Ministerio de Gobernación cancela otras cinco ONG y decreta «disolución voluntaria» sobre diez más

La dictadura de Ortega y Murillo continúa con su «campaña» de disolución y cancelación de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Por medio del Acuerdo Ministerial 113-2023, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de este lunes, 27 de noviembre; la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch acordó el cierre de cinco OSFL, porque estos «incumplieron las leyes que los regulan».

Según detalló el decreto, las Personerías Jurídicas de estas cinco organizaciones fueron canceladas debido a que sus Juntas Directivas no «reportaron por periodos de entre 1 hasta 12 años sus Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, donde se incluye el origen, proveniencia y beneficiario final».

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Las organizaciones, en su mayoría religiosas, que fueron afectadas son: Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA), Ministerio Evangelístico Sanidad, Liberación, Poder y Gloria Isaías 54:17 (MESLUPG), Asociación Ministerio Restauración Libertando a los Cautivos (AMRLAC), Asociación de Iglesia Cristiana Monte de Sion en Nicaragua (AICMNIC) y el Ministerio Evangelístico Poder de Dios Pentecostés. De acuerdo con la publicación en La Gaceta, las oenegés antes mencionadas «no promovieron políticas de transparencia en la administración» y también «obstaculizaron el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro», justifica el Migob en su resolución de cancelación.

Como se ha hecho costumbre, el régimen sandinista se apropia de los bienes de estas ONG y ordena que todas las propiedades pasen a manos de la Procuraduría General de la República, la maquinaria legal que usa Ortega para confiscar y expropiar a los opositores a quienes la dictadura les ha declarado la guerra.

Diez disoluciones «voluntarias»

En la mima edición del Diario Oficial, se dio a conocer que diez organizaciones de desarrollo solicitaron al Ministerio de Gobernación, mediante actas y escrituras, la disolución «voluntaria» de sus Personerías Jurídicas y Registro. La cancelación fue aprobada de manera oficial en el Acuerdo Ministerial número 114-2023.

De acuerdo con la publicación en La Gaceta, los integrantes de estas OSFL decidieron disolver sus agrupaciones por razones como: «falta de fondos para realizar sus proyectos, incumplimiento a sus fines y objetivos, inactividad del organismo, miembros de la tercera edad» e incluso «por motivos del Covid-19».

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La lista de organizaciones canceladas está conformada por: Congregación de Hermanas Nuestra Señora Perpetua del Socorro (HNSPS), Fundación Manos de Amor (FUNAMOR), Fundación Destrezas para Salvar Vidas (FUDESAV), Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo en Nicaragua (ADIPROCNIC), Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social (FNIESS), Asociación Ministerio Evangelístico Infantil Sonrisita de Jesús, Ausburg College, Fundación Nicaragüense para Defensa del Medioambiente y Protección de los Recursos Naturales (FUNDENATURA), Asociación Casa Alianza Nicaragua (CASAALIANZA), Asociación para el Desarrollo Municipal Gregorio Aguilar Barea (ASDEMU-GAB).

A inicios de noviembre de 2023, en el Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización recalcó que en Nicaragua no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente y que «prevalece una postura de represión y persecución sistemática en contra de cualquier persona considerada opositora al gobierno».

«Se observó que, de las 3.390 organizaciones canceladas, el 32% estaban vinculadas a temas de desarrollo; 16% cumplían con fines gremiales; 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa; y el 10% se dedicaba a la defensa y promoción de los derechos humanos», informó la CIDH.

Por otra parte, el cierre masivo de organizaciones tendría «graves impactos para las personas y grupos en situación histórica de discriminación que se beneficiaba directamente de la ejecución e implementación de programas y proyectos sociales y de la cooperación internacional para el desarrollo. Entre ellos: mujeres, niñas, niños y adolescentes, y comunidades indígenas o afrodescendientes».