Mediante el acuerdo presidencial 209-2023, publicado este martes, 24 de octubre, la Ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, aprobó la Cancelación de Personalidad Juridica y Registro de 17 Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), según dice en su resolución, por incumplimientos a las leyes que los regulan.
En el decreto publicado en La Gaceta, aclara que estos diecisiete OSFL fueron cancelados debido a que «no reportaron por períodos de entre 01 hasta 27 años sus Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus Juntas Directivas».
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Los OSFL que se vieron afectados son: Asociación Iglesia Internacional de Cristo en Nicaragua, Asociación de Mujeres Las Golondrinas, Compañia Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asis en Nicaragua, Fundación Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo (CAINNA), Asociación Cristiana El Cordero Apocalipsis 21:23, Fundación Altar Familiar Ministerios, Asociación Evangelistica Impacto Juvenil de Nicaragua (IJN), Fundación Artística Xuchialt (FUNDAXU) y la Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo (ANIC).
En la lista también figuran: Fundación Moers-La Trinidad (FUNMOLAT), Asociación de Médicos Especialistas “San Francisco” (AMESFRA), Asociación Ministerio Cristiano, Fundación para el Apoyo al Etno-Desarrollo Indigena (FAEDI), Fundación Ministerio Internacional Pentecostés Unción y Fuego (MIPUF), Global Glimpse, Nicaworks, y New Global Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH Sida.
El La Gaceta se expone que estas organizaciones «no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó Personalidad Jurídica y Registro, así como a los directivos que los administraban».
Los bienes muebles e inmuebles de todas las organizaciones ahora pertenecen a la Procuraduría General de la República, que realizará el traspaso de estos a nombre del Estado.
