 2023 y ha sido utilizado tanto en contra de personas que residían en Nicaragua y habían salido del país por razones personales o laborales con la intención de regresar, como personas que residían fuera de Nicaragua, pero mantenían una relación especial con el país», explicó la organización.
Según el informe, en 2021 se documentaron tres casos de prohibición de ingreso al país (dos hombres y una mujer); y en 2022 se reportaron 19 casos (7 mujeres y 12 hombres).
En 2023, el número de casos documentados aumentó más del 500%, llegando a 110 personas (48 mujeres, 62 hombres, de los cuales 15 son niñas y niños), advirtió. Hasta la fecha de publicación del informe, a 12 personas nicaragüenses (9 mujeres y 3 hombres) se les ha prohibido el ingreso a su país.
«Las víctimas, en todos los casos, eran en su mayoría periodistas, sacerdotes, académicos, abogados, personas defensoras de los derechos humanos y familiares de víctimas y de las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad», puntualizó el Grupo.
«Los casos identificados muestran, sin excepción, que el perfil de las víctimas es de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales y sus familiares», agregaron.
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Esas personas se han visto impedidas de regresar a Nicaragua desde Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá, entre otros países. El informe también señala que han identificado el modus operandi de las autoridades al prohibir el ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre.
Las aerolíneas o empresas de autobuses envían con antelación las listas de pasajeros a la Dirección General de Migración y Extranjería, quienes utilizan estos registros para cotejar los nombres con un listado actualizado que reciben periódicamente del Ministerio del Interior. Este procedimiento se lleva a cabo para identificar posibles alertas relacionadas con los pasajeros que intentan ingresar a Nicaragua.
Los funcionarios de Migración complementan la información recibida del Ministerio del Interior con búsquedas en Internet y redes sociales sobre las personas señaladas. Cualquier dato o publicación en redes sociales que se considere «sospechosa» puede ser suficiente para elaborar un perfil de la persona que viaja y determinar que no sea apta para ingresar al país.
En esos casos, días antes del viaje de regreso, la aerolínea o la empresa de autobuses contacta a la persona mediante mensaje de WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica para informarle que tiene prohibida la entrada a Nicaragua. Por lo general, se proporciona poca o ninguna explicación, simplemente se indica que se comunique con las autoridades nicaragüenses, quienes a menudo no responden a los mensajes.
¿A qué se exponen las víctimas de la apatridia?
El especialista en temas de administración de justicia, el abogado Yader Morazán, exiliado y perseguido político, explica en su cuenta de la red social X las duras condiciones que enfrentan las víctimas de apatridia. Morazán fue nacionalizado recientemente por España, país que ha otorgado el estatus a 116 nicaragüenses de los 316 desterrados por la dictadura Ortega-Murillo.
«La dictadura de los Ortega-Murillo ha dejado a muchos nicaragüenses en condición de Apatridia, siendo la más visible la ‘desnacionalización’ a través de ‘sentencia’ como fue mi caso. No obstante, han implementado otras modalidades que igual te ponen en condición de apátrida, pero de facto, como es la expulsión sin declaración, por negación de ingreso al país o negativa de extender un documento para viajar», publicó.
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Según Morazán, «ser apátrida, es decir, no tener nacionalidad de ningún país, puede tener efectos significativos y adversos en la vida de una persona». «Los apátridas enfrentan numerosos desafíos y limitaciones debido a la falta de reconocimiento legal y protección por parte de un Estado», escribió.
Ser apátrida implica enfrentar una serie de obstáculos y vulnerabilidades que afectan casi todos los aspectos de la vida. La comunidad internacional, a través de instrumentos como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, trabaja para proteger a los apátridas y prevenir nuevos casos de apatridia, pero aún queda mucho por hacer para abordar plenamente este problema.
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