Tras el encarcelamiento de los diputados del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) la adopción de «medidas provisionales» a favor de ambos parlamentarios nicaragüenses, actuales presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el organismo continental, «estas personas se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos». La CIDH ya otorgó a los diputados Rivera y Henríquez medidas cautelares de protección porque considera que «los derechos de estas personas se encuentran en una situación de riesgo extremo».
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«La situación de las personas beneficiarias se enmarca en un contexto de persecución contra toda forma de oposición o manifestaciones críticas al actuar del gobierno de Nicaragua. Así como de persecución hacia el partido político Yatama para hostigar a las personas que son parte de este, criminalizarlas, y retirarlas del espacio político», explica el organismo.
En un comunicado oficial, la CIDH señala que detención los parlamentarios tendría como propósito enviar un «mensaje represivo en contra de cualquier cuestionamiento crítico que provenga de los movimientos indígenas, como Yatama, y de esta forma impedir cualquier tipo de participación política de personas disidentes al gobierno».
El pasado 29 de septiembre, supuestos brigadistas del Ministerio de Salud (Minsa) llegaron a la casa Rivera para una «supervisión del terreno por brotes de malaria». Fue ahí cuando lo detuvieron y lo trasladaron en una ambulancia de Bilwi a Managua, según las denuncias de los otros líderes indígenas. Desde hace casi tres meses se desconoce su paradero.
Nancy Henríquez fue detenida tras ser citada por la Policía para una supuesta «entrevista»sobre el caso del diputado Brooklyn Rivera. Fue condenada a ocho años de prisión en un juicio sumario y está encarcelada en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) en Tipitapa. La diputada no contó con una defensa y se presentó a la audiencia en mal estado de salud.
La Justicia de Ortega imputó a la líder indígena los delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad», mismos cargos que generalmente se les atribuye a los opositores.
Ambos son beneficiarios de medidas cautelares
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rivera el nueve de octubre de 2023 mediante la Resolución 59/23 y a favor de Henríquez el 11 de octubre. La organización refiere que han realizado diversas acciones para conocer la situación de los presos políticos, pero el régimen de Managua no ha respondido a sus comunicaciones sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos de los beneficiarios de medidas cautelares.
«Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo», indica la CIDH.
En mayo del año pasado, el régimen le negó el ingreso al país a Brooklyn Rivera después de participar en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de la Organización de Naciones Unidas, en New York, Estados Unidos. Sin embargo, desde ese entonces el régimen perseguía sus pasos.