Régimen compromete más de C$7,600 millones de presupuesto en megaproyectos ligados a China

La proyección del Presupuesto General de la República (PGR) para 2027 mantiene como pilar financiero la inyección masiva de recursos públicos hacia megaobras de infraestructura conectadas con la agenda geopolítica y comercial entre Nicaragua y China.

De acuerdo con las recientes declaraciones de Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), el Estado destinará una partida combinada de 7,618 millones de córdobas, equivalentes a unos 207.5 millones de dólares, únicamente para el desarrollo del aeropuerto internacional Punta Huete y el puerto de aguas profundas en Bluefields.

Durante la presentación del plan de gastos de la nación, Reyes detalló que la asignación presupuestaria para el aeródromo de Punta Huete, ubicado en San Francisco Libre, alcanzará los 4,283 millones de córdobas o lo que es igual a 116.9 millones de dólares aproximadamente.

La obra, adjudicada a la empresa estatal china CAMC Engineering Co., Ltd mediante un crédito con el gigante asiático que ya alcanza los USD 517.6 millones de dólares, busca transformar la antigua base militar en un nodo logístico multimodal de categoría internacional 4E/4F, con capacidad proyectada para atender 3.5 millones de pasajeros y 35,000 vuelos al año.

«Tenemos proyectos que tienen nombre y apellido», afirmó el funcionario para justificar los millonarios desembolsos destinados a la red de transporte e infraestructura.

Vínculos con China en Bluefields

En el caso del puerto de aguas profundas de Bluefields, situado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), el régimen presupuestó 3,335 millones de córdobas (91.1 millones de dólares).

Esta obra forma parte del esquema geopolítico impulsado bajo la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, diseñada para emular el modelo chino de desarrollo e interconectar la terminal marítima con una red vial que conecta hacia Kukra Hill.

Además, el proyecto portuario se complementa con la modernización de la infraestructura logística nacional entregada a empresas y créditos de China.

A diferencia de Punta Huete, los trabajos iniciales de esta terminal caribeña se financian con recursos provenientes de las rentas del Tesoro, es decir, con el pago de impuestos de los contribuyentes nicaragüenses.

Un reportaje publicado por el diario La Prensa de Nicaragua en septiembre de este año reveló que, según el Informe de Ejecución del Presupuesto del primer semestre de 2026, el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) apenas ejecutó el 10 % de los recursos asignados al puerto de Bluefields (10.7 millones de dólares de un total previsto de 106.3 millones para ese ciclo).

La publicación destaca que este lento avance arroja dudas sobre la capacidad del régimen para completar la primera etapa de la obra hacia 2029, cuyo costo total ascenderá a 330 millones de dólares.

Desproporción en el gasto social

Las cifras oficiales presentadas por el presidente del BCN confirman que el gasto en obras públicas, encabezado por el MTI con 15,796 millones de córdobas, absorbe la mayor parte de los recursos estatales, relegando a sectores sociales determinantes para el desarrollo del país.

Al contrastar la inversión pública asignada para 2027, las carteras sociales reciben montos significativamente menores frente a la infraestructura física.

El Ministerio de Salud (MINSA) se ubica a la cabeza de este bloque con C$ 7,887 millones (US$ 215.3 millones), una suma que representa apenas la mitad de lo asignado a las obras de transporte.

La brecha es aún más pronunciada en el sector educativo, donde el Ministerio de Educación (MINED) recibirá únicamente C$ 1,618 millones (US$ 44.2 millones) y las universidades públicas dispondrán de C$ 1,036 millones (US$ 28.3 millones).

Reyes defendió el balance fiscal al sostener que el país mantiene finanzas sanas. «El presupuesto trae más ingresos que sus gastos, eso es una gran fortaleza. El país lleva 7 años en tener esa constante de tener más ingresos que gastos», aseveró, agregando que la deuda pública bajó del 68 % al 49 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la última década.