El abogado Yader Morazán afirma que el destierro del padre García implica la liberación de Martha Candelaria Rivas

Una vez más al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se le cae el «teatro». Con el destierro del sacerdote Manuel Salvador García y de monseñor Leonardo Urbina, la administración sandinista deja en evidencia que ambos religiosos estaban encarcelados por razones políticas y no por delitos comunes, a como fueron procesados.

En ese sentido, el abogado Yader Morazán señaló que «en el derecho, al caerse lo principal, cae lo accesorio», en referencia que al prescindir del delito que se le acusaba al padre García, debería ser también liberada Martha Candelaria Rivas Hernández.

Rivas Hernández permanece detenida desde el 21 de junio de 2022, debido a que la ciudadana se negó a declarar en contra del sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime.

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En un primer momento, Martha Candelaria declaró a una plataforma digital que el prelado la golpeó con un candado después de una discusión que sostuvieron la noche del 30 de mayo en la iglesia Jesús del Nazareno, la cual es presidida por el religioso. Sin embargo, días después se retractó y dijo que todo se trató de un «accidente», razón por la que no firmó la denuncia.

Uno de los testigos claves que usó la Fiscalía para acusar a la mujer del presunto delito de falso testimonio fue su exesposo. El hombre declaró que los golpes que presentaba su expareja fueron provocados por el cura, razón por la que supuestamente Rivas Hernández estaría mintiendo en su testimonio.

La justicia del régimen intentó que la rea de conciencia acusara al sacerdote de haberla agredido con un candado en el rostro, pero al negarse, Martha Rivas fue acusada de rendir falso testimonio y por ese supuesto delito la condenaron a cinco años de prisión.

Para la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), la ciudadana está encarcelada «por decir la verdad». «Ella es madre de dos menores de edad, esos niños merecen estar junto a su mamá, en libertad», apuntó.

De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, hasta el 31 de agosto, el número de nicaragüenses encarcelados por razones políticas ascendía a 89, sin embargo, este número puede variar debido a las últimas detenciones y destierros que ha perpetrado el régimen. Los opositores son objeto de torturas, aislamiento y malos tratos en las cárceles del país.