El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la Organización de Naciones Unidad (ONU), identifica a una serie de funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo responsables de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los investigadores de la ONU consideran que la pareja dictatorial da órdenes e instrucciones a las diferentes instituciones para llevar a cabo actos represivos contra personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares.
Daniel Ortega y Rosario Murillo serían los principales responsables de los crímenes por ser las máximas autoridades de Nicaragua. A ellos se suman el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, porque ha apoyado al régimen promoviendo la adopción de reformas constitucionales y legislativas que facilitan la comisión de actos de represión.
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Por la Corte Suprema de Justicia, bajo las órdenes de la pareja dictatorial, se añade al magistrado Marvin Aguilar, actual secretario político del FSLN en ese poder del Estado. Dicho cargo lo asumió tras la sorpresiva renuncia del exmagistrado desnacionalizado Rafael Solís, quien desertó del régimen en 2019.
A Solís se le menciona en el informe de haber sido por años secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Corte Suprema de Justicia y transmitía órdenes de la Presidencia al poder judicial hasta enero de 2019.
A la lista se suma la fiscal general de la República Ana Julia Guido Ochoa que también recibe órdenes de la Presidencia sobre a quién tiene que procesar. Bajo su mando está el Ministerio Público, ahí se fabrican los casos judiciales contra los opositores.
El grupo considera que otro funcionario responsable de los crímenes es Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior (antiguo Ministerio de Gobernación) quien es informado sobre la liberación o no de personas opositoras y la cancelación de organizaciones sin fines de lucro.
Otras instituciones que también participan del andamiaje represivo de la dictadura, documentado por el Grupo de Expertos, son la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
Los investigadores considera que el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales «por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos».